Santos Cerdán pudo congelar parte de las 'mordidas' de Servinabar hasta su salida de la política

El papel de Santos Cerdán en la presunta trama socialista diseñada para cobrar comisiones irregulares a cambio de la adjudicación de contratos públicos amañados, que tuvo su origen en Navarra y, más tarde, se centralizó desde el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, no puede entenderse sin Servinabar. La empresa –de la que el ex secretario de Organización del PSOE habría comprado el 45% de las acciones, sin documento notarial y por un valor testimonial de 6.000 euros– habría servido a Cerdán para concurrir a licitaciones públicas, de la mano de constructoras como Acciona que, previo pago de un 2% del importe de la obra, resultaron beneficiadas con importantes encargos de infraestructuras por toda España.

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, crecen las sospechas de que Santos Cerdán pudo congelar parte de dichas 'mordidas', las que le correspondían por su intervención relevante como «gestor» de las operaciones, para recibirlas, a futuro, una vez hubiese salido de la política. No en vano, el mismo reconoció, cuando se dio a conocer la existencia de la mercantil, y su titularidad compartida aunque no declarada sobre la misma, que se trataba de un proyecto al que tenía pensado retirarse antes de saber que el PSOE le reclamaba desde Madrid, tras la salida de su predecesor Ábalos al frente del partido.

Así las cosas, el mecanismo privado de adquisición de parte de la compañía, le habría servido a Santos Cerdán para dificultar que se le relacionase con las maniobras presuntamente ilícitas cometidas con el parapeto de Servinabar que están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el mando del magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Supremo.

No en vano, cabe recordar que fue la UCO la que localizó el documento de compraventa, que había sido negado tanto por el propio Cerdán como por el propietario de la empresa, Antxon Alonso, en el domicilio de este último. Ambos alegaron que se trataba de un borrador sin validez, que por eso nunca se elevó ante notario, ni se declaró en la relación de bienes del Congreso del que fuera número dos de Sánchez en Ferraz y diputado socialista en la Cámara Baja. Lo cierto es que la omisión de esta información no sólo pudo beneficiar de manera fiscal a Santos Cerdán sino que, «posiblemente le permitió eludir el control sobre las transacciones de la mercantil e, incluso, diferir pagos de dividendos o comisiones», aunque estas últimas hubieran sido «apalabradas» a futuro, en base al contrato privado que en este sentido es «plenamente válido», apuntan a El Debate fuentes próximas a las pesquisas.

De hecho, fue el propio Cerdán quien, cercado por las evidencias, declaró ante el magistrado instructor del caso PSOE en el Supremo, el juez Leopoldo Puente, que la firma del acuerdo privado se remontó a 2015, tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones forales de aquel año. Un fracaso del que dijo considerarse responsable y que le llevó a valorar la posibilidad de abandonar la política, para incorporarse a la actividad empresarial.

En aquel escenario de cambio, y siempre según la versión del imputado, fue Alonso quien le ofreció entrar en Servinabar, a lo que Cerdán contestó en positivo, aunque unos días más tarde, tras comentarlo con su mujer, Paqui, terminó rechazando.

Lejos de esta compleja explicación, los investigadores consideran que la mercantil, que resultó agraciada con un buen número de contratos de obra pública de los que están siendo investigados por las presuntas irregularidades en su adjudicación, pudo ser en realidad una pantalla con la que Cerdán no sólo articuló negocios, supuestamente, opacos pero muy rentables, para toda la trama; sino que, además, le habría servido para generar unos derechos y unas cantidades a su favor que, como el mismo deslizó, casi sin querer, aspiraba a recoger una vez fuera de la primera línea de su partido.