Las saunas de Begoña con Muface

Muface es un organismo público que gestiona la sanidad y los seguros privados de los funcionarios que se adhieran voluntariamente, lo que en sí mismo ya plantea una paradoja: quienes sirven al Estado y cobran de él prefieren servicios ajenos a lo que ellos mismos gestionan, lo que al menos pone en duda la credibilidad de los sindicatos que les representan.

Porque no es sencillo denunciar sistemáticamente que la concertación de servicios sanitarios o educativos devalúa «lo público» y enriquece al sector privado y, al mismo tiempo, elegir esa fórmula, criminalizada para los demás.

La mutua es, además, propietaria de varios inmuebles, entre los cuales destaca uno muy conocido: el céntrico espacio de Madrid que arrendó, hace ya décadas, al padre y al tío de Begoña Gómez, lo que ya de entrada es sorprendente. Fueran quienes fueran los arrendadores, ¿qué pinta un organismo comerciando con patrimonio público?

Que una vez llegado al acuerdo, generoso en las cifras y en la duración, los beneficiarios se dediquen a montar negocios del sector del 'relax', el eufemismo con el se que bautiza a los prostíbulos para que la Administración mire para otro lado y se haga la loca, hace aún más sorprendente la decisión de Muface y apela a un trato de favor por razones desconocidas o a un fallo en cadena intolerable: si ya es insólito que un organismo se dedique a acumular inmuebles y a ponerlos en el mercado al mejor postor o al postor mejor relacionado, ¿qué decir de que allí, a continuación, se trafique sexualmente con seres humanos?

El contrato original publicado por El Debate, negado hasta ahora incluso a partidos políticos con representación parlamentaria, es en sí mismo un museo de los horrores, cargado de beneficios para los hermanos Gómez y de perjuicios para los ciudadanos, pues convierte el patrimonio público en un bien privado temporalmente a precio de ganga, alimenta el oneroso beneficio de sus explotadores y, por último, consiente que el sórdido negocio elegido ofenda a los sentidos y sea incompatible con la legislación que, en estos momentos, dice estar ultimando el Gobierno de España con el impulso particularmente intenso de Pedro Sánchez, ese cínico capaz de presumir de todo lo que carece en unas dosis del tamaño del Taj Majal.

Alguien debería tomarse en serio averiguar qué conexiones se activaron en su día para que esta parejita de hermanos especializada en la prostitución lograra el premio gordo de un local y un gran ático, pagando dos duros, lo mantuviera en el tiempo y además lo hiciera con una actividad tan incompatible con la explotación comercial de espacios de titularidad pública.

De todo ello sacó partido Begoña Gómez, criada con ese dinero, y también Pedro Sánchez, residente durante lustros en una vivienda comprada por el patriarca y disfrutada, junto a otras, por su hija y su marido: suficiente, como poco, para no admitirle al líder socialista lecciones sobre la dignidad de la mujer, que no pareció preocuparle cuando vivió en Pozuelo y veraneó en Almería gracias al éxito «empresarial» de su suegro en esos locales que tuvieron de «sauna» lo que un matadero de cerdos de restaurante vegano.

A todas esas preguntas, que requieren de respuesta en un país infernal para conseguir una vivienda o abrir un comercio, hay que añadirle una de plena vigencia: ¿Se sigue beneficiando la misma familia de esas propiedades públicas? ¿Cuáles son los usos exactos que ahora tienen el local y el célebre ático dividido en su día en habitaciones?

Sería tremendo descubrir que alguien de la familia política del presidente disfruta en el centro de Madrid de un lujoso espacio a precio de saldo o que lo ha convertido en uno de esos «pisos turísticos» que, como el comercio de carne humana, dice combatir este aprendiz de maestro Ciruela, que no sabía leer pero montaba una escuela.