El temor a un efecto dominó por la corrupción se extiende en el entorno de Sánchez

En el último mes se ha producido una concatenación de personas que han caído –ya sea por una condena, una denuncia, una prisión provisional o una detención– del entorno de Pedro Sánchez. El hasta ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos y Koldo García –el exministro de Transportes y su exasesor–han sido encarcelados en la prisión de Soto del Real, y el Gobierno y el PSOE han tenido que renegar por las denuncias de acoso sexual de Paco Salazar, que formó parte del «equipo más cercano» de Sánchez, ocupó varios puestos en la Moncloa durante años, y comió con la ministra portavoz, Pilar Alegría, hace tan solo un mes.

Este fenómeno se ha intensificado de forma exponencial en la última semana y ha generado temor entre los cercanos a Sánchez ante un posible efecto dominó. La Unidad Central Operativa (UCO) detuvo –en el marco de una causa bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional– a la fontanera de Ferraz Leire Díez, a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI cercano desde hace muchos años a la vicepresidenta María Jesús Montero, y a Antxon Alonso, socio y «amigo» del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y persona que ayudó a los socialistas en sus negociaciones tanto con Bildu como con el PNV. Debido a este caso, agentes de la Guardia Civil irrumpieron el viernes en Correos y en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para recabar documentación.

Igualmente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el jueves la sede de Plus Ultra, aerolínea hispano-venezolana que el Gobierno rescató con 53 millones de euros durante la pandemia de la Covid-19. Después arrestaron a su presidente, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.

En cuanto al ámbito de denuncias de acoso sexual, en los últimos días han saltado numerosos escándalos en el seno del PSOE. Además del sonado caso de Salazar, el martes por la noche este periódico publicó las denuncias por acoso contra el presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé, que había dicho a varias mujeres que solo tendrían trabajo si se acostaban con él. Horas después dimitió como presidente de la Diputación, aunque se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos.

El pasado 4 de diciembre la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abrió diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto caso de acoso sexual. En esta comunidad autónoma también ha estallado el caso de Francisco Luis Fernández, el alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba) que decía a sus compañeras «echas de menos una buena comida de almeja» o «estoy solito en el ayunta».

Además, el jueves por la noche el secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, anunció su renuncia como miembro de la dirección federal de los socialistas y como senador tras unas informaciones que desvelaban una supuesta denuncia interna por acoso. Finalmente, el viernes por la tarde saltó la noticia de que el PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra su número dos en la provincia de Valencia.

¿Quiénes pueden ser los siguientes?

Después de que el 11 de diciembre el Supremo enviara a juicio a Ábalos y Koldo –junto al comisionista Víctor de Aldama– dictando el auto de apertura de fase oral, Cerdán, que estuvo en prisión provisional durante cuatro meses y 20 días por su «papel principal» en la trama del PSOE, ha asegurado este mes que hablará «a su debido tiempo». «Los indicios apuntan a que Cerdán, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores, es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo», ha indicado el Supremo sobre él.

Respecto a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno procesado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz acordó el 3 de diciembre aplazar el inicio del juicio hasta el 28 de mayo, aunque estaba previsto que empezara el 9 de febrero. La Diputación de Badajoz habría creado una plaza a la medida del músico como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Durante su declaración judicial, el hermano del presidente del Gobierno fue incapaz de precisar ante la jueza dónde se ubicaba la oficina que dirigía y se limitó a responder que «no le sabría decir». Además, El Debate publicó en exclusiva que el hermanísimo residía en Moncloa mientras aparentaba hacerlo en Portugal con el fin de tributar menos impuestos.

Por su parte, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está imputada por cinco delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación– en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que encabeza Juan Carlos Peinado. Este magistrado solicitó el viernes a la UCO un informe sobre los 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez, la asesora de Gómez.

Cabe recordar que en la última entrevista que el jefe del Ejecutivo dio en España, el 3 de diciembre, Sánchez respondió con tensión cuando fue preguntado si «dimitiría» en caso de ser imputado. «¿Por qué iba a serlo [imputado]?», respondió con otra pregunta, a la vez que resaltó que «yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar».