En primera línea Eugenio Nasarre

Por un pacto nacional sobre demografía y educación

En 2022 han nacido menos de la mitad de niños que hace 50 años y un 25 % menos que hace 25 años

Las últimas cifras de nacimientos en España son dramáticas. Si persiste la tendencia de los últimos años caminamos hacia el suicidio demográfico. Es, junto al desequilibrio territorial en población -que continúa acentuándose, con la configuración de «dos Españas», la poblada y la despoblada- el principal problema de fondo al que se enfrenta España.

Basta con observar la evolución de los datos de nacimientos en los últimos 50 años, que deberíamos retener en nuestras mentes. La siguiente tabla (fuente INE) nos muestra el sentido de esta transformación:

Nacimientos

1972…… 672.963

1982….. 515.796

1992….. 396.747

2002….. 418.846

2012….. 454.648

2017…. 393.181

2018…. 372.777

2019 …. 360.617

2020 …. 341.315

2021 …. 337.738

2022 …. 329.212

Estos datos muestran que en 2022 han nacido menos de la mitad de niños que hace 50 años y un 25 por 100 menos que hace 25 años. La tasa de fecundidad ha caído a niveles insospechables. El tamaño de las familias se ha reducido al máximo. Las unidades familiares con un solo hijo son casi la mitad del total de las familias. Las familias con 2 hijos representan el 44 por 100. Las «familias numerosas» -categoría que este gobierno pretende eliminar- representan tan sólo el 9 por 100 de los hogares con hijos. Y las familias numerosas «de categoría especial» (a partir del quinto hijo) son ya una realidad estadísticamente irrelevante: el 1,1 por 100 de los hijos hoy en España. El predominio del «hijo único» es abrumador. Lo vengo llamando -y lo repito ahora- «los nuevos mayorazgos» de la sociedad española, ya que se convierten en los herederos universales. La nueva estructura familiar tiene hondas consecuencias sociales, que los poderes públicos deben abordar. El maltrato a las familias numerosas (en materia fiscal, vivienda, transportes, ayudas sociales) es clamoroso. Sin una política familiar bien orientada la sociedad española se condena a sí misma.

Las consecuencias de este declive demográfico van a ser determinantes para la realidad educativa de la próxima década. Si en los próximos años la tendencia permanece estable, en diez años (2022-2032) perderemos 1,8 millones de alumnos en lo que se refiere a las enseñanzas no universitarias. Y ya sabemos que en los próximos 5 años perderemos más de 700.000 alumnos tan sólo en las enseñanzas obligatorias (6 a 16 años), es decir el 16 por 100 del alumnado. Nada más que 64.000 profesores (uno para cada 12 alumnos) dedican su labor docente a ese número de alumnado que vamos a perder.

La magnitud de este cambio demográfico obliga a replantear las políticas educativas, para trazarnos nuevos objetivos posibles, contemplar medidas imprescindibles de mejora de calidad y de incrementar la equidad (que ya hemos abordado en estas columnas), dar el diferente y adecuado trato al mundo rural y al urbano, impulsar políticas compensatorias a la España despoblada, ampliar la formación obligatoria a los 18 años de edad y dar el salto que necesita la formación profesional dual, entre otras. Sin olvidar, desde luego, el factor clave para mejorar nuestra educación: el profesorado (desde su formación inicial hasta una estimulante carrera profesional).

Ante esta realidad se puede, con miopía, seguir la vía de campar cada cual a sus anchas, en un sistema educativo fragmentado y generador de desigualdades. Pero esa no es la solución. El nuevo escenario reclama un pacto educativo nacional, en el que gobierno y comunidades autónomas, con la colaboración de todos los actores sociales implicados, concuerden las políticas que sólo tendrán sentido y serán eficaces, si se hacen solidariamente. Con sus nefastas políticas educativas el gobierno de Sánchez está incapacitado para emprender este camino. El nuevo gobierno, que surja de las próximas citas electorales, deberá asumir esta tarea como prioritaria. Demografía, familia y educación deben marcar la orientación de un gobierno que pretenda en serio servir el interés general de España.