Detienen a dos menores por filtrar información sensible de Sánchez y dos ministros

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad, uno en Cataluña y otro en Albacete, acusados de haber participado en la filtración y difusión de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, así como de miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según fuentes de la investigación, los jóvenes habrían publicado la información sensible a través de Telegram, en un canal administrado por un usuario conocido bajo el alias de N4T0X. En los mensajes compartidos se incluían documentos con DNI, direcciones particulares, números de teléfono y fechas de nacimiento de varias autoridades del Estado.

La operación, dirigida por la Comisaría General de Información y coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Antonio Piña, se puso en marcha el pasado 22 de septiembre, tras detectarse la filtración y recopilar los primeros indicios técnicos.

Los agentes intervinieron diverso material informático y dispositivos móviles durante los registros en los domicilios de los detenidos. Todo el contenido está siendo analizado para determinar el alcance de la intrusión y si existieron vínculos con otros grupos o personas implicadas en filtraciones previas.

No se trata de un caso aislado

Fuentes policiales señalan que uno de los menores desempeñaba un papel principal en la obtención y publicación de los datos, mientras que el otro colaboró de forma secundaria. La investigación apunta a que actuaron de manera coordinada y con conocimiento suficiente en materia de ciberseguridad como para vulnerar bases de datos y ocultar su identidad digital.

No es la primera vez que se produce un incidente de este tipo. En julio, fueron arrestados otros jóvenes, mayores de edad, vinculados a filtraciones similares y que usaban los alias Akkaspace y Pakito. Los investigadores no descartan que todos formen parte de una red más amplia dedicada a la difusión de información personal de figuras públicas.

El caso permanece bajo secreto de sumario, y los menores están a disposición de la Fiscalía de Menores, que decidirá las medidas judiciales correspondientes. De confirmarse los hechos, podrían enfrentarse a acusaciones por revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas informáticos.

La difusión de estos datos personales de altos cargos ha provocado una profunda preocupación en el Gobierno, que considera el incidente una amenaza a la seguridad institucional y ha reforzado las medidas de protección digital en varios ministerios.