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28 de marzo de 2024

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores DelgadoEFE

Tribunales 

Las razones del Supremo para confirmar a Delgado como fiscal general

El Alto Tribunal debate este martes sobre el nombramiento de la exministra de Justicia como titular del Ministerio Público y si el Gobierno cumplió con los requisitos de independencia e idoneidad de la socialista para el cargo

La sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo delibera hoy, presidida por el magistrado César Tolosa, sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pese a que los seis miembros del tribunal encargados de resolver los recursos planteados por el Partido Popular y Vox para revocar la decisión, se han mantenido ajenos a la polémica social y política, son varias las razones por las que, a priori, una mayoría de ellos serían partidarios de confirmar a la socialista en su cargo. Pilar Teso será la encargada de redactar la sentencia resultante que está lejos de adoptarse por unanimidad. 
Fuentes próximas al procedimiento han señalado a El Debate que la Sala, eminentemente progresista, baraja tres escenarios como solución a la petición de apartar a Delgado de su puesto, como piden los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal. Los tres pasarían por rechazar dichos recursos y ratificar a la actual titular de la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una decisión amparada en la discrecionalidad del Gobierno, aunque asumió el encargo inmediatamente después de ser cesada como ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez
La discusión jurídica arrancará con el análisis de la legitimidad de ambas formaciones políticas para cuestionar la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, «no es probable que la Sala opte por negar la procedencia de los recursos por una falta de legitimación pasiva de los recurrentes», han apuntado las mismas fuentes, especialmente, teniendo en cuenta que ya rechazó el archivo de la causa en base a dicho argumento planteado por la Abogacía del Estado en una fase preliminar. 
«Somos conscientes que una temprana desestimación de la causa de inadmisión que ahora se alega no impediría su reiteración en la contestación a la demanda, como establece el artículo 58.1 in fine de nuestra Ley Jurisdiccional. Pero las razones ya expuestas impiden nuestro pronunciamiento anticipado que no podría ni estimar ni desestimar la causa de inadmisibilidad sin adentrarse en las cuestiones de fondo que deben abordarse en la sentencia», explicó la Sala el pasado mes de enero tras descartar su abstención en el «delicado asunto». 

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la idoneidad del nombramiento corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados

Una vez superado el trámite anterior, los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, Luis María Díez Picazo, Pilar Teso Gamella (ponente), Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero entrarán en el fondo del asunto hasta llegar a una posición de consenso mayoritario en el que la Sala se inclinaría por rechazar los escritos de populares y Vox y ratificar a Delgado al frente de la Fiscalía. 
Una vez llegados a este punto, el escenario se desdoblaría entre una sentencia desestimatoria con una admonición severa al Gobierno para afearle el desacierto estético de una elección ajustada a la legalidad y una sentencia desestimatoria con varios votos particulares en contra por parte de los magistrados más críticos con el Real Decreto que recogió la designación. 

Voto de calidad en caso de empate

En caso de empate técnico en la votación que dará lugar al fallo de la Sala Tercera sobre la fiscal general del Estado, el presidente César Tolosa desharía el mismo con su voto de calidad.
Las consecuencias para el Gobierno, en el remoto supuesto de que el Supremo finalmente anulase el nombramiento, afectarían de manera inmediata a la revocación del acuerdo ministerial que aprobó la elección de Delgado, dejando sin efecto el Real Decreto que lo recogió. 
Dicho escenario complicaría la posición del Ejecutivo en las causas de mayor trascendencia política (indultos de los líderes del 1-O, extradición de Puigdemont, segundo estado de alarma...) y supondría un nuevo revés judicial para Pedro Sánchez, quien defendió, personalmente, su apuesta por la idoneidad e imparcialidad de la fiscal Delgado.
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