El Consejo de Europa exige a España modificar el blindaje de los aforamientos para combatir la corrupción

España incumple las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 de forma sistemática. Otros 12 países tienen problemas con las indicaciones de combate contra la corrupción, pero el nuestro se resiste año tras año a asumir el protocolo del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción de altos cargos del Gobierno central.

Del total de 26 países que han sido examinados por esa cuestión, España destaca en el informe anual que publica este jueves el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Los otros para los que el GRECO consideran que hay un cumplimiento insuficiente en la que es su quinta ronda de evaluación, lanzada en marzo de 2017, son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Alemania ha sido incorporada en este procedimiento por su «insuficiente progreso en la aplicación» de las recomendaciones a instancias de un informe adoptado en la plenaria celebrada esta semana por el GRECO, pero que no se ha publicado porque las autoridades de ese país todavía no han dado su autorización.

En el caso de España, el informe de seguimiento se publicó el pasado 16 de abril, y en él se concluía que se incumplen, o de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019.

En cuanto a las referidas a la prevención de la corrupción de los altos cargos del Gobierno, ese incumplimiento es sólo parcial para cuatro de las diez y total para las otras seis.

En las que tienen que ver con medidas contra la corrupción de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se cumplen parcialmente tres y las otras seis se incumplen totalmente.

Una de las sugerencias más controvertidas del Consejo de Europa es la que pide que se modifique el procedimiento de aforamiento del que se benefician los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción para que eso no interfiera con la acción de la Justicia penal.

El Gobierno se resiste

Las autoridades españolas habían respondido que era un asunto «delicado», porque esa modificación requeriría una reforma constitucional. Además, puntualizaban que no es que los aforados estén exentos de responsabilidad, sino que esa cuestión en su caso queda en manos de la sala penal del Tribunal Supremo y no de jueces ordinarios.

Para el conjunto de los 26 países que han sido sometidos a escrutinio por el GRECO, se cumplen íntegramente un 23,3 % de las recomendaciones alusivas a los altos cargos y un 37,4 % de las de las fuerzas del orden, mientras que hay un cumplimiento sólo parcial del 39,7 % y del 33,6 % y un incumplimiento total del 29 % y del 37 %.

Este organismo ha llamado la atención a España para que tome «medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible» y en caso de que no haya reacción podría activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa para que escriba al ministro de Exteriores.

Los primeros países que van a ser examinados en 2025 son Estonia, Eslovaquia, Luxemburgo y Eslovenia

El GRECO, que no tiene poderes de sanción, había solicitado a España ya en diciembre de 2023 que le respondiera a su propio informe, pero esa respuesta todavía no se conoce.

El GRECO ha puesto en marcha desde el pasado mes de marzo su sexta ronda de evaluación en la que va a centrarse en la prevención de la corrupción en las autoridades municipales y regionales (autonómicas, en el caso de España). Los primeros países que van a ser examinados en 2025 son Estonia, Eslovaquia, Luxemburgo y Eslovenia.