El caso Acuamed lastra al PSOE valenciano a unas semanas de las elecciones del 28-M

Apenas quedan unas semanas para que los españoles, tras cuatro años de legislatura socialista, se asomen a las urnas para elegir a sus representantes en Ayuntamientos y un total de trece comunidades autónomas el próximo 28 de mayo. Lo que suceda en dicha fecha será determinante o, al menos premonitorio de lo que puede suceder a finales de año, en la convocatoria de elecciones generales al Gobierno de nuestro país y, con dicho escenario de fondo, los territorios tradicionalmente socialistas cobran un especial doble valor.

Entre ellos, Valencia, una plaza que podría dar el vuelco a las aspiraciones de los populares de Alberto Núñez Feijóo en el que fuera, durante tantos años, feudo para los 'azules' y en contra de los socialistas de Ximo Puig. El caso Acuamed, sin embargo, en pleno enfrentamiento entre el PP y el PSOE por el agua en Doñana complica las cosas a los segundos tras conocerse que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictaba auto de procesamiento para 42 acusados en el marco de la investigación iniciada sobre una veintena de adjudicaciones, presuntamente irregulares, de obra pública vinculadas con hidráulicas y medioambientales, todas ellas construidas en la cuenca del Mediterráneo, entre los años 2007 y 2014.

Según detalla el instructor en su escrito, los investigados podrían haber cometido los ilícitos de corrupción en los negocios, falsedad documental de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar las cantidades a pagar a las adjudicatarias, fraude a la Administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Acuamed, la empresa pública que da nombre a la causa y que por entonces estaba controlada por la ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE, es una sociedad dependiente del Gobierno central dedicada a la ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas en el Mediterráneo. Por ello, las obras investigadas por García Castellón abarca acciones desarrolladas en diversas comunidades autónomas.

Así, el juez ha incluido en el auto algunos trabajos realizados en Andalucía –Almería-, Murcia, Comunidad Valenciana -Valencia y Alicante–, así como en Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona. En las adjudicaciones de todas ellas el magistrado cree acreditado que se produjeron irregularidades cuyo objetivo era el de favorecer a determinados contratistas.

Comienzo de la operación y pesquisas

La denominada Operación Frontino, que da origen a la actual causa judicial, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado abierta durante varios años y fue iniciada por la investigación del juez Eloy Velasco —el mismo magistrado de Púnica— para depurar el papel de los ya acusados en el cobro de licitaciones. Un ejemplo es el del exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, considerado el cabecilla del caso quien, al hilo de las investigaciones practicadas, habría recibido de los empresarios distintos viajes, tanto en España como internacionales, así como un tratamiento de implante de pelo en Turquía por un valor de 4.500 euros.

El entonces titular del juzgado de instrucción número 6 de la AN señaló, también, a las empresas, Abengoa, Acciona, Altec, Altyum, FCC, Sogeosa y Torrescámara por un total de siete contratos bajo sospecha. Los documentos apuntaron ya, entonces, preliminarmente a la acometida de una serie de obras, trufadas de sobrecostes, en: Bajo Almanzora, Almería, adjudicada a FCC y Abengoa y en el que el juez describe una «compensación indebida» de 40 millones de euros; la presa de la rambla Gallinera en Valencia, vinculada a Sogeosa y Torrecámara; la desaladora de Torrevieja (Alicante), por parte de Acciona; la edificación de la presa del río Serpis, entre Alicante y Valencia, el Cerrro Colorado de Murcia y las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel, en Alicante, asignadas a Altec; y, la limpieza del embalse de Flix, en Tarragona.

Sólo en este último caso, la licitación adjudicada a FCC por valor de 155 millones de euros en 2008 podría suponer un fraude que supera los 25 millones de 'mordida¡. No en vano, la empresa adjudicataria fingió, supuestamente, utilizar materiales de determinada calidad en las obras y Acuamed, pese a conocer la falsedad de dichas informaciones, le abonaba la certificación necesaria para hacerlo.

«Al margen de los criterios técnicos»

El conjunto de pesquisas ha llevado, recientemente, al juez principal encargado de la trama, García-Castellón a asegurar que, en la empresa pública, se actuaba «al margen de los criterios técnicos exigibles a cualquier organismo de cara a defender los intereses generales» de la contratación.

Muy al contrario, lo que se hacía era facilitar el trabajo al contratista en cuestión permitiéndole, incluso, intervenir en los informes que Acuamed debía emitir acerca de la obra a realizar. Esta irregularidad permitía variar los conceptos e importes a incluir en la liquidación de las obras. Del mismo modo, se hacía lo propio con la cuantía en la reclamación, que se realizaba a conveniencia, independientemente de cuál fuera la realidad de los trabajos a hacer.

En el auto de procesamiento, el juez también pone en el foco las actuaciones que Acuamed realizó en 2012, cuando la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 500 millones de euros.

«Actividades especulativas»

En principio, esa nada desdeñable cantidad estaba destinada a la actividad de la propia sociedad. Sin embargo, en su escrito García Castellón apuntó a Mateo, puesto que, «excediéndose» y con el apoyo de otro directivo, Francisco López Berrocal, realizó «actividades especulativas con el dinero del préstamo del BEI». Lo hizo formando «una cartera de inversión a largo plazo de títulos del Estado» en distintos bancos y cajas de ahorro, algo que, tal como subrayaba el juez, «se aleja del objeto social de Acuamed».

Además, el magistrado indicó cómo en dichas operaciones se hizo «caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)» o del propio Tribunal de Cuentas.

Lo mismo sucedió cuando la gerente Territorial de la empresa, Gracia Ballesteros, y el director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, denunciaron ante diversas instancias del Ministerio las supuestas ilegalidades que se estaban cometiendo. Lejos de atenderlas, al segundo «se le cesó», mientras que la primera «fue removida de su puesto» de trabajo y al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed se le «apartó» para contratar como servicios servicios «de unos asesores externos» las funciones desarrolladas, hasta entonces, por el letrado público.