Sánchez financia la ley de nietos en Cuba con el modelo que las organizaciones internacionales denuncian como «esclavitud moderna»

La contratación que el Gobierno de Sánchez suscribió con la dictadura cubana, revelada por El Debate para acelerar la incorporación de más de 350.000 presuntos descendientes de españoles, se firmó el 1 de enero de 2025 entre la Empresa Empleadora Palco y las representaciones de España en La Habana por más de un millón de euros, según la Plataforma de Contratación. Lo que España firmó es un suministro extra de personas ante el colapso provocado por la avalancha de solicitudes de la ley de nietos. Deja claro que se trata de la «empresa estatal única suministradora de personal».

En realidad, son dos contratos firmados ese mismo 1 de enero de 2025: el del Consulado General (nº 034-024, por 1.131.295,68 euros) y el de la Embajada (nº 052-024, por 242.743,48 euros), cada uno con sus anexos, en los que figuran, trabajador por trabajador, el cargo, el coste que paga España y el salario en pesos. Ambos contratos suman 1.374.039,16 euros en cuatro años.

El eufemismo de la «exportación de los servicios profesionales»

En sus cláusulas especifica que la tarifa que España abona se rige por una resolución cubana 14/2022 que aprueba el precio del servicio para algo que el propio documento denomina bajo el eufemismo de «exportación de los servicios profesionales». Es la fórmula oficial con la que el régimen cubano factura la explotación de la mano de obra de sus ciudadanos, la misma con la que coloca a sus médicos en el extranjero y por la que se rige toda representación extranjera en Cuba mediante el Decreto-Ley 384/2019. Se trata del mismo mecanismo de retención salarial a través de la empresa estatal obligatoria, que organismos internacionales y el propio Senado español han calificado de explotación laboral, trabajo forzoso y esclavitud moderna.

Es necesario recordar que es el propio régimen el que expide los certificados de los presuntos descendientes de españoles que nadie puede verificar. Es decir, España paga, pero Palco es quien tiene la última palabra sobre quién entra y quién no. Un modelo impuesto por el régimen en el trabajador es el último en cobrar. Los anexos del contrato fijan, nombre por nombre, lo que España abona y lo que recibe cada empleado: por un auxiliar de oficina, España paga 5.822,47 pesos al mes y el trabajador percibe 3.706,69. El Estado cubano retiene el 36 % de cada salario.

Millonario negocio para la dictadura

La dictadura hace un negocio redondo y el sueldo real del trabajador es miserable. El porcentaje queda corto, porque la verdadera brecha está en la moneda. España paga en euros, pero al trabajador se le abona en pesos cubanos: esos 3.706,69 al mes. En Cuba conviven varios tipos de cambio. Al viejo cambio de 1x24 esa cifra ficticia equivaldría hoy a unos 135 euro de sueldo. La realidad es que ningún cubano puede cambiar sus pesos a ese precio. Al tipo oficial del Banco Central, en torno a 580 pesos por euro, el salario se queda en algo más de seis euros. Y al cambio real que afrontan los cubanos de a pie, cercano a los 800 pesos por euro, no llega a cinco euros al mes. El régimen cobra a España en divisa fuerte, entrega a sus ciudadanos pesos devaluados y se queda con la diferencia que separa los euros que salen del Tesoro español de la miseria que llega al bolsillo del trabajador. Un millonario negocio de explotación humana propio de los sistemas comunistas.

La fórmula de proveedor estatal único, retención de una parte del salario y el eufemístico epígrafe de «exportación de servicios» no es nueva ni exclusiva del consulado. Es la forma en que Cuba gestiona su mayor fuente de divisas: el envío de profesionales al extranjero. Y es precisamente ese modelo el que los organismos internacionales han calificado de explotación laboral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2026, tras documentar 71 testimonios, que en las misiones médicas cubanas hay «situaciones compatibles con trabajo forzoso y esclavitud moderna», con retenciones salariales de entre el 60 % y el 90 %. La fracción que el Estado se queda en el consulado español es menor, pero el mecanismo por el que se retiene parte del sueldo a través de una empresa estatal es el mismo.

El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud ya había señalado a España en noviembre de 2023, y no por médicos: por deportistas, artistas y otros profesionales cubanos contratados mediante empresas que retienen parte importante de sus salarios, a veces a través de ayuntamientos o comunidades autónomas. Y en abril de 2026 el Senado español condenó «enérgicamente» la exportación de profesionales cubanos por constituir «una forma de explotación laboral y trabajo forzoso, incompatible con el derecho internacional». La misma Cámara que lo condenó es la del Gobierno de Sánchez; a través del consulado de La Habana, paga dentro para acelerar la incorporación al censo de los presuntos descendientes de españoles certificados por la dictadura.

Aunque los auxiliares del consulado no son médicos en misión y en el contrato no consta confiscación de pasaportes ni restricción de movimientos, los elementos más graves que la CIDH documenta en las brigadas, fuentes consultadas por este medio no descartan que les retiren los pasaportes para evitar riesgo de fuga del país.

Queda una incógnita que el contrato no despeja. La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo sostiene que el beneficiario último es GAESA, el emporio militar sancionado por Estados Unidos. Ni los contratos ni los registros lo confirman: sitúan a Palco bajo el Consejo de Ministros, la estructura civil del Gobierno cubano. Sea civil o castrense, el destinatario del dinero es el Estado de una dictadura.

Ingeniería electoral para alterar las urnas en el 27

En definitiva, el Gobierno usa la Ley de Nietos para asaltar el censo electoral. Paga más de un millón de euros extra a la dictadura cubana para acelerar la incorporación al censo electoral de los más de 350.000 expedientes de presuntos españoles cuya veracidad solo el régimen sabe. El negocio es redondo para la dictadura comunista: factura a España en euros y deja al trabajador un salario de esclavitud de apenas cinco euros al mes. España financia, con esos fondos extraordinarios del Erario y dentro de su propio consulado, el modelo de exportación de mano de obra que su Parlamento y los organismos internacionales condenan como esclavitud cuando lo practican los médicos cubanos.

Unas maniobras de ingeniería electoral con las que Sánchez busca contrarrestar el batacazo en el interior que predicen las cuatro últimas autonómicas, de cara a 2027. El objetivo de Sánchez no es otro que ganar las próximas elecciones para dar carpetazo a los sumarios de corrupción que le acorralan y que harían caer a cualquier gobierno democrático, como viene denunciando en exclusiva El Debate.