El Gobierno está oficialmente en rebeldía constitucional: vence su último plazo para los Presupuestos de 2025

El pasado mes de marzo, el Gobierno dijo extraoficialmente que se daba hasta mayo, y mayo ya está aquí. El mes de las flores trae la confirmación de que, definitivamente, no habrá Presupuestos de 2025 ni intento de haberlos, lo que sitúa al Ejecutivo en abierta rebeldía constitucional, al incumplir por segundo año el artículo 134.3 de la Carta Magna. Y no los habrá ni siquiera a pesar del gasto extra de 10.471 millones de euros en Defensa que Pedro Sánchez defenderá este miércoles en el Pleno del Congreso, sin someterlo a votación alguna.

Atrás quedaron las mil promesas del presidente y sus ministros, que durante meses se dedicaron a hinchar un globo que sabían, o intuían al menos, que acabarían teniendo que pinchar. El pasado 22 de abril, cuando Sánchez compareció para presentar su plan de rearme, fue preguntado si podía oficializar la renuncia del Ejecutivo a presentar los Presupuestos de 2025 y asegurar, al menos, que trabajará en la aprobación de los de 2026. Pero ni eso aclaró. «El Gobierno de España está comprometido en la presentación de los Presupuestos. Estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlos», se escabulló.

La mayoría de investidura ya no existe, y ni Sánchez ni Montero tienen certeza de que en 2026 vaya a ser distinto a 2025

Sánchez no especificó las cuentas de qué año. Estaba pensando ya en las de 2026, aunque él y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tienen las mismas certezas de que podrá aprobar los Presupuestos de 2026 que las que tenían con los de 2025: ninguna. Porque la mayoría de investidura ya no existe, como lo demuestra el hecho de que el presidente no se atreva a llevar a la Cámara Baja el aumento millonario de la inversión militar. O que el amasijo de reformas legislativas con el que pretendía contrarrestar el caso Begoña, el llamado Plan de Acción por la Democracia, amenace ruina: porque, un año después, las medidas contenidas en él o no han arrancado o se han chocado con la realidad de unos socios discontinuos, como contó El Debate.

De hecho, Junts, ERC y Podemos han hecho saber a los socialistas que si quieren Presupuestos de 2026 tendrán que sudar la camiseta, empleando una expresión que gusta mucho a Sánchez. Los morados son el hueso más duro de roer, porque están en abierta oposición al que llaman «Gobierno de la guerra». Hasta el punto de que lleva meses circulando la especie de que lo que realmente pretenden los de Ione Belarra es dinamitar la legislatura.

Junts tiene muy claras sus condiciones para sentarse a negociar. La primera y más importante es la aplicación de la amnistía para Carles Puigdemont, que el Ejecutivo espera tener resuelta en el Tribunal Constitucional antes del verano. La segunda es llevar a término la delegación de las competencias en materia de extranjería e inmigración a Cataluña, que cerraron con el Gobierno en marzo y registraron en el Congreso como proposición de ley conjunta. Y la tercera es la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea, para lo que el Gobierno necesita el voto favorable de los otros 26 estados miembro.

En el caso de ERC, los republicanos quieren que el Ejecutivo materialice la condonación de 17.104 millones de deuda a Cataluña sin más dilación. También, que Salvador Illa presente antes de que acabe junio el «sistema de financiación singular que avance hacia la plena autonomía fiscal» que prometió a ERC a cambio del apoyo para su investidura. Y ver avances en el traspaso total de Rodalies a la Generalitat (los trenes de cercanías en Cataluña), así como los 25,5 millones de euros para su financiación comprometidos por el Ministerio de Transportes.

El último subterfugio del Gobierno

El 22 de abril, el Senado aprobó una moción del PP instando al Gobierno a «cumplir con su obligación constitucional» de presentar los Presupuestos de 2025. Aunque sin efectos prácticos, salió adelante con las abstenciones de varios socios de Sánchez. La senadora del PSOE Amparo Marco sostuvo que la única intención del PP con esa y todas sus iniciativas presentadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta era «derribar políticamente a un Gobierno legítimo elegido de acuerdo con la Constitución española, la misma Constitución que utilizan según sus intereses, quitando el artículo 134.3 y obviando el apartado cuarto del mismo artículo, que dice que se prorrogan automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior».

Esta alusión al apartado 134.4 es el nuevo subterfugio de los socialistas desde que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo utilizó desde la sala de prensa de la Moncloa el pasado 25 de marzo. Entonces, Félix Bolaños llegó a afirmar que la Constitución regula «con total normalidad» cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los Presupuestos. La Carta Magna sí contempla la prórroga presupuestaria, pero en los supuestos en los que el Ejecutivo se retrase en la aprobación de los nuevos. Por contra, no prevé que el Gobierno se salte la ley de leyes. El 134.4 dice textualmente: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».