
Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi
El Gobierno 'regala' a la ONU un centro antiterrorista mientras sigue acercando a etarras
Una semana después de trasladar a cárceles vascas a los etarras Parot y Txapote, el Ejecutivo de Sánchez aprueba sufragar todos los gastos de la futura Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas en Madrid
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sostenido por Bildu, justifica el acercamiento de terroristas a las cárceles vascas para «evitar la exclusión social» y se pone de perfil con los homenajes a etarras en numerosos municipios del País Vasco y Navarra, de cara al exterior se presenta como modelo a seguir en la lucha antiterrorista.
Tan solo una semana después de que los sanguinarios etarras Parot y Txapote llegasen a Álava para acabar con el cumplimiento de sus penas, el Boletín Oficial del Estado ha publicado los detalles sobre la futura Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT), cuyos gastos correrán íntegramente a cargo del Estado.
La creación de esta sede de la ONU, cuya apertura está prevista para este año, la perfiló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el pasado 22 de septiembre, en un viaje oficial a Nueva York en el que se reunió con el diplomático ruso Vladímir Voronkov, secretario general adjunto de la citada oficina.
Un encuentro afeado por el PP, al producirse en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que Exteriores justificó en seguir «reforzando el perfil internacional de España».Un refuerzo que alguna mente malpensante podría interpretar como otro paso más de Sánchez para tratar de encontrar acomodo en algún organismo internacional de cara a un eventual cambio de Gobierno el próximo año.
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La sede española de esta oficina de la ONU estará ubicada en pleno corazón de la capital, junto a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en los alrededores de la Puerta del Sol. En concreto, estará sita en una entreplanta propiedad del Estado en el número 2 de la calle Marqués Viudo de Pontejos y se compondrá de una zona de recepción, otra de reuniones, 12 espacios de oficinas y dos cuartos de baño.
El Gobierno cederá el uso del inmueble por un periodo prorrogable de tres años en el que el Estado correrá con todos los gastos «para su uso exclusivo y su disfrute pacífico y tranquilo».

El BOE da cuenta de la llegada y financiación de dicha oficina
Estos comprenderán, además, el «acondicionamiento, renovación e instalación de los elementos fijos, accesorios, mobiliario, instalaciones técnicas, infraestructura tecnológica y de comunicaciones e infraestructura de seguridad».
El erario, asimismo, «asumirá todos los gastos relacionados con dicha infraestructura», incluidas las reparaciones o los servicios de limpieza, así como los servicios de agua, luz, internet, calefacción y refrigeración, según consta en la Disposición 16021 del BOE número 237 de 2022, que lleva las rúbricas de Albares y Voronkov y donde no se especifica el coste que tendrá el mantenimiento de la instalación.
Para Moncloa, la apertura de esta oficina es un «hito» conseguido gracias al «trabajo realizado por España como país copresidente desde 2019 del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo».
Una «posición desde la que ha impulsado la séptima revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas, la primera de carácter integral y que fue aprobada por consenso de la Asamblea General en 2021», según una nota de prensa emitida el mes pasado.