Harvard demanda al Gobierno de Trump ante los tribunales por la congelación de fondos federales

La Universidad de Harvard ha presentado una demanda judicial contra la Administración del presidente Donald Trump, en respuesta a la decisión del Gobierno de suspender su financiación federal. Esta acción se produce tras las acusaciones de que la institución habría incurrido en supuestas prácticas antisemitas, lo cual Harvard niega rotundamente.

En su escrito legal, la universidad sostiene que la medida adoptada por el Ejecutivo constituye una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al tratarse de un intento directo de restringir la libertad académica y de expresión. La demanda señala específicamente a varios altos cargos gubernamentales, entre ellos el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la titular del Departamento de Educación, Linda McMahon.

Desde Harvard se sostiene que la congelación de los fondos no solo infringe los derechos constitucionales, sino que también vulnera normativas federales esenciales. «La presión del Gobierno sobre nuestra institución representa una amenaza grave al principio de autonomía universitaria», expresa el documento presentado ante los tribunales.

El presidente de la universidad, Alan Garber, expresó públicamente su preocupación ante lo que considera una extralimitación del poder ejecutivo. En declaraciones publicadas en el portal institucional, advirtió que las consecuencias de esta intervención política se harán sentir durante años, en especial en áreas de investigación médica clave. Entre los proyectos amenazados por la retirada de fondos figuran investigaciones sobre enfermedades como el cáncer, el alzhéimer, el párkinson o la esclerosis múltiple.

Garber, quien se identifica como judío, subrayó que el combate contra el antisemitismo debe abordarse con responsabilidad, conocimiento y vigilancia, y denunció que el Gobierno ha instrumentalizado esta causa para justificar una acción que califica de «ilegal». «Harvard se toma muy en serio la lucha contra el antisemitismo, pero no puede aceptar que esa preocupación se utilice como pretexto para minar nuestras libertades fundamentales», declaró.

El conflicto se intensificó el pasado 14 de abril, cuando la universidad rechazó las condiciones impuestas por la Casa Blanca para conservar su financiación, entre ellas, eliminar programas de diversidad y supervisar las ideas políticas de los estudiantes extranjeros. Como represalia, la Administración procedió a congelar ayudas por valor de 2.200 millones de dólares y amenazó con revocar el estatus fiscal exento del que goza la institución.

A estas medidas se sumó, el pasado viernes, la cancelación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de una ayuda adicional de 2.700 millones de dólares, acompañada de la exigencia de un registro detallado de las «actividades ilegales y violentas» en las que supuestamente estarían implicados estudiantes internacionales.

Según informó The Wall Street Journal, el Gobierno también evalúa una reducción adicional de 1.000 millones de dólares destinados específicamente a la investigación sanitaria, lo que elevaría el impacto económico total por encima de los 5.000 millones de dólares.

Harvard no es la única universidad en el punto de mira. Instituciones como Columbia o Princeton también han sido objeto de presión por parte del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por el presidente Trump. En algunos casos, como el de Columbia, se ha optado por acatar los requerimientos del Gobierno para evitar la pérdida de fondos, decisión que Harvard ha rechazado frontalmente.

La disputa marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el ámbito académico y el poder político, especialmente en lo que respecta al respeto a la pluralidad ideológica y la autonomía universitaria.