La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso
Tribunales
Irene Montero, a examen: el TC decide si admite los recursos contra su nueva ley del aborto y la ley trans
El Pleno de los magistrados analizará, este martes, la admisibilidad de las impugnaciones presentadas por el partido de Santiago Abascal contra ambas normas
Finalizada la legislatura y tras el revés político y social sufrido por una de sus leyes más polémicas, la del sólo 'sí es sí', que benefició a más de mil violadores y excarceló a un centenar de ellos en nuestro país, dos nuevas normas aprobadas bajo el sello de Irene Montero se enfrentan, este martes, al filtro de la constitucionalidad. El TC analiza en su Pleno de hoy la admisibilidad del recurso de Vox tanto contra la nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo como el del PP contra la denominada ley 'trans', tan denostada por el colectivo feminista y por el propio colectivo LGTBI.
Así las cosas, los magistrados tendrán que decidir si la nueva norma del aborto, impulsada a iniciativa del Ministerio de Igualdad, el pasado mes de febrero, y que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con el permiso paterno, se ajusta al marco de la legalidad vigente. No en vano, sobre este aspecto en concreto, el Tribunal no se pronunció al resolver el recurso 'popular' contra la ley 'Aído' del aborto de 2010, por una pérdida de objeto del mismo, dado que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el artículo que lo regulaba, en 2015.
Fue el pasado mes de mayo cuando la Corte de Garantías dio respuesta, en una sentencia amplia y muy criticada, al consagrar de facto el aborto como un derecho fundamental de la mujer, a una de las impugnaciones más antiguas pendientes en el seno de la institución. Las tesis del Partido Popular fueron rechazadas en su totalidad, con el voto en contra de cuatro magistrados, y se consagró la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad «sin coerción».
Precisamente, en este último sentido se orienta el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la reforma más reciente del Código Penal que castiga con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida. Un texto que, a juicio de la formación que lidera Santiago Abascal, persigue los «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» junto a las clínicas abortivas, ya sean individuales o colectivos. Y sin necesidad de que media, siquiera, denuncia de la embarazada supuestamente coaccionada.
Así las cosas, Vox se comprometió a acudir al Tribunal Constitucional cuando el llamado artículo 172 quater del Código Penal fue aprobado por las Cortes, con los votos de la mayoría de izquierdas y también de Ciudadanos. Un recurso en el que, además de la discusión sobre el consentimiento paterno en el caso de interrupciones de embarazos de menores de edad, mayores de 16 años, se denuncia que la modificación legal en la que se apoya la norma de Irene Montero fue concebida ex profeso contra los antiabortistas y vulnera hasta ocho derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución.
Los magistrados también decidirán, a lo largo de esta mañana, si dan entrada al recurso del PP contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. En este punto, cabe recordar que ya en mayo admitieron a trámite el recurso de Vox contra esta misma norma.
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