La caída de Cerdán: el eslabón que conecta el caso PSOE que abre en canal al Gobierno

El 19 de mayo de 2025, El Debate desvelaba una investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por un posible amaño de una obra del Gobierno navarro —de Ejecutivo socialista— en la ampliación del túnel de Belate con un importe de 76 millones de euros. Seis meses después, y habiendo pasado cinco en prisión provisional, el dirigente socialista guardaba silencio en su última comparecencia en el Senado, a la vez que defendía su inocencia y negaba su relación con Servinabar.

Investigado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal, el aterrizaje de Cerdán al caso PSOE vino propiciado por un informe de la UCO que contenía unos audios grabados por Koldo García —el portero de discoteca que él mismo rescató e introdujo en Moncloa— entre 2019 y 2023, que recogía conversaciones de WhatsApp entre el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exasesor y el propio Cerdán. En las conversaciones, cuya veracidad ha negado el ex número tres del PSOE en varias ocasiones, se le escuchaba pactar pagos relacionados con adjudicaciones de obras en Sevilla y Logroño.

Su participación en Servinabar, que él niega

Los hechos se remontan a 2015 en Navarra, controlada por Koldo y Cerdán, cuyo poder fue en ascenso vertical a la vez que Ábalos ganaba relevancia política. Las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) fueron las que se beneficiaron de las adjudicaciones, habiendo obtenido tan solo de la primera unas comisiones que, presuntamente, ascendieron a 620.000 euros. De ellos, 450.000 restarían por pagar y de los cuales Cerdán aseveró estar dispuesto «ir a por todo».

Un testigo acudió a la Jefatura de la Guardia Civil de Pamplona, presentando una documentación numerosa que acreditaba la manipulación de un concurso público —según el denunciante— de los trabajos para que fueran adjudicados a una UTE conformada por una constructora cuyo dueño es amigo íntimo de Cerdán.

Este medio también publicó cómo los investigadores tenían monitorizadas varias reuniones entre el dirigente socialista con el consejero navarro, que autorizó la adjudicación 12 días después de que el proyecto fuera licitado. La Guardia Civil analizaba la relación de Servinabar, la empresa de la que Cerdán era dueño al 45 % con Acciona Construcción, así como la de ambas con el ex secretario de organización socialista y Koldo, ante la sospecha de que los contratos a cambio de comisiones.

A la vez que a Cerdán, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo López, imputaba a varios empresarios, entre los que se encontraba Joseba Antxon Alonso como administrador único de Servinabar y a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra. El juez consideraba que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de obras públicas concretas a favor de sus respetivas empresas mediante «la realización de pagos» que «en parte, habría podido recibir José Luis Ábalos», ahora en prisión provisional.

Al registrar la vivienda de Alonso, la UCO halló un contrato firmado por Cerdán en el que adquiría por tan sólo 6.000 euros el 45 % de las participaciones de la constructora el 1 de junio de 2016, alegando su defensa que se trata de «un mero contrato privado». El ex número tres socialista declaró en sede judicial conocer al administrador de Servinabar desde 2006 y que en 2011 se había convertido en una «relación bastante fuerte de amistad» porque hablaban «mucho de política». «Es una persona que viene del mundo nacionalista, simpatizante o del entorno del PNV», por lo que analizaban «las relaciones que podían tener diferentes partidos» para que «un día en Navarra» no gobernaran «las derechas», expuso.

Fue descrito como «fundamental» en las conversaciones «tanto con PNV como con Bildu» para llegar al Gobierno. Concretamente, facilitó la «interlocutor» con este último porque «era del mismo pueblo que Arnaldo Otegi».

Mientras que varios ministros ponían «la mano en el fuego» por su compañero, la UCO señalaba al núcleo familiar de Santos Cerdán. Su mujer, Francisca Muñoz; su hermana, Belén Cerdán; y su cuñado, Jesús Armendia; fueron foco de la investigación al estar vinculados al PSOE navarro, como presuntos «beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil» Servinabar.

Estos hicieron uso de la tarjeta de crédito a nombre de la empresa hasta el día previo a la detención de Koldo, con unos cargos totales asociados de 33.544 euros. Asimismo, se trata de averiguar si habría recibido pagos, de hasta 620.000 euros, procedentes de la empresa Acciona —al borde de la imputación—.

Cerdán se reunió en el interior del Hipódromo de la Zarzuela con empresarios, en el reservado del restaurante La Cantina. Una de esas citas fue con el empresario Víctor de Aldama, conseguidor de la trama, en septiembre de 2024, antes de que este confesara ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que entregó a Cerdán un sobre con 15.000 euros en una cafetería de la calle Ferraz. También que el dirigente socialista controlaba las adjudicaciones públicas del norte de España en lo que denominó el «cupo vasco». En los encuentros también participaría el presidente del Hipódromo, Ernesto Gasco.

Por otro lado, en el momento en que el ex secretario de organización socialista llegaba al Congreso de los Diputados, Servinabar acumuló más de un millón de euros en efectivo. El dinero en metálico de la empresa pasó de apenas 40.485 euros en 2019 a más de un millón en 2020 sin constancia de ampliaciones de capital, préstamos bancarios ni inversiones que expliquen ese ingreso extraordinario. También crecieron las reservas voluntarias, de 23.694 euros en 2017 a más de 340.000 euros en 2021, sin que la empresa repartiera dividendos a sus socios ni reinvertir sus beneficios.

La Fiscalía Anticorrupción, del mismo modo, determinó que Servinabar fue «creada ‘ad hoc’ para lucrarse» con la obra Mina Muga y «otras venideras» en Unión Temporal de Empresas con Acciona «sin que conste ninguna contribución precisa para ellas». Entre esas otras «obras venideras» se enmarca la ampliación del túnel de Belate, «uno de los mayores contratos de obra pública adjudicados en Navarra en la última década», según la acusación popular de UPN. El Ministerio Público reclamaba la prisión provisional sin fianza. Y, ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, así lo ordenó el Tribunal Supremo.

El magistrado Leopoldo Puente señaló que en los hechos descritos en las pesquisas le señalan de forma «evidente» como el líder de la trama de Navarra y que después exportó a territorio Nacional a su llegada a Madrid. Aquellos audios de Koldo, que para el dirigente socialista no existían, resultaron una «enorme carga incriminatoria» para determinar el rol «decisivo».

La sombra de la financiación ilegal

Durante los meses en los que estuvo en la cárcel de Soto del Real, entretenido en «un club de lectura y jugando a las cartas», la presunta financiación ilegal sacudió al PSOE. Un presunto delito, investigado por el que el juez Moreno abría una pieza separada secreta en la Audiencia Nacional, que Cerdán no descartaba que se hubiera cometido mientras Ábalos formaba parte del organigrama socialista. «En mi etapa, no», despejaba. Sin embargo, su respuesta quedaba condicionada al respaldo documental para todos los pagos en metálico efectuado por su partido a la «documentación que han entregado» desde el PSOE a comienzos de esta semana a petición del juez Ismael Moreno. Asimismo, negaba haber controlado el dinero de las elecciones primarias de 2017 en las que Sánchez logró alcanzar la Secretaría General de la formación y que su candidatura fuera financiara con las «saunas» de su suegro, Sabiniano Gómez.

En esto, Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, pasó 72 horas en prisión, para ser puesto después en libertad con medidas cautelares. En su comparecencia del pasado mes de julio ante el instructor Puente, defendió que él había ostentado ese cargo. Ahora se conoce que tanto él como la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, participaron de la trama, ofreciendo a los empresarios con los que contactaban edificios históricos de Correos —con el aval de la SEPI— para obtener ayudas públicas a través de la empresa Sepides, para el arranque de sus negocios. A cambio, 'mordidas' previas a las adjudicaciones propuestas. Esta operativa podría salpicar a otros cargos socialistas, desencadenando nuevas detenciones en el futuro.

El Debate también pudo saber que Cerdán sacó material de su vivienda y lo ocultó en una residencia en San Sebastián de Ernesto Gasco, presidente del Hipódromo -presente en las reuniones que allí se mantenían-. Estos documentos fueron retirados durante los días más delicados del procedimiento judicial antes de que la Guardia Civil registrase la residencia del dirigente socialista, con el fin -hipotético- de torpedear el avance del caso que reconstruyen los agentes.