Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Todos los puntos calientes de la ley de familias: un gasto millonario y advertencias del CGPJ
Uno de los puntos más polémicos del borrador de la norma era la prohibición del pin parental, que fue finalmente eliminado del proyecto a sugerencia del Consejo de Estado
La ley de familias se encuentra ahora, tras su aprobación este martes 27 de febrero en el Consejo de Ministros, en camino al trámite parlamentario. La norma, heredada del tiempo de Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales pero aprobada por su sucesor el cargo, Pablo Bustinduy, equipara las parejas de hecho a los matrimonios y las familias «monomarentales» –término no recogido por la RAE– a las numerosas.
Antes de recibir luz verde en la primera vuelta en el Consejo de Ministros, el Gobierno solicitó al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado sendos informes sobre el proyecto de la ministra de Podemos. Ambos, lejos de apoyar la iniciativa, advirtieron que más que una herramienta jurídica se trataba de una norma ideológica. El Consejo de jueces recalcaba ya hace un año que el texto «rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección».
Con estas conclusiones a la luz del borrador presentado por la cartera de Derechos Sociales estuvo de acuerdo el Consejo de Estado, que puso el énfasis en un extenso dictamen en que los «preceptos» que se utilizan en la norma puede generar «dudas», ya que se utilizan «expresiones y términos poco concretos» –del estilo de «parentalidad positiva» o «entorno afectivo»– que son susceptibles de «generar una quiebra del principio de seguridad jurídica». En otras palabras de la misma institución, «el anteproyecto contiene una regulación cuanto menos confusa».
Uno de los puntos más polémicos del borrador de la norma era la prohibición del pin parental, aprobado en diciembre de 2022 y que impedía a padres y tutores bloquear el acceso a contenidos sobre diversidad familiar. Este punto fue finalmente eliminado a sugerencia del Consejo de Estado.
El borrador que dejó Belarra antes del adelanto electoral no ha sufrido cambios, porque, según ha indicado el nuevo ministro de Derechos Sociales, el momento de introducirlos será en la negociación en el Congreso. El Ejecutivo planea también solicitar su tramitación por la vía urgente, aunque según fuentes del ministerio de Bustinduy, se podrán presentar enmiendas para modificar el texto con medidas incorporadas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Por ejemplo, el ministro de Derechos Sociales ya ha adelantado que está dispuesto a añadir a la ley el concepto de familia numerosa, que había sido borrado y sustituido por «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza».
Coste anual de 700 millones
El objetivo de esta ley es triple: «Garantizar la protección económica y social de las familias, profundizar su derecho a la conciliación y avanzar en el reconocimiento jurídico», según el mismo Bustinduy explicó el pasado martes. Estos puntos se concretan en ayudas para la crianza –100 euros al mes para las familias con hijos de 0 a 3 años– y tres permisos de cuidados distintos: uno de cinco días para atender a familiares por enfermedad, otro de ocho semanas hasta que el hijo cumpla ocho años y un tercero de cuatro días para cuidar de un familiar que requiera atención inmediata.
Una vez se apruebe la ley de familias, formalmente denominada Ley de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, las medidas recogidas en ella supondrán un gasto económico anual de 700 millones de euros para las arcas del Estado, según las estimaciones de Derechos Sociales.
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