La ministra Irene Montero e Ione Belarra durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados
Tribunales
Los ataques del Gobierno a los jueces alarman a la UE
La Unión Europea ha condicionado la llegada de los fondos para la recuperación económica a la acometida de reformas urgentes que reduzcan la injerencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial en nuestro país
Parece poco probable que antes de final de año Gobierno y oposición alcancen el acuerdo necesario para desencallar el actual bloqueo en la renovación del máximo órgano de representación de los jueces en España, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones prorrogadas desde hace tres años. La llegada del Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, ha convertido a los jueces en punta de lanza de la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes y, por tanto, en adversarios discretos y abnegados de Pedro Sánchez y sus socios mientras Europa asiste alarmada a sus ansias de control del Poder Judicial, por varios frentes. Para atajar su más mínima posibilidad de éxito, la Unión Europea condicionaba la llegada de los fondos comunitarios a España, para su recuperación post pandemia, a la aplicación de las medidas imprescindibles que garanticen la «independencia de la judicatura» en nuestro país.
Por si el reglamento aprobado por el Parlamento Europeo no fuese suficientemente claro sobre la finalidad y el correcto uso de dichos fondos la norma introdujo, además, la posibilidad de suspender los pagos a los gobiernos de los países de la UE que no respetasen el Estado de Derecho, a priori Hungría y Polonia. Pero el asunto de los jueces nos ha colocado, también a nosotros, en entredicho. Un reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho urge a España a renovar al CGPJ porque, de no hacerlo, la institución quedaría expuesta a la influencia política.
El Gobierno de PSOE y Podemos ya se vio obligado por una Europa escandalizada a desistir de la reforma registrada en el Congreso de los Diputados, como medida de presión al Partido Popular, para rebajar las actuales mayorías cualificadas que la ley exige en la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial e instar, así, una renovación forzosa. El entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo fue el encargado de comunicar la renuncia de Sánchez e Iglesias a la propuesta ante la vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jouvá.
Poco antes, ambos socios de Ejecutivo habían pactado y aprobado la reforma «urgente» y «sin audiencia de ningún tipo» de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recortar la potestad constitucional del Consejo para nombrar jueces, una vez su mandato hubiese expirado. Un total de dieciséis vocales (once conservadores y cuatro progresistas junto al presidente del órgano Carlos Lesmes) de los veintiuno que integran el Consejo emitieron a comienzos de 2021 un durísimo acuerdo contra los partidos que sustentan al Gobierno por este motivo.
Jueces no eligen jueces
Desde entonces, la parálisis del Consejo no ha hecho más que ahondar la asfixia provocada por la reforma de la LOPJ en el Supremo pero, también, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales que siguen sin poder cubrir vacantes.
Tal es así que, el pasado mes de septiembre, el propio CGPJ emitía una nota para denunciar cómo varias de las Salas con mayor carga de trabajo del Alto Tribunal adolecen de magistrados y la Tercera, la encargada de resolver las causas de mayor transcendencia política en los próximos meses (indultos a los separatistas catalanes, nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, recursos contra el estado de alarma…) sufre en carne propia el vacío de sus secciones. Un vacío que, a medio plazo, tendrán que resolver con refuerzos provisionales de entre sus compañeros de la Sala de Admisiones o con magistrados de la Audiencia Nacional de su misma área.
Hasta los jueces han recurrido, sin éxito, a la intermediación europea conscientes de que no será sencillo abrir nuevos cauces de negociación entre los principales partidos políticos para trabajar en la mayor independencia del Poder Judicial en España: dos encuentros de las principales asociaciones profesionales de la judicatura con el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Hunamos (TEDH) por la inacción de Congreso y Senado en su obligación de promover la renovación del CGPJ en plazo.
De nada ha servido, tampoco, que el propio Reynders insistiese en que es clave que todos los actores se comprometan y avancen en un proceso que permita, más pronto que tarde, abordar una reforma para adecuar el sistema judicial español con los estándares europeos. Entre ellos que, al menos, la mitad de los vocales que conforman el Consejo General del Poder judicial sean elegidos por sus propios compañeros. Pero como ya dijo el ministro de Presidencia Félix Bolaños: en un Estado de derecho y una «democracia plena» como la española, «los jueces no pueden elegir a los jueces». Pues España es junto con Polonia el único país de la UE en que los jueces no eligen a sus propios representantes.
¿De quién depende la Fiscalía?
En una entrevista concedida en el año 2019, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a las generales, empeñaba su palabra para traer a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y prófugo de la Justicia española, de regreso a nuestro país para ser juzgado por sedición y malversación como lo fueron el resto de los líderes del procés. Sánchez aseguraba por aquel entonces que sería posible gracias al trabajo de la Fiscalía General del Estado que, junto con el juez del Supremo Pablo Llarena como instructor del caso, había pedido la reactivación de la Euroorden contra Puigdemont, fugado a Bélgica.
El socialista no contempló en ningún momento que dicha cuestión debiese dirimirse únicamente en un plano judicial. Es más, ante las reticencias y mofas de los independentistas sobre si el Gobierno tendría competencias para influir en la detención del expresidente catalán, Sánchez contestaba sin sonrojarse: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?». Del Gobierno… «pues ya está».
La afirmación hizo correr ríos de tinta y críticas airadas de todos los constitucionalistas. Una vez más, el jefe del Ejecutivo daba muestras inequívocas de su concepción de la Justicia y de cómo poner las instituciones del Estado al servicio de unos determinados intereses políticos. No en vano, el nombramiento de la titular de aquella Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, ya había sido el primer y gran escándalo de su segunda legislatura. Una exministra de Justicia, recién destituida de su cargo, al frente del Ministerio Público ponía en evidencia las ansias de control del Gobierno sobre la institución.
El preceptivo, aunque no vinculante, informe del Consejo General del Poder Judicial sobre Delgado para su designación, dio buena cuenta del despropósito que estaba a punto de perpetrarse. El aval otorgado por el CGPJ se imponía, lejos de la unanimidad tradicional, por una mínima de 12 vocales frente a los 7 que consideraron que no se daban los requisitos de autonomía e imparcialidad necesarios para el puesto. Delgado, cuestionada.
Ahora, la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la misma que está mermada por las vacantes que no pueden cubrirse con nombramientos del Consejo por la parálisis impuesta por el Gobierno, tendrá que resolver el entuerto. El Alto Tribunal deliberará, a partir del próximo 19 de octubre, sobre la legalidad del cargo de la fiscal general y cerrará el desafortunado episodio en firme. A expensas del resultado, el malestar en el seno de la Fiscalía pasa porque la cuestión no se ha elevado a Pleno como nueve magistrados pedían.
El prófugo Puigdemont y el Llarena solitario
El Gobierno centrado en el relato de la reconciliación como receta para superar el ‘conflicto’ catalán, entregado a las mesas bilaterales de negociación y concentrado en el pacto de los próximos presupuestos generales del Estado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC),… ha abandonado las promesas electorales sobre la detención de Puigdemont que, en este momento, implicarían la implosión del status quo de las políticas española y catalana.
La detención del prófugo Puigdemont, el pasado día 24 septiembre en Italia, hizo saltar las alarmas en Moncloa. La policía de Cerdeña arrestaba al expresidente catalán en el aeropuerto de Alghero en cumplimiento de las euroordenes vigentes dictadas por el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, tras la huida del cabecilla del 1-O, en 2017. Unos meses antes, el 30 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) allanaba el camino de la entrega al desestimar la petición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín para suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados.
Pese a ello, el Supremo mantuvo lógicas reticencias sobre que Puigdemont fuese entregado de forma inmediata a España tras los precedentes en contra. El tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó en 2018 ponerlo a disposición de las autoridades judiciales españolas por un delito de rebelión. El Tribunal de Apelación de Bruselas denegó en enero entregar a España al ex consejero catalán Lluís Puig, al considerar que el Supremo no era el tribunal competente para juzgarle y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía tiene pendiente pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena para forzar a Bélgica a cumplir con la euroorden.
Los reveses judiciales para España por parte de los jueces europeos han llevado al entorno separatista a intensificar su relato crítico contra el Supremo y el juez Llarena. Así las cosas, fuentes del Alto Tribunal han lamentado las escasas ganas de sus colegas europeos de «meterse en el caso y colaborar» y la inacción del propio Sánchez al respecto.
El hecho de que el posicionamiento explícito del Gobierno a favor de «arreglar» el problema que hay en España –y, advierten, en el resto de países de Europa atenazados por reivindicaciones independentistas– pase por condicionar la situación judicial de Puigdemont entremezclando intereses políticos, con los argumentos meramente jurídicos, «no ayuda» en absoluto a la causa. El propio indulto concedido por Pedro Sánchez a los sediciosos catalanes ya condenados por el Supremo, tampoco.
Los jueces son franquistas y elitistas
Si a ello sumamos que Podemos, el partido político fundado por Pablo Iglesias, siempre ha tenido en el punto de mira a los jueces y cualquier decisión tomada por estos y no compartida se ha convertido en la excusa perfecta para que desde las filas moradas se descuelgue un aluvión de críticas, en redes sociales, contra los magistrados responsables del fallo y contra el propio órgano judicial, el daño al Poder Judicial es tremendo.
Condena a Alberto Rodríguez
Podemos aprovecha la condena de Rodríguez para reactivar su persecución a los jueces
La actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y recién designada jefa de filas de Podemos, Ione Belarra, ha sido tradicionalmente una de las más beligerantes en sus mensajes públicos. Posición en la que le ha acompañado, con frecuencia, la también ministra Irene Montero.
La sentencia de la Manada de Pamplona, la condena del caso Juana Rivas, el aval de los jueces a los carteles de Vox sobre los mena en la última campaña electoral a la comunidad de Madrid, que llevó a que activistas afines a Podemos publicasen el nombre de los magistrados de la Audiencia madrileña que avalaron la legalidad de los mismos, y la reciente condena del diputado Alberto Rodríguez por patear a un policía,… han suscitado todo tipo de pronunciamientos desde Podemos asegurando que los jueces que los han dictado son «un gran problema para nuestro país».
Tal ha sido la intensidad de los dardos lanzados desde la formación morada contra el Poder Judicial– la más reciente hasta hoy las críticas por la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prometieron despolitizar en su programa electoral y cuyo acuerdo más probable dinamitaron tras intentar colar en las quinielas a dos jueces afines, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada– que en enero de este mismo año una mayoría de vocales del Consejo acusaron al Gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos, de querer violentar «las exigencias del principio de separación de poderes».
La última y más reciente ocurrencia del Ejecutivo, que Podemos integra junto a los socialistas, ha sido la aprobación de una serie de ayudas públicas para los opositores a la Carrera Judicial. En el seno del Gobierno han llegado a la conclusión de que los actuales magistrados y jueces de nuestro país proceden de entornos elitistas y de familias acomodadas lo que condiciona que sólo lleguen a ocupar las plazas convocadas quienes, a su juicio, simpatizan con una determinada ideología política. Un argumento que ya ha sido rebatido y desmontado con datos reales desde la propia judicatura y sus miembros.
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