Turno de réplica
Estamos ante una estratagema totalitaria dirigida por individuos que entienden la justicia en clave ideológica y que cuentan con fieles partidarios que atacan a los jueces sin sentir la menor vergüenza
El 21 de agosto de 1645, unos días antes de morir, Francisco de Quevedo escribió a su tocayo y amigo Francisco de Oviedo una afligida carta de la que tomo este párrafo: «Muy malas nuevas llegan de todas partes y muy rematadas. Y lo peor es que todos las esperaban así. Esto, señor don Francisco, no sé si se va acabando, ni si se acabó».
Estoy seguro de que en estos días muchos españoles sentirán la tentación de aplicarse estas tristes palabras al conocer las últimas embestidas al Poder Judicial provenientes de varios frentes. Desde los insultos proferidos en el Parlamento por determinadas lenguas viperinas, hasta las graves amenazas dirigidas a jueces con nombres y apellidos, pasando por la acusación de lo que, con maldad y supina ignorancia, llaman lawfare. ¿Quién no recuerda la calentura del ministro Óscar López cuando, a propósito de la sentencia que condenó al fiscal general Álvaro García Ortiz, dijo, en clara referencia al Tribunal Supremo, que había jueces que prevaricaban? ¿Acaso se han olvidado los ultrajes al Tribunal Supremo por la sentencia del procés? ¿O los lanzados por algunos irresponsables a raíz de la sentencia del caso Ábalos? O sin ir muy lejos, la afirmación, ayer mismo, de Óscar Puente, cuando, a los pocos minutos de conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz condenando a David Sánchez, hermano del presidente, a la pena de 9 años de inhabilitación, dijo que «la sentencia responde a la única finalidad de derribar al Gobierno».
Es evidente, por tanto, que hoy, como se temía, la situación sigue viva; tanto que, si no envenenada, al menos sí está que arde, lo cual significa que, con el tiempo y las altas temperaturas, la cosa ha ido empeorando. Ahí están las palabras del magistrado del Tribunal Supremo don Manuel Marchena, pronunciadas anteayer en el curso Justicia y Derecho, organizado por la Universidad CEU San Pablo, al señalar que «la convivencia se lamina si se generaliza la idea de que en España la justicia no la imparten jueces, sino fachas con toga; esto es gravísimo».
Y tanto que lo es, pues estamos ante una estratagema totalitaria dirigida por individuos que entienden la justicia en clave ideológica y que cuentan con fieles partidarios que, de una forma u otra, por acción u omisión, atacan a los jueces sin sentir la menor vergüenza. Y para muestra sirva un botón. Hablo de Xavier Vidal-Folch Balanzó, de ocupación periodista, que el pasado domingo publicó un artículo titulado (Algunos) jueces golpistas o prevaricadores en el que tachaba a la magistratura de «sectaria, parcial y sesgada», sostenía que los jueces son unos «rebeldes judiciales contra la separación de poderes», con alusión directa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y cerraba la sarta de agravios con que «el golpismo no es extraño a la sombra ideológica de la carrera judicial, nunca depurada del virus franquista».
Por cierto, permítame el lector un paréntesis. ¡Pero, hombre, don Xavier! ¿Por qué aprovecha su artículo para meterse conmigo y ponerme de chupa de dómine y no quieren dueñas? ¿Por qué descarga sobre mí sus bilis e iras? ¿A qué viene llamarme corrupto? ¿No es corrupto, según la Real Academia Española, aquel que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar? ¿Al calificarme de tal cosa, no pensó que podía ganarse a pulso una querella por calumnia o injurias? Y un complemento. ¿Se acuerda, Don Xavier del artículo del historiador don Agustín Colominnes, publicado el 23 de abril de 2018 en El National.Cat? ¿Y de lo que dice de usted? Quizá sea oportuno recordarlo. «Xavier Vidal-Folch es cualquier cosa menos periodista. De joven se hacía pasar por comunista, militó en Bandera Roja y se conocía por el mote de Porki. Emparentó por vía matrimonial con Joan Vila-Reyes, el del caso Matesa, el sonado escándalo de corrupción durante el franquismo. Como ahora, ya por entonces era un fatuo tan vago como charlatán. Habla de cosas de las que no sabe nada. De las que sí sabe algo, las esconde porque le quedan tan próximas que le son íntimas y perturbadoras.» Fin de la cita.
Por si alguien tuviese alguna duda, queda expuesta mi tesis sobre las críticas de las actuaciones y resoluciones de los jueces. No solo tienen justificación constitucional, sino que, incluso, supone un beneficio evidente para el progreso del poder judicial. Pensar lo contrario es una visión sacralizada de los jueces, impropia de una sociedad democrática donde los poderes institucionales no se basan en legitimidades carismáticas. Si las leyes nacidas del Parlamento son discutidas, ningún sentido tiene negar que las decisiones de los jueces puedan serlo. Quizá venga bien recordar que la crítica de la justicia siempre ocupó un buen espacio en la literatura. Pensemos en la portada de la primera edición de La nave de los locos de Sebastián Brandt, o en las mordaces caricaturas Gentes de la Justicia de Honoré Daumier, o en el Ensayo sobre la tolerancia de Voltaire. También en las sátiras de Quevedo, en El proceso de Kafka, en el J´accuse de Zola, en El asesinato del perdedor de Camilo José Cela o en La fiesta de los jueces de Ernesto Caballero, basada en El cántaro roto del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist. Todos son supuestos en los que se produce la desmitificación del juez como una especie de mago de la tribu y se supera la fábula del juzgador absolutamente aséptico. Téngase muy presente que la habilitación del juez nace de la soberanía popular. «La justicia emana del pueblo» se puede leer en el artículo 117.1 de la Constitución.
Ahora bien, distinta de la crítica es la descalificación rotunda y hasta inmisericorde, como diferente de una censura objetiva es el insulto o el denuesto soez, la injuria y la calumnia. El insulto público a los jueces crea tensión, malestar o miedo, situaciones incompatibles con la función de juzgar al prójimo.
Llegado a este punto, considero que para salir del agobio de un escenario asfixiante que tiene tintes de escalada, hay que echar mano de los medios jurídicos existentes. La indolencia no cabe. La desgana, tampoco. A la memoria me vienen las consignas que con cierto humor negro se daban en mi época universitaria: «Artículo 1º. No pasa nada. Artículo 2º. Si pasa, no importa». Eran invitaciones a poner al mal tiempo buena cara. Pero esta postura encierra serios peligros. Uno de ellos, la impunidad y el despotismo, frutos de una fatiga que concluye en el olvido. Se me ocurre, si acaso, que lo que nos pasa es que vivimos en un estado leve de enajenación y que aquellos a los que don Quijote llamaba «los encantadores», hoy tienen una singularidad propia: la manipulación. No estamos encantados, sino embaucados.
Por eso se impone actuar. Hay que defender al poder judicial. ¿De qué forma? En primer lugar, hay que amparar la función de juzgar, empezando por recordar que el propio artículo 117 de la Constitución declara que esa justicia que tiene su fuente en los ciudadanos «se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley». Después, exíjase responsabilidades a quienes mancillen el honor y la dignidad de los jueces. Por supuesto, urge que el Consejo General del Poder Judicial, con su presidenta a la cabeza, defienda de forma tajante y sin fisuras la independencia judicial. Tanto como es necesario que los jueces, sea como colectivo, sea a título particular, ejerzan las acciones legales que procedan frente a la calumnia y la injuria, y lo hagan, además, con la ayuda de los colegios de abogados dispuestos a combatir las presiones al poder judicial, impropias de una sociedad democrática, así como los ataques dirigidos, en último término, a cuestionar la dignidad de la judicatura.
En fin. Doy por hecho que se impone resistir. Afortunadamente, los jueces saben que la función de juzgar es pasto propicio para los moralizadores desahogos de justicieros y que la profesión tiene esa servidumbre que hay que llevar con resignada compostura. Pero también es ineludible defenderse. Los individuos y las instituciones son entendidos y apreciados cuando en situaciones concretas se ven involucrados y comprometidos. La posibilidad de sucumbir frente a quienes, en palabras de Gabriel Marcel, usan la técnica de promover y conseguir el envilecimiento y la humillación, haría más que improbable olvidar la carta de nuestro genial Francisco de Quevedo.
- Javier Gómez de Liaño es jurista y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.