El Gobierno elude responder a preguntas sobre la asesora de Begoña Gómez por ser «informaciones periodísticas»

El pasado mes de enero, El Debate publicó una información en la que se revelaba que la Presidencia del Gobierno falseó los gastos públicos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, para esconder que Moncloa se hacía cargo de ellos. En esa información se señalaba que Sánchez había negado por escrito, en un documento firmado por la Directora del Departamento Jurídico de Moncloa, Beatriz Rodríguez, que su mujer hiciera uso de recursos públicos para fines privados.

Sin embargo, como también contaba este periódico, esa negativa de Presidencia había quedado desmentida con la declaración el pasado diciembre en sede judicial de la asesora de Moncloa que trabajó para Gómez, Cristina Álvarez, que reconoció ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, que, llamada «personalmente» por ella para ofrecerle este trabajo, fue contratada para asuntos públicos pero también privados de la mujer de Sánchez. Algo que, por otra parte, trastocaba la versión en la que había venido insistiendo el Gobierno: que era una asistente como la que habían tenido las mujeres de todos los presidentes del Ejecutivo anteriores a Sánchez. Álvarez comenzó entonces a trabajar como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia. Y, según se ha visto en la investigación, entre otras cosas hizo gestiones para Gómez relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense.

Vox se hizo eco de esta información y formuló una serie de preguntas dirigidas al Gobierno. En concreto, y aludiendo a la Relación de Puestos de Trabajo que publicó el Portal de Transparencia, el partido quería saber cuál era «el código numérico del puesto que desempeña» Cristina Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General, dado que, según el citado documento, hay siete puestos de director de programas: uno de ellos «debe ser provisto mediante libre designación» y los restantes «pueden ser ocupados indistintamente por personal eventual o funcionario».

Así también, la formación de Abascal preguntó por los medios materiales o personales «adscritos al centro directivo de la Presidencia del Gobierno» de los que habría dispuesto Álvarez para las actividades profesionales de Begoña Gómez. Y además, quiso averiguar si el Ejecutivo reconocía que la mujer de Sánchez «ha dispuesto no solo de gastos derivados de la función de seguridad», sino también de recursos públicos, «tanto materiales como personales, para sus actividades profesionales privadas».

No obstante, el Gobierno no ha dado respuesta a ninguna de las tres cuestiones, y se ha limitado a señalar que «no hace valoraciones sobre informaciones periodísticas». Desde Vox han criticado la «ley del silencio de Moncloa» ante presuntos casos de corrupción.

Cristina Álvarez fue imputada a principios de febrero por el juez Peinado después de que tras las diligencias y su testifical en diciembre concluyera su «participación» en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En su última declaración, ya como investigada, el pasado día 26, la asesora de Gómez negó haber realizado gestiones con la Complutense o con empresas patrocinadoras para beneficiarla.