El Gobierno se desentiende de los 1.000 menores que le ordenó Supremo mientras impondrá 4.000 a las comunidades

El 26 de marzo, el Tribunal Supremo daba 10 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que se hiciera cargo de 1.000 menores inmigrantes que se encontraban en Canarias. Sin embargo, 126 días después el Gobierno insular advertirá al Supremo que Sánchez no ha asumido la protección de «ni uno solo de los niños».

Esta desobediencia al alto tribunal del Gobierno de Sánchez contrasta, sin embargo, contrasta con la imposición a las comunidades autónomas de acoger a los 4.000 menores que Sánchez repartirá entre ellas, según anunció la propia ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, el pasado 17 de julio.

El pasado 3 de julio, el Tribunal Supremo ordenó a los gobiernos central y de Canarias que le informaran de la evolución de las negociaciones para la acogida de los 1.000 niños que le encargó en marzo. Así pues, en obediencia al tribunal, el Gobierno de Fernando Clavijo ha anunciado este lunes que va a comunicar al Tribunal Supremo la falta de avances sobre el auto en el que obligaba al Estado a asumir la protección de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, ya que 116 días después de esa resolución «ni un solo niño» ha salido de las islas, donde están en situación de hacinamiento.

El portavoz del ejecutivo insular, Alfonso Cabello, ha afirmado que la respuesta del Estado, al que el Supremo dio diez días para cumplir el auto, «ha sido nula», y aunque las conversaciones siguen abiertas el resultado «no tiene buena pinta» y va a ser difícil alcanzar un acuerdo común sobre la respuesta que se va a dar al Tribunal Supremo.

«Hasta ahora solo Canarias está realizando su parte» y ya hay 946 menores dados de alta que siguen en las islas, según Cabello, «así se lo vamos a trasladar al Tribunal Supremo» y «estamos a la espera de ver cuál es el camino que toma» la autoridad judicial, porque corresponde al Estado continuar con el itinerario y asumirlos con sus recursos, sin más «trucos ni triquiñuelas».

El portavoz ha señalado además que el Gobierno canario está muy pendiente del decreto anunciado para este martes en el Consejo de Ministros para que, a partir del 28 de agosto, empiecen las derivaciones de los demás menores, los que no tienen que estar en protección internacional por no contar con asilo, a otras comunidades autónomas.

Ley de extranjería

A pesar de que once comunidades autónomas han presentado recursos contra la modificación de la Ley de Extranjería que obliga a esa reubicación de los menores, «la ley está plenamente en vigor» y «lo que hay que hacer es aplicarla», ha dicho el portavoz.

Alfonso Cabello ha lamentado que el ambiente de crispación política en España haya llevado a situar la inmigración como punto de confrontación y a «poner a unos niños y unas niñas como arma arrojadiza al servicio de los intereses de los partidos políticos», un fuego cruzado en el que se coge en medio a Canarias y a Ceuta.

Ha subrayado que no se trata solo del Partido Popular, puesto que también el Gobierno del PSOE de Castilla La Mancha ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el cambio en la Ley de Extranjería.

«Nadie está haciendo nada por ayudar a Canarias en este asunto, ni las comunidades autónomas ni el Gobierno del Estado», que «ni siquiera han puesto una plaza a disposición» para los menores en situación de asilo, ha insistido.