05 de febrero de 2023

La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, a su llegada al Supremo para declarar por un presunto delito de desobediencia

La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, a su llegada al Supremo para declarar por un presunto delito de desobedienciaEuropa Press

Tribunales

La diputada Eulàlia Reguant niega la desobediencia: habría contestado las preguntas de Vox, formuladas por Marchena

La política de la CUP se ha defendido asegurando que no respondió a la acusación popular porque es un partido «en contra» del feminismo

La rebeldía de la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, durante las sesiones del juicio al 'procés', la ha llevado a sentarse en el banquillo del Supremo como presunta autora de un delito desobediencia. Reguant se negó a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el procedimiento judicial, donde compareció citada como testigo en febrero de 2019, y ha asegurado ante la Sala que habría respondido a las preguntas de la formación de Santiago Abascal si se las hubiese hecho el presidente de aquel tribunal, el magistrado Manuel Marchena. Así ha justificado la política su comportamiento para eludir la pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación que se le solicita por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad.
Un escenario en el que, con el precedente de Alberto Rodríguez de Podemos en el Congreso, podría verse obligada a abandonar su escaño de manera permanente. Reguant ha declarado íntegramente en catalán y ha sido asistida por una intérprete, a cargo de la traducción simultánea.
La diputada de la CUP, que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía, se ha limitado a contestar al interrogatorio de su abogado, Daniel Amelang. Y, en menos de 10 minutos, ha hecho un repaso de los hechos que tuvieron lugar en el Supremo durante el juicio del 1-O, para explivar que se negó a responder a los abogados de Vox porque habría sido «legitimar a los que van en contra de las políticas de género» que, además, son «xenófobos» y «machistas». «Y eso va contra mis principios», ha subrayado.
En cambio, «sí habría respondido» a las preguntas del partido político si se le hubiera dado la oportunidad de «vehicular las preguntas de Vox a través de Marchena». Su defensa ha asegurado que la dirigente de la CUP nunca se ha opuesto a colaborar con la Justicia, porque estaba dispuesta a contestar al tribunal.

Pagó la sanción de 2.500 € al Supremo

Además, el abogado de Reguant ha solicitado a la Sala Segunda de lo Penal una sentencia absolutoria ya que, en 2019, pagó la multa impuesta por el Supremo -que ascendió a 2.500 euros- en vía administrativa «a fin de depurar posibles responsabilidades». Y, por tanto, no se puede condenar a Reguant por desobediencia por lo ocurrido durante el juicio del procés porque ya fue sancionada por los mismos hechos. Una situación en la que, de darse una nueva condena, su defensa alegaría una vulneración del principio 'non bis idem', un derecho fundamental que establece que una persona no puede ser sancionada dos veces por la misma razón.
La Fiscalía ha desestimado estos argumentos y ha asegurado que la multa y la acusación en el ámbito penal son «dos medidas concatenadas pero distintas», por lo que no ve vulneración alguna de derechos. Así, ha destacado que, aún cuando se ha pagado el importe requerido, si se persiste en la negativa se persigue el delito de desobediencia.
También ha desmontado que el juicio ante el Supremo vulnere su derecho a la libertad ideológica y libertad de expresión. Sobre este respecto, el Ministerio Públivo ha asegurado que «todas las libertades tienen unos límites» y ha recordado que Vox era «parte legítima» en el juicio del procés, por lo que los testigos estaban obligados a contestar a sus preguntas.
La defensa, sin embargo, ha insistido en que «no se puede obligar a una testigo a contestar a unas preguntas que puedan causarle un perjuicio moral». A su juicio, se trata de «un límite claro» al principio de autoridad. «Tal era el perjuicio moral, que dijo que estaba dispuesta a asumir las consecuencias», ha dicho a la vez que ha incidido en que se trataba de «una objeción de consciencia», ha reiterado su abogado.
Reguant «creía fervientemente» en que responder a las preguntas de Vox «podía suponer un menoscabo en su dignidad». Y ha reprochado que Marchena, como presidente de aquel tribunal, no indagara en dicho perjuicio ni ofreciera una «fórmula alternativa», como sí hizo con el también dirigente de la CUP Antonio Baños, que fue citado a declarar en el juicio como testigo y a quien se le ofreció articular las preguntas de Vox a través del Alto Tribunal.
«No era competencia del Supremo formular una orden que pudiera ocasionar un perjuicio moral sin indagar en ello», ha reiterado el abogado, que ha considerado que la acusación de la Fiscalía «resulta desproporcionada» porque, según ha subrayado, la ley hace referencia al testigo que se niegue a declarar, «no al que ponga trabas».

Más razones contra Marchena

«No estamos ante una conducta de desobediencia grave, si acaso leve», ha dicho tras subrayar que, además, a Reguant no se le advirtió de las consecuencias de su actuación, ni se le avisó que tras la multa habría un proceso penal en su contra.
La Fiscalía, por su parte, ha insistido en que Reguant «era consciente de que no podía hacer lo que estaba haciendo». Sobre la posibilidad de que Marchena realizase las preguntas que pretendía hacer Vox, el fiscal Carmelo Quintana ha señalado que «no se pueden imponer fórmulas al tribunal».
Este miércoles, Reguant ha hecho uso de su derecho a la última palabra, aunque el presidente del tribunal ha tenido que interrumpirle para que se ciñera a los hechos enjuiciados. «No se trata de que haga un alegato político», le ha dicho.
La diputada ha insistido en que, «más allá de un ejercicio individual», su negativa sirvió para expresar una «voluntad colectiva». «Aceptar la presencia de Vox denota que era imposible obtener justicia con ese tribunal y en ese procedimiento. Aceptar a Vox era un elemento más del engranaje represivo del Estado», ha dicho.
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