Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez y Charles Michel, en París
Recelos en Bruselas por la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales
Según el reglamento europeo, España tendría que modificar la Constitución para que estas lenguas fueran oficiales en todo el territorio
El reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales dentro de la Unión Europea es el nuevo caballo de batalla de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno asumió como propias las exigencias que Carles Puigdemont le impuso a cambio de su apoyo en el Congreso y está decidido a fomentar el uso de las lenguas cooficiales tanto en España como en Europa.
El camino no es tan fácil como pensaban en Moncloa. De hecho, ya lo intentó José Luis Rodríguez Zapatero durante su legislatura hace casi veinte años y recibió el rechazo total de Bruselas, por lo que era un tema que había quedado aparcado hasta que los independentistas intercambiaron la oficialidad del catalán por sus votos. En su día, en Europa ya dejaron claro al Gobierno español que para incluir el catalán como lengua oficial había que modificar los tratados y ese era un paso que no estaban dispuestos a dar.
Es probable que el Gobierno español reciba una respuesta parecida el próximo 19 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Si finalmente se acepta la petición del ministro Albares de incluir el uso del catalán, el euskera y el gallego como punto del día, los Estados miembros tendrán que dar su beneplácito o rechazar la moción, algo nada descartable previendo la tormenta que se podría avecinar entonces sobre Bruselas. Si el catalán es lengua oficial, también tendrían el mismo derecho el corso, el occitano y otros tantos idiomas regionales.
Es esta cuestión la que plantea mayores recelos en Bruselas. Conseguir que el catalán sea reconocido como lengua oficial es algo más fácil de decir que de llevar a cabo, ya que, de primeras, requeriría de la aprobación de todos los Estados miembros. Difícil escenario este, ya que casi la totalidad de ellos cuentan con lenguas regionales que podrían reclamar su presencia posteriormente.
Otro punto que hace saltar las alarmas es el coste que tendría para las arcas de la Unión la incorporación de tres nuevas lenguas. Dotar a las instituciones de traductores de catalán, gallego y euskera supondría una inversión de millones de euros que no está claro ni quién asumiría ni si es la decisión más adecuada.
Reforma constitucional
El reglamento europeo, además, indica que solo los idiomas oficiales de alguno de los Estados miembros puede ser considerado lengua oficial en las instituciones. Este hecho no se cumple ni con el catalán, ni con el euskera ni con el gallego, que son oficiales dentro de sus regiones pero no en la totalidad del Estado. Por tanto, se podría requerir una reforma constitucional previo paso para que esas lenguas sean reconocidas en Europa.
De ser así, se tendría que modificar el artículo 3 del Título preliminar de la Constitución Española, por lo que tendría que ser aprobado dicho cambio por dos tercios del Congreso, convocar elecciones posteriormente y volver a ser ratificado por dos tercios de las Cortes recién elegidas. El último paso sería someter a referéndum el nuevo texto constitucional.
El catalán, el gallego y el euskera son lenguas oficiales en sus respectivas regiones, mientras que el resto de idiomas reconocidos en la UE tienen oficialidad en todo el territorio. La única lengua regional que se contempla en Bruselas es el irlandés, que también es estatal y que fue incorporada en 2007, 34 años después de la adhesión de Irlanda.
Sin embargo, la puesta en práctica fue más compleja de lo inicialmente previsto debido a la falta de traductores cualificados. De ser incluidos en catalán, el euskera y el gallego, se podrían enfrentar a un horizonte parecido al del irlandés, que fue aprobado en 2007 y hasta 2022 careció de recursos para ser utilizado.
Por todo esto, será complicado que finalmente sea aprobada la propuesta española. Más aún cuando ha sido realizada por un Gobierno en funciones que se ha extralimitado en sus labores. Pedro Sánchez ha utilizado a Europa para ganarse el apoyo de Junts en el Congreso y ha inmiscuido al Consejo Europeo en la política nacional. De ahí que la comitiva de Ciudadanos enviara este viernes una carta a cada una de las delegaciones de los 26 Estados miembros restantes para tratar de convencerles de que se abstuvieran de deliberar sobre asuntos relativos al panorama nacional español.
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