Reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa
El Gobierno aprobará este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada
El Gobierno sustituye la ley franquista de 1968 por un proyecto que establece plazos claros, categorías específicas y un régimen sancionador administrativo más proporcional
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo Proyecto de Ley de Información Clasificada, un texto que será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Según fuentes del Ejecutivo, se trata de una reforma legislativa de gran calado que sustituye a la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968, redactada en la dictadura, y que hasta ahora no contemplaba mecanismos claros ni automáticos de desclasificación de documentos protegidos.
Uno de los elementos más innovadores de la norma es la introducción, por primera vez, de plazos concretos para la desclasificación automática de la información confidencial, en función del grado de sensibilidad de los contenidos. En este sentido, la clasificación podrá mantenerse durante un máximo de 45 años, con la posibilidad de prórroga justificada de 15 años adicionales si concurren circunstancias excepcionales.
El nuevo marco legal distingue entre cuatro niveles de clasificación: «Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido», estableciendo límites temporales diferentes para cada uno de ellos. La categorización estará determinada por el grado de daño potencial que supondría la divulgación no autorizada de la información.
En cuanto al régimen disciplinario, la ley contempla sanciones administrativas que oscilan entre los 30.000 euros para infracciones leves y los 2,5 millones de euros en los casos más graves, reservándose así la vía penal únicamente para supuestos excepcionales. Desde el Ejecutivo se subraya que esta nueva estructura permite un sistema más equilibrado y proporcionado, que introduce también el derecho a la libertad de información como un elemento modulador a la hora de valorar la gravedad de las infracciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso.
Asimismo, el texto legal prohíbe expresamente la clasificación de documentos relacionados con violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, garantizando que este tipo de información no pueda quedar oculta bajo criterios de seguridad o interés nacional.
Con esta legislación, España pretende alinearse con los estándares más avanzados en materia de protección y acceso a la información clasificada, acercándose a marcos legales como los de Francia, Dinamarca o Suecia, que incluso contemplan plazos más amplios para la desclasificación.
Como parte del nuevo sistema, se crea también la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un órgano de reciente constitución que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que asumirá la supervisión, coordinación y aplicación de esta normativa en todos los niveles de la Administración.
Este proyecto pretende ser un paso en la modernización de la arquitectura institucional española en materia de seguridad y transparencia, al ofrecer garantías jurídicas actualizadas que equilibran el interés público, la protección de la seguridad nacional y el acceso democrático a la información histórica.
