El fiscal de Memoria da un mes a la alcaldesa de Santander para cambiar el nombre de 18 calles franquistas

El fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha dado un mes de plazo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para que el Ayuntamiento cambie la denominación de dieciocho calles con nombres franquistas del callejero y retire dos monumentos conmemorativos.

Así lo ha hecho en una reclamación previa al Ayuntamiento de Santander fechada este viernes, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que advierte a la alcaldesa de que si no cumple, «se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes» e «igualmente, se dará traslado» a la Dirección General competente «para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática».

Concretamente, le insta a cumplir en el plazo de un mes los acuerdos aprobados por el Pleno municipal en agosto de 2015 y mayo de 2016 y proceda «al cambio inmediato» de la denominación de estas 18 calles del callejero y a retirar el monumento a las legiones italianas, ubicado en la Plaza de Italia, y del levantado en honor a los caídos en la IV División de Navarra, en el Paseo Reina Victoria.

En su escrito, el fiscal censura «la inactividad» de la Administración municipal al no ejecutar sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de memoria democrática y entiende que éste «se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley»

Yánez recuerda que la ley de Memoria Democrática fija un régimen sancionador «para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones». A su juicio, en este caso, «resulta patente desde un punto de vista jurídico que la legalidad vigente está siendo frontalmente conculcada tanto en lo que se refiere a las obligaciones que le impone al Ayuntamiento de Santander la Ley de Memoria Democrática en lo que se refiere al incomprensible e injustificado incumplimiento de sus propias decisiones como Gobierno municipal».

La reclamación del fiscal llega después de que el pasado febrero representantes de asociaciones memorialistas presentaran ante la Fiscalía una petición para pedir la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria para que obligara al Ayuntamiento a cumplir la legislación.

También en junio de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria por presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander al no acceder a retirar del callejero municipal los nombres del Paseo del General Dávila y de la calle Alonso Vega. Una denuncia que, según recuerda el fiscal en el escrito, dio lugar a que se abrieran diligencias. Se acordó que los hechos denunciados no integraban el tipo penal y que la vía adecuada para la corrección de la ilegalidad denunciada era la contencioso- administrativa.

Por otro lado, en diciembre de 2024, se presentó ante la Fiscalía de Memoria Democrática una petición para la ejecución inmediata del acuerdo del Pleno de Santander de agosto de 2015, aprobado por mayoría. En él se acordaba que el Ayuntamiento «adoptaría de inmediato las medidas oportunas para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal y colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura contenidas en el callejero, procediendo al cambio de denominación de las calles y/o topónimos afectados».

Tras la celebración del Pleno, la comisión de estudio constituida en el Consejo Municipal de la Cultura elevó la propuesta de eliminar los dos monumentos antes mencionados y cambiar el nombre a 18 calles: Alcázar de Toledo; Alto de los Leones; Alféreces provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; Columna Sagardina; División Azul; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio.