Tahúres

No es casualidad que, en una misma semana, dos instituciones del Estado hayan propinado un severo correctivo al gobierno. En el Tribunal Supremo, en el turno de conclusiones del juicio de las mascarillas, el fiscal jefe Anticorrupción ha defendido, como es su obligación, la acusación contra los procesados. Podría haberse quedado ahí, pero ha decidido, sin duda conscientemente, ir mucho más lejos. Después de censurar públicamente la actuación del poder político, que confunde las empresas públicas con chiringuitos susceptibles de acomodar a compañeros de filas, amiguetes y sobrinas, ha enmendado la plana a su superior, la fiscal general del Estado. Ha acatado el insólito mandato de no solicitar formalmente una rebaja de pena para Víctor De Aldama, pero la ha solicitado verbalmente porque la normativa le habilita para hacerlo. La ley, en ambos supuestos, por encima de las personas y sus miserias políticas. Una lección de primero de democracia que debe haber caído como sonora bofetada en el despacho de Peramato. En la Moncloa, donde iniciaron la legislatura amnistiando a una banda condenada por sedición, ya no hacen ni cosquillas. Ellos siguen a lo suyo, a seguir pedaleando, aunque sea con los pies vendados, para que no se caiga la bicicleta.

Eso es lo que ha hecho, esta semana también, el ministro de Justicia. Más les vale a los hacedores de argumentarios del palacio presidencial encontrar una excusa algo más convincente que la que ha empleado Félix Bolaños para justificar, por enésima vez, la ausencia de un proyecto de Presupuestos. Que nos diga que la incertidumbre de la guerra en Irán impide a Hacienda elaborar unas cuentas, cuando todas las empresas llevan semanas preparando supuestos y guías de actuación para enfrentar con cierta solvencia los posibles escenarios que abre el conflicto, produce más miedo que carcajadas. Esperemos que el inspector del Banco de España, que algo debe saber de estas cosas, aunque sea capaz de expresarlo con cierto desparpajo y cara de solvencia, no se lo crea.

La comparecencia del ministro para todo en la sala de prensa de la sede del gobierno se produjo, y tampoco parece casualidad, sólo unas horas antes de que el Tribunal de Cuentas emitiera su informe sobre la gestión de los dineros públicos. El usar los fondos europeos y no las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, que es el titular que ha aflorado de su dictamen, es un caso de mala praxis en la gestión de los dineros de todos que pondrá la cara colorada a Carlos Cuerpo en Bruselas. Pero no se queda ahí. Su juicio es una enmienda de totalidad a la gobernanza del Ejecutivo desde la primera a la última línea. Donde no faltan cuatro mil millones, sobran cinco mil. Donde no hay crédito, se saca de otra partida. Donde no se ejecuta un gasto previsto, se reorienta a gusto y conveniencia del que manda. Y todo sin dar explicación que se precie al ciudadano y, por supuesto, sin pasar por el Parlamento.

El Tribunal de Cuentas y el fiscal Anticorrupción llegan, desde dos puntos distintos, con pruebas fehacientes en la mano, a las mismas conclusiones: este gobierno hace y deshace a su antojo, en función de sus necesidades y caprichos, haciendo las trampas que se le antojan, pisoteando la ley y el interés del Estado.