La salida de García Ortiz allana el camino de su sucesión entre críticas del Gobierno a los jueces del Supremo

El hasta hoy fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentaba esta mañana su renuncia al cargo, en una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de que, el pasado jueves, el Supremo lo condenase a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su puesto, como único autor de un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario madrileño Alberto González Amador. En la misiva remitida al Gobierno, García Ortiz declaraba su «profundo respeto a las resoluciones judiciales» y, en consecuencia, tras haber sido declarado culpable, en un proceso penal público, y entender que era «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».

Una responsabilidad que en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ejerció «un hombre bueno» para el que el fallo del Supremo ha supuesto «un punto de inflexión» que «vulnera su mandato constitucional y la separación de poderes». Por eso, la representante de Sumar ha llamado a los ciudadanos, con especial atención hacia los votantes progresistas, a movilizarse «en defensa de la democracia y el respeto institucional».

«Ha llegado la hora de dar un paso adelante» dado que, según Díaz, «hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte» en la escena política de la mano del Alto Tribunal. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, insistía como su jefa en la importancia de protestar ante «todos estos atropellos».

Tampoco ha escatimado en críticas el titular de la cartera de Consumo, Pablo Bustinduy, para quien García Ortiz ha demostrado una conducta «impecable, incluso en estas condiciones, manifestando un respeto por las instituciones y una integridad de la que no serían capaces muchas personas en la posición en la que se ha visto sometido».

El primero en pronunciarse, sin embargo, era el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien tras conocerse el contenido íntegro de la carta con la que Álvaro García Ortiz dimitía de sus funciones al frente del Ministerio Público, este lunes, despedía a un «servidor público» que «tiene todo mi respeto y mi consideración», pero que será sustituido en las próximas horas. El mismo Sánchez que, el pasado jueves 20 de noviembre –horas después de que el Tribunal diera a conocer el fallo contra García Ortiz– aseguraba, en un relato próximo al lawfare según la cual la democracia debe «defenderse» ante ataques en forma de «desinformación» y «abusos de poder» y ante quienes «se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla».