Consuelo Madrigal
Entrevista a la exfiscal general del Estado
Consuelo Madrigal: «La Fiscalía está sumida en la peor crisis reputacional de su historia»
La que fuera la primera mujer fiscal general del Estado español y una de los cuatro responsables del Ministerio Público al frente del juicio del 'procés' analiza para El Debate el estado de la Justicia en nuestro país
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Segovia, 1956) se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en julio de 1978 con la calificación de sobresaliente. En 1980 ingresa en la Carrera Fiscal con el número 3 de su promoción. En febrero de 2008 es promovida a la categoría de Fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Tras la dimisión del entonces titular del Ministerio Público, Eduardo Torres-Dulce, en diciembre de 2014 el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, propuso a Madrigal como nueva fiscal general del Estado, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar el cargo.
–Como exfiscal general es imposible no preguntarle por la situación actual de la institución.
–He trabajado más de 40 años en distintas Fiscalías y ejercido responsabilidades diversas en el seno del Ministerio Público y, como la mayoría de mis compañeros, he compartido en ocasiones las justas reticencias de la ciudadanía ante decisiones posiblemente marcadas por la afinidad del FGE con el Gobierno que lo había designado. La situación actual es diferente: el permanente cuestionamiento público de la figura y decisiones de la actual titular afecta negativamente a toda la Institución que dirige y de la que es imagen visible, sumiéndola en la peor crisis reputacional de su historia democrática.
–Dolores Delgado la rechazó como fiscal jefe del Supremo por falta de idoneidad, pese a tener un CV notablemente superior al de la designada… ¿Adolecen las actuales designaciones de una ‘afinidad’ mayor de la que es habitual?
–El sistema de nombramientos y ascensos en el seno de cualquier institución es de vital importancia para su funcionamiento. En este ámbito reside la principal fuente del poder del Gobierno, que es quien los materializa, del FGE que realiza las propuestas y, en definitiva, la principal fuente de control político sobre el Ministerio Público. Prescindiendo de aspectos personales, el carácter de las decisiones adoptadas en los dos últimos años queda patente en la proporción de miembros de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales -unos 200 afiliados aproximadamente- que han sido beneficiados con el ascenso a la categoría de Fiscal de Sala que integra la cúpula del Ministerio Fiscal y su correspondiente incremento salarial.
De los 13 nuevos Fiscales de Sala designados, 11 pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales y los otros 2 a la mayoritaria Asociación de Fiscales, con unos 550 miembros. Ningún fiscal afiliado a la UPF había optado a cubrir uno de estos dos ascensos. Es inevitable recordar que la Sra. Delgado fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales hasta su excedencia para presentarse como Diputada por el PSOE a las elecciones generales de 2019.
En los dos últimos años queda patente la proporción de miembros de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales que han sido beneficiados por Delgado con el ascenso a la categoría de Fiscal de Sala
–El Supremo salvó el nombramiento de la propia FGE, no así el último que ha revisado de los recurridos, ¿era idóneo el perfil de Dolores Delgado para desempeñar el puesto?
–La Constitución sujeta la actuación del Ministerio Fiscal a los principios de legalidad e imparcialidad. En la doctrina del TEDH la imparcialidad es una cuestión de esencia y de apariencia. No basta con ser imparcial, es preciso parecerlo a fin de garantizar la confianza del justiciable y de la ciudadanía en la recta administración de la Justicia. Prescindiendo de vinculaciones personales, que también se han denunciado en el caso de la Sra. Delgado, y hablando en términos generales, el haber ostentado con carácter inmediatamente anterior la condición de diputado en las Cortes y la de ministra del Gobierno integra para Jueces, Magistrados y, por extensión, para los Fiscales, incluido el FGE (art. 28 EOMF), la incompatibilidad prevista en el art. 351 LOPJ para intervenir en asuntos relativos a miembros del Gobierno y a Partidos Políticos.
Esta incompatibilidad es causa de abstención y recusación de jueces y magistrados y genera para el FGE la obligación de abstención, precisamente, en aquellas causas en cuyo control podría estar mas interesado el Gobierno que lo nombró, por afectar a sus propios ministros o a partidos políticos. El juicio de idoneidad de cualquier candidato a FGE no puede limitarse al automatismo del cómputo aritmético de los 15 años de ejercicio profesional. Al contrario, debe incluir un examen del «prestigio profesional», también exigido, y del «reconocimiento» real de ese prestigio que es una garantía de imparcialidad.
Sobre todo, como puso de relieve el voto particular suscrito por varios de los vocales del CGPJ en su momento, debe extenderse a las condiciones y garantías de esa imparcialidad y de su apariencia que quedan seriamente comprometidas por no decir, laminadas, por previas actuaciones políticas y partidistas, legítimas por supuesto, pero inhabilitantes para el pleno ejercicio inmediato de funciones judiciales o fiscales en las condiciones de independencia e imparcialidad requeridas.
–Su llegada al frente del Ministerio Público ha estado rodeada de polémicas como la que afecta al ‘caso Stampa’. ¿Cómo ha vivido la carrera este escándalo?
–Los abusos de poder, las irregularidades o la anteposición de intereses personales en el ejercicio de responsabilidades públicas generan siempre inquietud y desazón en quienes los contemplan. El malestar es mayor en el seno de una institución jerarquizada en la que no están bien articulados los mecanismos de exigencia de responsabilidad. Las decisiones administrativas del FGE podrían constituir delito de prevaricación, pero no está expresamente tipificado el delito de prevaricación del fiscal, a diferencia de la prevaricación judicial, y ni se contempla la responsabilidad disciplinaria del FGE, a quien el EOMF consideraba en principio sujeto a la responsabilidad política materializada por las posibilidades del Gobierno de cesarlo sin necesidad de motivación. Al haber desaparecido con la reforma de 2007 esa posibilidad de cese sin causa, el FGE deviene virtualmente irresponsable en el ejercicio de su poder.
–La Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) ha llevado a Delgado ante los tribunales por ocultar información relevante a los vocales del Consejo…
–Las decisiones de los Tribunales en éste y otros casos serán determinantes para iluminar no sólo el valor de las decisiones que se han cuestionado, también el sentido de lo que ha de ser la actualización normativa y estatutaria del Ministerio Fiscal, algo que se está convirtiendo en una urgencia para la Institución y que puede transitar por caminos tortuosos e inquietantes como es el de la enmienda subrepticiamente introducida en un Proyecto de Ley Concursal para regular las relaciones entre el FGE y el Gobierno.
–Usted se ha asociado recientemente, ¿qué le ha impulsado a hacerlo ahora y no antes?
–Aunque siempre había optado por mantenerme al margen de la afiliación asociativa, en los últimos años he animado a los compañeros y, especialmente, a los nuevos Fiscales a asociarse y trabajar juntos por la fortaleza institucional del Ministerio Fiscal, las exigencias y condiciones de dignidad y calidad de nuestras funciones y la mejora de las condiciones profesionales. Las asociaciones están en condiciones de acometer reivindicaciones y planteamientos difíciles o imposibles para los fiscales individuales.
A estas alturas de mi vida profesional hubiera seguido como estaba de no ser por la deriva institucional que hoy sufre el Ministerio Fiscal. Al conocer las Conclusiones del último Congreso de la AF, en noviembre de 2021, que reprobaban esta deriva y exigían la dimisión de la Sra. Delgado, decidí sumarme a las reivindicaciones y esfuerzos de los compañeros de la AF, engrosando su lista de afiliados.
Decidí unirme a la Asociación de Fiscales , que exige la dimisión de la fiscal general, por la deriva institucional que sufre el Ministerio Público
–Se aproximan las elecciones al Consejo Fiscal, ¿cuál cree que será el resultado? ¿O cuál le gustaría que fuese?
–Muchos compañeros están descontentos y preocupados. Algunos lo comentan abiertamente y otros sólo en la intimidad. Con la elección de los vocales del Consejo Fiscal, los fiscales pueden participar, por representación, en el asesoramiento de algunas decisiones del FGE. Hacerse oír. En momentos de desaliento, esto puede parecer poco pero es mucho lo que está en juego. Confío en que la participación sea alta y refleje el descontento de la mayoría de los Fiscales con la actual situación.
–¿Cuál es la propuesta de la AF para la próxima legislatura?
–La AF ha hecho públicos diversos comunicados y propuestas. Con independencia de aspectos concretos, creo que muestran su interés en que cambie la forma de actuar de la Fiscalía General del Estado y en la recuperación de una imagen de imparcialidad, seriedad y rigor, hoy ausentes.
–Quizás su cara más visible haya sido la defensa de la legalidad en el juicio al 'procés', ¿cómo valora el resultado echando la vista atrás?, ¿cómo lo vivió entonces?
–Como todo el mundo pudo ver en las cámaras de TV, y como ha reconocido recientemente el TC, fue un juicio público en el que se respetaron todas las garantías y derechos de los acusados, tras el que un tribunal independiente e imparcial dictó una sentencia de condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Por la condición de representantes públicos de la mayoría de los autores y por su naturaleza y entidad, los hechos enjuiciados habían supuesto un grave desafío para la legalidad constitucional, la autoridad de los Tribunales, el orden y los caudales públicos. En tales condiciones, la actuación de la Justicia constituyó una muestra del correcto funcionamiento de un Estado de Derecho sujeto al imperio de la ley y los Derechos Fundamentales.
Personalmente, lo viví con la preocupación, el esfuerzo y la dedicación que exigían un proceso largo de estas características, en el que surgieron multitud de vicisitudes procesales. Todo me resultó más sencillo y seguro por el apoyo sucesivo de tres Fiscales Generales y por el trabajo en equipo con tres excelentes profesionales y compañeros: Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. El trabajo en equipo es uno de los grandes recursos del Ministerio Fiscal, y en este asunto, constituyó para mí una experiencia profesional y personal enriquecedora, gratificante y extraordinaria.
–¿Qué opinión le merecen los indultos concedidos tan poco tiempo después?
–La opinión del Ministerio Fiscal quedó plasmada en nuestros informes desfavorables, emitidos en cada uno de los expedientes. Nos opusimos a los indultos, no tanto por el breve lapso de tiempo transcurrido desde la condena como por la inexistencia de las condiciones de justicia o equidad que fundan o aconsejan la medida de gracia: ninguno de los condenados había mostrado arrepentimiento o conformidad con la condena, ni siquiera habían pedido personalmente el indulto que fue interesado por terceros a su favor; por el contrario, habían aprovechado la última palabra del juicio oral para anunciar que repetirán los hechos; ninguno había reintegrado los fondos públicos malversados o efectuado alguna reparación… Como también declaró el Supremo no concurrían los presupuestos para la concesión de la medida de gracia.
Nos opusimos a los indultos del 'procés' porque ninguno de los condenados mostró arrepentimiento
–La Audiencia Nacional ha reabierto algunos de los casos más dolorosos de ETA en base a la responsabilidad de algunos terroristas por «autoría mediata», ¿cómo valora esta nueva línea de investigación?
–La autoría mediata es una categoría dogmática consagrada en la doctrina penal nacional y extranjera. Si con anterioridad no permitió la investigación de posibles autores, inscritos en el marco jerárquico de la banda terrorista ETA, bien pudo ser por ausencia de elementos suficientemente significativos para la incriminación. Si actualmente, en determinados casos, la policía o los jueces disponen de esos elementos, parece necesario agotar las posibilidades de su investigación.
–¿Es usted partidaria de la renovación del CGPJ de manera inmediata? ¿Habría que cambiar el sistema?
–La extensión del mandato de los actuales vocales del CGPJ tanto más allá de su plazo legal, habla por sí misma de la necesidad de la renovación. Pero se está demostrando que necesidad no implica posibilidad. La incapacidad para lograr los acuerdos necesarios sugiere tanto el fracaso de la política como la conveniencia de cambiar el sistema. Personalmente, soy partidaria de minimizar el peso político en la composición del órgano de gobierno de los jueces y fiscales, abriendo paso a vocales elegidos por los propios Jueces y Magistrados.
–¿Cuál cree que es la asignatura pendiente de la Fiscalía española?
–El blindaje estatutario de su imparcialidad y de su autonomía orgánica, hoy condicionada por su dependencia material y presupuestaria del Ministerio de Justicia y de las Consejerías de Justicia de las CCAA con competencias transferidas en la materia. Algo difícil de conseguir en tanto supone pérdida de poder para cualquier Gobierno pero indispensable en el correcto funcionamiento de una institución clave en el engranaje constitucional y judicial de un Estado de Derecho. Es preciso regular adecuadamente la figura del FGE, reforzándola con un régimen severo y exigible de incompatibilidades que aleje las sombras que proyectan el partidismo sectario y los intereses personales; deben también someterse a regulación precisa las relaciones del FGE con el Gobierno, reduciéndolas al contenido mínimo que legalmente se establezca y sometiéndolas a pautas de transparencia y rendición de cuentas.
Quizás lo más urgente sea adecuar la responsabilidad del FGE y de cada fiscal a la importancia del enorme poder de investigar sin control judicial a los ciudadanos, prolongar tales investigaciones sin control judicial, acusar y defender o no, la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. El ejercicio irresponsable del poder no se compadece con el Estado de Derecho.
–¿Y de la Justicia en general?
–Necesitamos un sistema de Justicia independiente, moderno, ágil y garantista de los derechos de los ciudadanos, a la altura de las exigencias de la complejidad social y el Estado de Derecho. También en este ámbito el primer paso debe ir en la dirección de refuerzo de la separación de poderes y la minimización de la incidencia política en el sistema de nombramientos y ascensos en la carrera judicial. Pero ningún empeño normativo será suficiente sin el acuerdo de la política, el Poder Judicial y de la ciudadanía, sobre los valores de la independencia y la imparcialidad. No basta aprobar leyes que consagren o refuercen la separación de poderes, si la sociedad y cada ciudadano no aprecian, practican y cultivan, individual y públicamente, los hábitos de la independencia intelectual y moral que rompen el círculo vicioso del interés personal y la influencia partidista.
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