El Gobierno diseña un informe a la medida de Albares para que el catalán sea oficial en la UE sin cambiar los Tratados

El pasado mes de mayo el Consejo de la Unión Europea (UE) dio largas a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para incluir el catalán, el vascuence y el gallego como lenguas oficiales de las instituciones europeas, y el propio Ejecutivo español decidió que no se votara su propuesta. El hecho de llevar las lenguas cooficiales a Europa fue una exigencia de Junts en el verano de 2023 a cambio de dar los votos de la formación que el preside el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso.

Así las cosas, ahora el Gobierno –en un texto elaborado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y en el que han participado la Fiscalía y la Abogacía del Estado– ha elaborado un informe para que el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, intente convencer a los Estados miembros de que el catalán, el vascuence y el gallego puede ser oficiales en la UE sin la necesidad de modificar los Tratados.

Uno de los motivos por los que se dio marcha atrás en mayo a la propuesta del Gobierno de Sánchez –que requiere la unanimidad del Consejo– fue la dificultad para adaptarla al ordenamiento jurídico comunitario. De hecho, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, destacó las «dudas legales» expresadas oralmente por los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión al artículo 55 del Tratado de de la Unión Europea, relativo a las lenguas auténticas en las que dicha norma constitutiva ha sido redactada. También mantuvieron una postura similar la ministra austríaca, Claudia Plakolm, y la sueca, Jessica Rosencrantz.

Asimismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo referencia ese día al informe técnico del Consejo que señala que pueden estar «ante un supuesto de ilegalidad que conllevaría la necesidad de la reforma de los tratados para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros». Según el principal partido de la oposición –de acuerdo con la documentación de la UE– para que una lengua no oficial lo sea se necesita modificar los Tratados, para lo que se requiere la ratificación de todos los países.

En consecuencia, el dosier realizado por el Ejecutivo, al que ha tenido acceso El Debate, subraya que «la propuesta presentada por el Gobierno de España al Consejo de la Unión Europea para modificar el Reglamento 1/1958 del Consejo con el fin de incluir el catalán, el euskera y el gallego no requiere la modificación de los Tratados y puede llevarse a cabo siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 342 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)».

Este último precepto recoge que «el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión será fijado por el Consejo mediante reglamentos, por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Por todo ello, el informe diseñado por el Ministerio que encabeza el socialista Félix Bolaños pretexta que «se considera que los Tratados, tal y como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no establecen ningún obstáculo para que el catalán, el euskera y el gallego se incorporen como lenguas oficiales de la Unión Europea vía modificación del Reglamento 1/1958».

«Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más lenguas, el texto será igualmente auténtico en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes acuerden que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos, y que una versión del tratado en un idioma distinto de aquel en que el texto haya sido autenticado sólo se considerará texto auténtico si el tratado así lo dispone o las partes así lo acuerdan», añade el texto.