La justicia militar investigó a 224 guardias civiles entre 2021 y 2024 de los que condenó a 41

Entre 2021 y 2024, un total de 224 miembros de la Guardia Civil de diferentes escalas fueron investigados en el marco de procedimientos judiciales militares, de los que 41 fueron condenados, según revela un documento de la Dirección General de la Guardia Civil elaborado a petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los datos señalan que del total de agentes investigados, 141 son guardias y cabos, mientras que 37 son suboficiales y 46 son oficiales. Sin embargo, la asociación de guardias civiles denuncia que en el caso de las condenas, la mayoría también recaen sobre los mandos más bajos: 35 cabos y guardias, el 85 %, frente a cuatro suboficiales y dos oficiales.

Según AUGC, esto constituye un «abuso desproporcionado» de la norma militar contra los agentes de menor empleo dentro del cuerpo, que son castigados «con especial dureza» frente al resto de miembros de escalas mayores, según la organización, que pide que los agentes del instituto armado sean juzgados a través de la justicia ordinaria, como ocurre con el resto de cuerpos policiales.

Denuncian que «la Guardia Civil realiza labores policiales: patrullamos las calles, protegemos a la ciudadanía, investigamos delitos y trabajamos codo a codo con el resto de cuerpos policiales. Sin embargo, seguimos sometidos a una legislación militar que solo se utiliza para controlar y reprimir a los agentes de base».

Código Penal Militar

Y señalana que «la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz a la Guardia Civil sigue siendo un instrumento de represión interna que no tiene cabida en un estado democrático moderno», argumentan.

«No tiene sentido que mientras la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra o Ertzaintza son juzgados por la justicia ordinaria, los guardias civiles sean tratados como soldados en tiempos de guerra», añaden.

Precisamente, en este sentido el Congreso de los Diputados está tramitando en estos momentos una iniciativa de Sumar para que los guardias civiles también pasen a ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.