El chollo de las casas de los ministros

Que haya tenido que ser José Luis Ábalos, camino de la cárcel, el que haya abierto el melón de las viviendas oficiales de los ministros acusando a Yolanda Díaz de alojar en su casa del Ministerio a personas no autorizadas, da muestras de lo enferma que está nuestra política, pero no le resta un ápice de importancia al asunto. La verdad es la verdad, aunque la diga un preso que también disfrutó de esas regalías. Antes, ocupar una vivienda de titularidad del Estado era una excepción. En el último Gobierno de Rajoy, se aprovecharon del chollo Juan Ignacio Zoido (ministro de Interior) e Íñigo de la Serna. Sin embargo, con la llegada de Pedro Sánchez se han batido todas las marcas de ocupación de instalaciones gratis et amore, situadas en magníficos barrios de la capital.

Aunque los altos cargos del Gobierno que no viven en Madrid pueden optar perfectamente al alquiler de una casa en la capital pagada de su bolsillo, la mayor parte de ellos no duda en agarrarse a la prerrogativa que les ofrecen los espacios residenciales oficiales. Hubo un tiempo en que los ministros que decidían trasladarse a estos inmuebles lo hacían exclusivamente por motivos de seguridad. Por eso, era habitual que fueran los titulares de la cartera de Interior, delegados del Gobierno, directores de la Guardia Civil o Policía, los que se afincaran en ellos. Ahora, no. Ahora, 15 de los 23 integrantes del Consejo de Ministros socialistas gozan del beneficio. El Gabinete más nutrido de la historia -cuantitativa que no cualitativamente hablando- es el más desahogado también en esto de los casalicios pagados, cuyo disfrute no solo incluye no pagarlo, sino no hacer frente a los gastos domésticos, desde luz, agua, calefacción hasta comunidad de vecinos, IBI, mantenimiento. Vamos, lo que todos nosotros costeamos religiosamente con nuestro sueldo.

Empecemos por el jefe de todo ellos. Como no podía ser de otra manera, los presidentes viven en una sede oficial, el Palacio de La Moncloa, que como es evidente responde a las necesidades protocolarias y de seguridad que exige su rango. Solo faltaría. En época de Adolfo Suárez, llegó a ocupar un ala su vicepresidente Gutiérrez Mellado, e Illa, en la pandemia, también se trasladó al complejo, invitado por el presidente; luego se alojó en un edificio del Ministerio de Sanidad. Esa sede oficial se ha convertido, según investiga la justicia, en el lugar de los negocios de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y de su asesora, Cristina Álvarez, ambas investigadas por malversación. El palacete de la carretera de La Coruña también ha albergado a otro imputado de renombre: David Azagra, de soltero Sánchez Pérez-Castejón, cuando tributaba en Portugal para no «disfrutar» de la justicia fiscal redistributiva que dicta su hermano Pedro.

Por debajo de Sánchez, tanto María Jesús Montero como Yolanda Díaz viven en sus respectivos Ministerios. La líder de Sumar disfruta de 443 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más exclusivos de la capital, sobre cuyo uso irregular ha sembrado dudas Ábalos. También evita afrontar gastos otro ministro de Sumar, Ernest Urtasun, además de Pilar Alegría, Diana Morant, José Manuel Albares, Luis Planas, Grande-Marlaska… En total, 15 titulares de cartera viven en inmuebles de Patrimonio y, cuando se les pregunta en el portal de Transparencia, la mayoría no revela sus gastos domésticos. Gastos que son suyos, pero no pagan ellos. Y ahí no queda todo: a Óscar Puente y a Ana Redondo el presupuesto público les ha costeado un millón de euros para rehabilitar sus soluciones habitacionales públicas, dos áticos de 250 metros cuadrados cada uno. Sin olvidar que Marlaska instaló una cinta de correr para su casa a cargo de las arcas públicas.

Va siendo hora de que se regule un fuero que debe ser tasado. Es evidente que los miembros del Gobierno de España no pueden vivir sin las garantías suficientes, sobre todo de seguridad. Nadie lo discute. Pero deberían ser los responsables de esa materia los que determinaran el criterio para adjudicar las viviendas públicas. Porque el sueldo que reciben los ministros -79.415 euros- les da para pagar un piso en Madrid, sobre todo los que suman un plus de circunscripción de 28.257 euros. Y si ya usas ese espacio público para cedérselo a tus subordinados por temporadas, como apunta Ábalos que podría haber hecho la ministra de Trabajo, pues el escándalo es mayúsculo. Habrá que pautarlo porque esto también apesta a abuso que ofende.