Dos ex miembros del Gobierno avalan ahora como magistrados del TC los estados de alarma de Sánchez

La semana pasada, el bloque izquierdista del Constitucional modificaba, gracias a su mayoría aritmética, un cambio radical en la doctrina que el Tribunal había fijado hace tres años, cuando sentenció la inconstitucionalidad de los estados de alarma declarados por el Gobierno de Pedro Sánchez en pandemia. Para ello, han sido necesarios los votos de los magistrados Cándido Conde-Pumpido (presidente) y María Luisa Balaguer, dos de los miembros de aquel TC que, entonces, emitieron un voto particular discrepante para salvar los confinamientos decretados por el Ejecutivo socialista y cuyo razonamiento se ha impuesto ahora.

Pero, también, se ha permitido que participen en la decisión dos miembros del Pleno que fueron parte de aquel Gobierno que adoptó las medidas restrictivas, de manera irregular: los magistrados Juan Carlos Campo que, pese a ser ministro de Justicia ha redactado la nueva y polémica sentencia dictada estos días para salvar, retroactivamente, su propia actuación; y, Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa a las órdenes del ministro Félix Bolaños, asesora de Moncloa y quien colaboró activamente en el diseño del Real Decreto que se declaró ilegal y que ahora se resucita.

Todos ellos han argumentado, junto a tres más de sus compañeros -un total de siete jueces- que desde entonces se ha producido una evolución de los criterios aprobados por el anterior Constitucional para anular las dos medidas excepcionales aprobadas por el Consejo de Ministros de Sánchez. Unas medidas que, ahora, se consideran suficientes para restringir los derechos fundamentales.

Una nueva posición doctrinal «innecesaria» que «no sólo se aleja de la petición formulada por los recurrentes» del partido político Vox sino que «manipula» el amparo solicitado por el partido político para crear una respuesta a algo que la formación no pide, tal y como denunciaron los cinco magistrados conservadores en un durísimo voto emitido el pasado jueves.

En dicho pronunciamiento, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y José María Macías critican el overrulling en el que han incurrido sus compañeros. Esto es, afean que se haya modificado la jurisprudencia sin más argumento jurídico que la «imposición de su voluntad». Ya que, a su juicio, «ni la demanda hace el planteamiento que se pretende en la nueva sentencia dictada», ni los «tres precedentes que se citan en la misma para apoyar la supuesta evolución» permiten «sostenerla».

Los cinco magistrados discrepantes condenan, además, que se haya querido camuflar la maniobra bajo una supuesta e «inexistente» evolución en un tema que «nada tenía que ver con la declaración del estado de alarma y en el que, para llegar a la misma conclusión de inconstitucionalidad de la norma gallega recurrida, porque se ha invadido para ello el terreno de la ley orgánica, no era necesario, ni siquiera, tratarlo».

Falta de reacción del Estado

El tema tiene, además, otra vertiente: el preámbulo de la ley gallega contra la que recurre Vox, justifica su dictado en la falta de reacción del Estado tras la pandemia para regular adecuadamente y con carácter general las medidas sanitarias especiales.

Si bien el TC, por unanimidad, ha declarado la ilegalidad e dicho texto porque el texto invade competencias que el Estado tiene reservadas mediante ley orgánica y las buenas intenciones de la Comunidad Autónoma no son título habilitante para adquirirlas, el tema revela que esa comunidad autónoma ha intentado llenar un hueco ante la inacción del Gobierno central de Pedro Sánchez que no promovió ciertas medidas o en el momento necesario, pese a los miles de muertos de la pandemia.

O, lo que es lo mismo, que la ley es inconstitucional, pero en absoluto criticable o, desde luego, mucho menos criticable que la pasividad del Ejecutivo de Sánchez.