El 'show' judicial a favor de Revilla en el acto de conciliación por el derecho al honor de Don Juan Carlos
El desarrollo de la vista convocada entre las partes, para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, se ha convertido en un sainete «absolutamente anómalo» desde el punto de vista procesal

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, en el acto de conciliación con el Rey Juan Carlos I celebrado en un juzgado santanderino
La expectación informativa era máxima esta mañana en Cantabria. Cámaras, micrófonos, periodistas y curiosos esperaban –agolpados frente a las puertas del Palacio de Justicia de Santander– la llegada del que fuera presidente de la comunidad autónoma, el siempre polémico Miguel Ángel Revilla. Revilla comparecía en el intento de explorar un infructuoso acuerdo con los abogados del Rey Juan Carlos I quien, hace algunas semanas, designaba al despacho Novalex, para que iniciase acciones judiciales encaminadas a proteger su derecho al honor frente a las constantes expresiones injuriosas y calumniosas de las que, desde su abdicación en 2014, ha sido víctima por parte del ex político, entre otras autoridades.
Sin embargo, el verdadero espectáculo se producía dentro de la Sala reservada para la vista donde, según algunas fuentes, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), encargada del asunto, habría permitido un 'show' inédito en este tipo de actos de conciliación previa que, de acuerdo con la práctica habitual, se extienden no más allá de los cinco minutos, el tiempo imprescindible para saber si hay posibilidad de avenencia o no.
En cambio, este viernes, antes de confirmarse que el pacto era una entelequia, las cosas han ido un poco por libre, a criterio de la Letrada y a conveniencia del abogado del conciliado –que se habría explayado con un insólito discurso mediático– coronado por una intervención final del propio Revilla, fiel a su habitual estilo populista.
Tal ha sido el descaro de lo ocurrido que, según las mismas fuentes, perpleja con el inesperado sainete, a modo de encerrona, la abogada del ex monarca, Guadalupe Sánchez, se veía obligada a pedir un imprevisto turno de réplica en el que, además, y para reforzar sus argumentos, entregaba a la representante judicial un auto de la Sala Segunda de lo Penal en el que, el pasado 24 de abril, el Supremo confirmaba que su patrocinado no ha sido, ni es, ningún defraudador fiscal.
A Revilla no le gustaba que la letrada afirmase durante su alegato que, hoy por hoy, ambos retirados de la primera línea de las responsabilidades públicas, él goza de más prerrogativas que el mismísimo ex Jefe del Estado español. El que fuera presidente regional intervenía, airado, para desmentir a la abogada de Don Juan Carlos y presumir de cómo a él se debe la retirada del aforamiento de los altos cargos cántabros. «Yo no soy ningún privilegiado de nada, no lo quiero, soy uno más», se lamentaba.
Tenía razón, pero sólo en parte. No en vano, el aforamiento es un aspecto de consecuencias meramente competenciales. Esto es, en caso de imputación o procesamiento a los aforados de Cantabria, gracias a Revilla, no les juzgaría el Supremo y sí otro tribunal de inferior instancia conformado por los «jueces ordinarios predeterminados por la ley». Ahora bien, de acuerdo con el artículo 11 de su propio Estatuto de Autonomía, el ex dirigente sigue siendo inmune e inviolable, condición que no conserva Don Juan Carlos, en su condición de ex Rey.
«Los diputados y diputadas del Parlamento de Cantabria gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo», reza la norma que, quién sabe si quizás por desconocimiento, por omisión consciente, mentira piadosa o pecado venial, el ex dirigente autonómico decidía ignorar en sede judicial.