¿Está vigente la Constitución?

El presidente del Gobierno concede todas las exigencias que le reclaman para mantenerse en el cargo. Hablar de auténtico poder sería una exageración. Y cuando digo «todas», no me refiero a las constitucionales, sino absolutamente a todas. La última de ellas, la entrega a Cataluña del control de las fronteras y de la inmigración, constituye la destrucción de uno de los pilares del Estado, que poco a poco se derrumba. Es una demolición diferida, sin fecha fija. Los separatistas van obteniendo la independencia por entregas. La Constitución se reduce a papel, a algo nominal, no real. Es una Carta Magna ficticia, fantasmagórica.

En cierto modo, ya lo era en parte desde su aprobación, ya que algunas ambigüedades e indefiniciones permitían una cosa y la contraria. Así, «todos tienen derecho a la vida» fundamentó que durante décadas el aborto voluntario fuera tipificado como delito (solo en unos supuestos despenalizado) y actualmente esté configurado como derecho. Un mismo precepto constitucional ha permitido transitar del delito al derecho. No obstante, mientras el Tribunal Constitucional fuera, al menos en parte, independiente del Ejecutivo, podía ejercer un cierto control de constitucionalidad. Pero el caso Rumasa fue mucho más que un síntoma. Una vez sometido al Gobierno, desparece el control. Es constitucional lo que decide el Gobierno. Y eso cambia según las necesidades, es decir, de las imposiciones de separatistas y comunistas. El voto obliga. Es natural que lo que se negó hace solo unos meses, ahora se afirme, y lo que se afirmó, ahora se niegue. Pero el incumplimiento de las promesas no es un mero cambio de opinión. Quien incumple un contrato, no cambia de opinión. El Ejecutivo es incoherente hasta en la mentira (el verdadero programa de gobierno). Su presidente y sus ministros pueden proferir, simultáneamente, mentiras de contenido diferente. Es la mentira con contenido variable. El arte de la mentira se perfecciona hasta convertirse en una de las bellas artes. Y ni siquiera es preciso disimular. Una mentira se tapa con otra más grande. El ciudadano ya no sabe qué mentira creerse. Hitler, auténtica autoridad en la materia, escribió en su libro que «para tener éxito, una mentira tiene que ser enorme».

El artículo 149 de la Constitución enumera las competencias exclusivas del Estado. La segunda de ellas incluye nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. No puede ser más claro. Un viejo aforismo jurídico reza que «en lo claro no cabe interpretación». Competencias exclusivas son aquellas que nadie más puede ejercer, pues si se ceden, ya no son exclusivas. El Gobierno negó, con razón, que su cesión fuera constitucional. Ahora, cuando la exigen los separatistas, y él es pordiosero de sus votos, sostiene que se pueden ceder. Por supuesto. La voluntad de los enemigos de España decide lo que es constitucional o no en España. ¿Dónde está la soberanía nacional? Todo se puede ceder. Hasta la unidad nacional.

Como la reforma de la Constitución requiere mayoría parlamentaria cualificada y referéndum nacional, el truco consiste en ir desmontándola pieza a pieza, como un viejo mecano inservible. Que cada uno de los pasos es inconstitucional es evidente, pero ya se encargará el Gobierno de que su Tribunal Constitucional, convertido en servidor de sus decisiones, declare constitucional la demolición de la Constitución. Esa sí que es una competencia exclusiva.

La técnica del golpe de Estado ha cambiado de forma, pero no de objetivo y naturaleza. Antes consistía en la toma del poder mediante una acción más o menos violenta. Ahora es un golpe de Estado por fascículos. La letra de la Constitución no se toca, pero se destruye su música y su espíritu. Letra muerta. La Carta Magna afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el Ejército y la Guardia Civil. Pedro Sánchez añade a los mozos de escuadra. Pero la Constitución no queda violada. Solo es ampliada, mejorada. El golpe de Estado ya no es una acción concreta, con fecha fija, sino un proceso, el devenir de la infamia. Solo es menester ya acabar con la independencia que queda del Poder judicial y establecer una intensa censura informativa. Entonces el régimen de 1978 habrá muerto. Y, con él, la libertad, la concordia, la democracia, la justicia y la verdad.