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Audiencia Nacional
El juez García-Castellón reabre la causa contra los mandos de ETA detrás del atentado de Santa Pola
El 4 de agosto de 2002 el 'comando Argala' de la banda terrorista explosionó un coche bombra frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil dejando dos muertos. Entre ellos, una niña de seis años
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha reabierto, oficialmente, el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), perpetrado por ETA el 4 de agosto de 2002. En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha solicitado a la policía que se aporte toda la información disponible sobre los miembros de la cúpula al mando, en aquel momento. Se trata de históricos como Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y Ainhoa Múgica, 'Olga', integrantes del aparato militar; Félix Ignacio Esparza 'Navarro', en el aparato logístico; por parte del aparato político Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; en el aparato internacional, Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'; y, de la tesorería María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'.
Ya el pasado día 11 de marzo, el Juzgado aceptó iniciar diligencias previas de investigación, a partir de la querella planteada por la Asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) -que preside Daniel Portero- contra los seis jefes de la banda terrorista que, presuntamente, componían el máximo órgano de dirección de la banda armada -el ZUBA o Comité Ejecutivo- en el momento del ataque.
Ahora, y tras unas pesquisas muy preliminares, el magistrado ha justificado su decisión de instruir una nueva investigación, ante la existencia de «nuevos elementos o circunstancias a valorar» que pueden guardar «directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal». «En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal», ha afirmado García-Castellón.
El instructor ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que le remitan todos los datos sobre la cúpula de la banda en el momento de los hechos
No en vano, la Fiscalía adscrita al juzgado presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la causa. También, la necesidad de recopilar los informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional, sobre el análisis de los denominados «papeles franceses» de ETA.
843 años para los autores materiales
La propia Audiencia Nacional condenó, en 2012, a los autores materiales tras el trágico atentado a un total de 843 años de cárcel. Los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', fueron declarados culpables al considerarse probado «sin ningún género de duda» que fueron los responsables del ataque de Santa Pola. Ambos integrantes del 'comando Argala' asesinaron, con su acción terrorista, a Silvia Martínez Santiago, de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, de 57.
Para la asociación Dignidad y Justicia, sin embargo, «es imposible» que semejante ataque «se hiciese espontáneamente y a espaldas de la ZUBA, y que ésta no diese su visto bueno, a una masacre de la trascendencia política y social de más de medio centenar de personas, dirigida contra familias enteras, niños, ancianos, de la guardia civil y en pleno agosto en una localidad turística costera». Un argumento que la Audiencia Nacional ha asumido en las u´ltimas querellas recibidas y admitidas contra ETA y que estarían estrechando el cerco sobre la banda.
Y es que, tal y como recogía en concreto la querella sobre los hechos de Alicante, «el comando ejecutor no tenía absolutamente nada por sí mismo, ningún medio», sino que «todo le fue suministrado». «Pocas veces habrá sido así y con características tan singulares y claras de que el comando fue el mero receptor» de un material que empleó en una acción que, «necesariamente» requería de una «previa planificación». Ésta es, precisamente la tesis que maneja el órgano judicial central para continuar una nueva línea de actuación que persigue hacer Justicia en base a la «autoría mediata» de los atentados reabiertos: los asesinatos de Miguel Angel Blanco, Gregorio Ordóñez y el juez Querol; y, los atentados contra la T4 del aeropuerto de Barajas y la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.
Así, y citando antiguos informes de los investigadores, las víctimas han señalado a los jueces que la ZUBA era el «máximo ente organizado» que decidía continuar «o no, una u otra campaña de atentados contra uno u otro colectivos». Unas decisiones que se adoptaban de forma colegiada y en las que se decidía «literalmente» sobre «la vida o la muerte de personas concretas».
«Ciertamente, nuestros querellados uno a seis no fueron 'meros mecanógrafos que pasaron a limpio' un texto del comando de la tienda de campaña que explosionó el coche-bomba cargado de explosivos en Santa Pola. Sino que, colegiadamente, ellos eran el ZUBA, ellos conjuntamente eran 'ETA personificada', eran 'la voluntad de ETA' aquel 4 de agosto de 2002», han insistido desde Dignidad y Justicia en su petición al juez García-Castellón.
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