El Gobierno afronta una gran cuesta de septiembre en lo político y lo judicial

El presidente del Gobierno apura sus vacaciones en Andorra, practicando ciclismo junto a su mujer, pero más tendrá que pedalear para subir su cuesta de septiembre. En lo político y en lo judicial, el primer mes del curso llega cargado de pendientes, curvas y baches para él.

El próximo lunes día 1, Pedro Sánchez tiene previsto subir el telón de la temporada 2025-2026 de su Ejecutivo con un acto en el que se hará acompañar del grueso de sus ministros, como ha venido contando El Debate, y en el que aprovechará para presentar su pacto de Estado contra el cambio climático. Dos días después, viajará a Londres para reunirse en el 10 de Downing Street con el primer ministro británico, Keir Starmer, por primera vez desde la elección de este último, en julio de 2024.

Entre medias, es posible que el Consejo de Ministros apruebe el martes 2 el anteproyecto de ley que articulará la quita de la deuda para las comunidades del régimen común que lo soliciten. Un texto que, sin conocerse aún, ha vuelto a poner en pie de guerra a las comunidades, como también lo están por los términos del reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados. En cualquier caso, si finalmente la quita de la deuda no va al próximo Consejo de Ministros, la intención del Ministerio de Hacienda es que no pase de septiembre.

El viernes 5, se producirá en el Tribunal Supremo una imagen insólita: la de un fiscal general del Estado procesado, abriendo solemnemente el año judicial delante del Rey Felipe VI. El acto contará con la intervención de Álvaro García Ortiz y, también, de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue preguntado el miércoles si García Ortiz está capacitado para inaugurar el curso judicial en sus circunstancias y respondió que por supuesto.

En lo judicial, los socialistas empiezan septiembre en vilo, pendientes del nuevo informe de la UCO que se anuncia para las próximas semanas, entre rumores sobre la posible aparición en él del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esta vez, en el PSOE han aprendido la lección: se pasaron meses cuestionando la existencia del anterior informe, porque tardaba en llegar, y cuando finalmente llegó provocó una crisis en el partido -con la destitución y posterior encarcelamiento de Santos Cerdán- de la que el PSOE aún no se ha recuperado. Ni probablemente pueda hacerlo.

A priori, en la segunda semana de septiembre estaba prevista la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación -el día 11- y también la de su exasesora en la Moncloa, Cristina Álvarez -el día 10-. No obstante, el abogado de la mujer de Sánchez ha pedido un aplazamiento porque ese día debe atender otro juicio, y el magistrado instructor aún no se ha pronunciado.

Justo antes, el lunes 8, Leire Díez deberá comparecer en la comisión de investigación creada por el PP en el Senado en torno al caso PSOE, que reactivará sus trabajos con la fontanera del PSOE después del parón estival. El interrogatorio a Díez, que pertenecía a la camarilla del exsecretario de Organización de la formación, es difícilmente controlable para Ferraz.

En el Congreso

También en septiembre, el Gobierno tiene que someter a la convalidación del Congreso el último decreto ley que aprobó en julio, relativo a la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menores de hasta ocho años de edad. En el último Pleno del curso pasado, el 22 de julio, el Ejecutivo recibió un importante varapalo: uno de los tres decretos leyes que llevó a convalidación fue derogado. En concreto, el llamado decreto antiapagones. Los socialistas están intentando (y lo conseguirán) que el decreto ley de los permisos no se vote el jueves 11, como sería lo lógico, porque al coincidir con la Diada los diputados de ERC y de Junts faltarán al Pleno. Y necesitan cada voto.

Sin salir del Parlamento, el Ejecutivo no puede seguir posponiendo mucho tiempo más el debate de totalidad del proyecto de ley que establece la jornada laboral de 37,5 horas semanales, la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura -como la pasada lo fue la reforma laboral-. El problema es que Junts tiene presentada una enmienda a la totalidad y, de momento, no ha llegado a un acuerdo con los de Carles Puigdemont para que la retiren.

Sin salir del independentismo catalán, donde todo empieza y acaba para Sánchez, el Gobierno tiene que decidir si solicita nuevamente introducir el debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en Bruselas en el orden del día de reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE del 16 de septiembre. España ya elevó este asunto a las dos reuniones anteriores del Consejo, celebradas en mayo y julio, con desastroso resultado: en ambas ocasiones tuvo que sacarlo en el último momento para no perder la votación.

Y está, por último, el calendario presupuestario. El Ministerio de Hacienda debería hacer algún avance en este mes de septiembre, al menos en lo que se refiere a la aprobación del techo de gasto (que es la base de las cuentas públicas). Pero el año pasado ya le pasó por dos veces -en julio y septiembre de 2024- que llevó ese techo de gasto al Congreso y fracasó en el intento.

Dicen en el equipo de Sánchez que el presidente ha vuelto con mucha energía para este comienzo de su octavo curso en la Moncloa. La va a necesitar toda.