Causas Pendientes
La corrupción socialista que no cesa: las causas judiciales que persiguen al PSOE de Sánchez
Los socialistas atesoran más de una decena de causas judiciales relevantes en las que se investiga el desvío de fondos públicos, sin control
El goteo es constante. Desde que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa, vía moción de censura, en 2018, han sido continuos los casos de corrupción política que han salpicado a los socialistas. Los más recientes en la última semana en la que se han destapado, no sólo, nuevas derivadas del mayor escándalo de la historia democrática española, los ERE de Andalucía, más de 680 millones de euros en la pieza principal de la macrocausa, sino otros flecos de la denominada 'Gürtel' de izquierdas, en la que al menos dos políticos del partido han reconocido haber recibido 'mordidas' de empresarios a cambio de favores. Esta misma semana, el Supremo condenaba al exdirector de Invercaria -dependiente de la agencia de desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía (IDEA) por una subvención de 100.000 euros otorgada sin control, ni aval de ninguna clase.
Nueva derivada de los ERE andaluces
El Supremo condena al exdirector de Invercaria por prevaricación y malversación de 100.000 €
La corrupción le ha ido estallando al PSOE en forma de imputaciones como resultado de muchos años de actividad y gestión pública en la que se han visto envueltos, en multitud de casos judiciales de relevancia, algunos de los nombres más relevantes de la formación. Una denuncia por extorsión en 2009 sería, a la postre, el detonante de uno de ellos, no sólo por el dinero robado, sino también por todas las aristas que de él han surgido desde entonces. La grabación del intento de soborno por parte del entonces director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, a dos empresarios fue el hilo del que tiró la jueza Mercedes Alaya para abrir, en enero de 2011, las diligencias 174/11, la conocida luego como macrocausa de los ERE.
La llamada 'pieza política' de los ERE, cuya sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019, confirmaba el Tribunal Supremo este pasado martes, es sólo la punta del iceberg de una trama que urdió el PSOE desde la Junta de Andalucía y que se extiende hasta el rincón menos pensado de la comunidad y más allá. Y de la que quedan hasta un centenar de piezas separadas por enjuiciar que podrían llevar a triplicar la cifra de los caudales públicos malversados y engrosar la lista de condenados. Entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quien espera un indulto del Gobierno para no ingresar en prisión.
Caso Fitonovo, la 'Gürtel' socialista
Los hechos se remontan al mes de mayo de 2007 pese a que los pagos, recurrentes, se sucedieron entre los años 2006 y 2009, y figuraban en la caja B de Fitonovo como 'Langostinos Maera', el nombre de un restaurante donde Manuel Gómez Lobo –exconcejal del PSOE– y uno de los dueños de la empresa implicada, se reunían una vez al mes. Hasta el momento consta que, en total, el acusado le dio a la sociedad mercantil una subvención de 123.000 euros. Un modus operandi por el que, en varias ocasiones, se llegaron a desprender varias entregas de hasta 30.000 euros al PSOE procedentes de Fitonovo. Esto es, una trama diseñada para repartir, en este caso, sobornos a cambio de contratos municipales.
Un exconcejal y un ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla, ambos socialistas, han reconocido que recibieron mordidas de dicha empresa con las que el socialismo sevillano legó a financiarse. Ambos, gracias a su colaboración con la Justicia y a toda la información que han proporcionado al juez, se han librado de entrar en la cárcel, junto con ocho acusados más en la pieza principal de la operación Madeja –que hace referencia al lema del Consistorio hispalense, 'No-Madeja-Do'–, y dejado al descubierto las prácticas corruptas del Gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín.
Caso Sevilla, 40 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla arrancaba las pesquisas del presunto desvío de, aproximadamente, 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.
Caso Isofotón y un error judicial
En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpicaba a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclamaba un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias.
Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaron parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que, el día 3 de julio de 2012, autorizó la concesión de dicho préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.
Sin embargo, y pese a la entidad de la causa, la gravedad de los hechos y el elevado volumen de los fondos desviados, un error procesal, daba carpetazo, en los últimos meses, a la investigación de la magistrada Yolanda Rueda, sobre las supuestas irregularidades en las ayudas que la Junta socialista de Andalucía concedió, entre 2005 y 2012, a la extinta empresa fotovoltaica Isofotón -de la que tomó el nombre la causa- que se veía obligada a cerrar poco después de haber recibido hasta 80,5 millones de euros de dinero público.
En el arranque de las pesquisas, con fecha 6 de mayo de 2015, había hasta 40 investigados, en su mayoría exaltos cargos y antiguos directivos de la Junta de Andalucía, que no fueron citados formalmente por el juzgado competente hasta el 24 de julio de 2020, cuando el plazo de investigación de la causa ya había expirado. De ahí el defecto de forma que los ha librado de sentarse en el banquillo y responder por los presuntos delitos cometidos.
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