El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada a la comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado
Tras el caso de García Ortiz
El PP propondrá que el responsable de proteger los datos personales de la Fiscalía no dependa del fiscal general
Plantea en una propuesta de ley que se elija entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio y conocimientos acreditados en materia de protección de datos, en vez de que lo designe la máxima autoridad del Ministerio
El Partido Popular va a llevar al Pleno de la próxima semana una proposición de ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de manera que el responsable de protección de datos personales de la Fiscalía no dependa jerárquicamente del fiscal general del Estado.
Una iniciativa que llega en plena investigación por parte del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, que se sentará como procesado en el banquillo el mes que viene, acusado de un delito de revelación de secretos por filtrar, presuntamente, datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los populares proponen que se vuelva a un sistema de elección independiente, en vez que lo designe directamente el fiscal general como se estableció en la Ley de Eficiencia de la Justicia, para garantizar «la independencia y neutralidad». En el texto, recogido por Europa Press, plantean que el titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos de la Fiscalía sea elegido entre juristas de reconocida competencia con, al menos, 15 años de ejercicio profesional y conocimientos acreditados en materia de protección de datos. Su mandato sería de cinco años no renovable y su cese solo podría producirse por incapacidad o incumplimiento grave, apreciados por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal.
Juicio por revelación de secretos
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En la exposición de motivos sostiene que la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto «se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea» y que «no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función».
Para los populares, la reforma promovida por el Gobierno «ha convertido una autoridad independiente en una unidad más de la Fiscalía General del Estado» y por ello reclama con esta iniciativa garantizar «un procedimiento transparente y ajustado a los principios constitucionales y europeos en materia de protección de datos».
Como adelantó El Debate en primicia
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El juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos empezará el próximo 3 de noviembre. Junto a él, como ha contado El Debate, declararán hasta 40 testigos, entre ellos el fiscal Agustín Hidalgo de Morillo, –que fue designado en 2020 como delegado de Protección de Datos de la Fiscalía por parte de la antecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, y su mandato termina pronto al haber pasado cinco años–.
Durante la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confirmó que se había borrado todo el contenido del móvil durante los días de la presunta filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña, y posteriormente la Fiscalía lo admitió alegando que lo había hecho por protocolo de seguridad y de protección de datos.
