Lo que costó Begoña a la Complutense

Resulta que la Universidad Complutense, aquella que otorgó una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en 2020 a una señora que no era licenciada ni había cursado una carrera superior en su vida, se rasga ahora las vestiduras porque la susodicha, a la sazón mujer del presidente del Gobierno, se apropió de un software que le había costado a esta institución 113.509,32 euros públicos. Súbitamente, y cuando han tenido que ser otros los que han denunciado el presunto tráfico de influencias que permitió a Begoña Gómez arrogarse un título académico para el que no tenía atributos, el rector Goyache ha caído en la cuenta de que hubo un dinerito contante y sonante que fue empleado para engordar el ego de la esposa de Sánchez, a la que él iba a rendir pleitesía a Moncloa cuantas veces le llamaba. Vamos, lo que suele ocurrir con todos los alumnos de la Complu, la primera universidad española en número de alumnos: llaman al rector y este acude solícito a casa de quien le requiere y, de propina, le monta una cátedra extraordinaria para que satisfaga sus complejos académicos, con el patrocinio del mayor banco de España y de una potente aseguradora. Esto es exactamente lo que ocurre siempre. No sé de qué nos extrañamos.

Está muy bien que la Universidad se haya presentado desde octubre como perjudicada en la investigación del juzgado 41 de Madrid porque no solo el perjuicio fue por el dinero desembolsado en la herramienta tecnológica sino también por el coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración, cuantificado en 4.743,53 euros. Algo parecido a lo que ocurrió en Moncloa con la asesora Cristina Álvarez: pagada por todos, pero dedicada a servir en sus intereses mercantiles a la cónyuge presidencial.

El juez Juan Carlos Peinado necesitaba conocer el perjuicio económico para poder imponer a Gómez, en caso de que sea condenada por el delito de apropiación indebida, la responsabilidad civil correspondiente. Lo más extraño de este caso es que esa institución no hubiera dicho ni pío sobre esos recursos empleados y luego desaparecidos, hasta después de casi un lustro. Primero se crea el desarrollo tecnológico para una cátedra hecha ad hoc para la mujer del jefe del Gobierno y luego esta es registrada por ella –aunque no fuera su titular–, y en la Gerencia universitaria nadie denuncia el hecho hasta que un proceso judicial deja al descubierto la fechoría, de la que hay responsables no solo por acción sino por omisión.

Hay que hacerse cargo de que esta venerable institución académica, que fue inaugurada en 1822, lo está pasando muy mal, pues ha perdido a la «catedrática» entre su personal docente, ya que hace un año y medio decidió no renovarla. No porque fuera una estafa, no porque hubiera que acabar con el daño patrimonial que se le estaba haciendo a la Complutense, sino porque les habían pillado y el impacto reputacional era insoportable. Hasta el punto de que su propio rector estuvo imputado, si bien la Audiencia Provincial de Madrid terminó levantando la imputación. Goyache siempre defendió que él lo único que hizo fue trasladar a su entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que estudiase si era viable la creación de una cátedra para Gómez. Cátedra que ella le pidió directamente en un despacho de Moncloa. Causa-efecto se llama la operación. El rector llegó a decir sin sonrojarse que no conocía la conducta delictiva que se le atribuía.

Si finalmente Gómez es procesada, un jurado determinará si es culpable de cinco delitos muy graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. Si es así, es de esperar que, a la Complutense, con un presupuesto anual de 632,4 millones de euros (que siempre son engordados después por modificaciones de crédito), le restituyan el dinero perdido. Pero el prestigio que se dejó el día que se plegó a los deseos de una señora sin méritos para ostentar una dignidad universitaria será difícil de recuperar.