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VertebralMariona Gumpert

Francia se ha quedado con mis hijos

Resulta curioso que llamemos solidaridad a traer hasta aquí a los jóvenes que otros países necesitarán para construir su propio futuro y, al mismo tiempo, expliquemos que nosotros los necesitamos para sostener el nuestro

Una de las muchas cosas buenas de vivir en Navarra es tener naturaleza y lugares que merece la pena visitar prácticamente en el kilómetro cero o, como mucho, a una hora u hora y media de viaje. Además, siempre puedes cruzar a Francia a comprar foie gras o esas vacunas de los niños que la Seguridad Social ha tenido a bien no cubrir y que, al otro lado de la frontera, cuestan bastante menos.

Hace unas semanas, en una de esas excursiones al país vecino, nos quedamos sin niños. Andaba yo husmeando quesos en San Juan de Luz cuando, de repente, los perdí de vista. Típica chiquillada. No hubo manera de encontrarlos.

Acudimos a la Policía Nacional, pero nos dijeron que lo que ocurriera en territorio francés no era de su incumbencia. De nada sirvió alegar que mis hijos eran ciudadanos españoles. Días más tarde, me llamó un funcionario galo para comunicarme que los niños estaban a salvo y bajo su custodia. A partir de entonces se criarían allí, en un centro de menores.

Intenté protestar, pero me explicaron que la educación española iba cada vez a peor, que nuestro gobierno era corrupto y que allí tendrían mejores oportunidades. Ahora mis hijos me llaman cuando quieren. Están aprendiendo francés, aunque nos echan de menos. ¿Qué se le va a hacer? Hay que progresar.

¿Por qué, si no aceptaríamos una situación como la descrita, la asumimos con naturalidad cuando se trata de los menores que cruzaron la frontera de Ceuta? España se está encargando de repatriar cadáveres marroquíes; el sentido común dicta que debería resultar más sencillo hacerlo con un ser vivo. A muchos de esos niños y adolescentes que se van a quedar en España —sobre todo adolescentes, no nos engañemos— deben de estar buscándolos sus padres. No sería la primera vez: ya ocurrió durante la última avalancha, en mayo de 2021.

El legalista dirá que, una vez que el niño está bajo custodia del Gobierno español, corresponde a este velar por el bien del menor. Algo que, desde luego, no admitiríamos si fuera el Gobierno francés el que decidiera quedarse con mis retoños. Hay mucho de falso paternalismo en todo esto: ¿de verdad un país capaz de levantar obras faraónicas para un Mundial de fútbol no es capaz de velar por el bienestar de sus propios menores?

Como siempre, para desentrañar misterios que desafían al sentido común basta con una instrucción muy básica: sigue la pista del dinero. Está más que documentado el negocio montado en torno a la atención a la inmigración ilegal en general y a los menas en particular. Su custodia se delega, de forma poco transparente, en un reducido número de entidades que reciben dinero público por cada menor acogido: entre 2.500 y 4.500 euros al mes. Cientos de millones de euros destinados a la acogida y un negocio que se ha disparado desde 2018.

Un negocio para esas entidades. No está tan claro que lo sea para el menor ni para España. El primero entra en un sistema de tutela que le proporciona techo, comida y cierta formación, aunque no siempre en condiciones precisamente ejemplares. A ello se suman los problemas de delincuencia registrados en torno a muchos de estos centros. Cuando llega la mayoría de edad, el sistema deja al descubierto la pregunta que quizá debería haberse planteado desde el principio: ¿para qué ha servido todo esto? Algunos consiguen empleos, por lo general precarios; otros permanecen en la exclusión, abandonan España o terminan vinculados a la delincuencia.

Pero la cuestión verdaderamente importante es otra. Incluso suponiendo que todo este periplo beneficiara al menor, incluso suponiendo que estuviéramos formando a los mejores, ¿tiene derecho un país a arrebatar a otro su bien más preciado, es decir, su gente? Sobre todo cuando uno de los grandes problemas del siglo XXI en buena parte del mundo es precisamente la falta de natalidad.

¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando el trasvase de personas en nombre, a la vez, de la caridad y de la prosperidad económica? Resulta curioso que llamemos solidaridad a traer hasta aquí a los jóvenes que otros países necesitarán para construir su propio futuro y, al mismo tiempo, expliquemos que nosotros los necesitamos para sostener el nuestro. Desengañémonos. Todo esto sirve, sobre todo, para lavar conciencias políticas y personales mientras unas cuantas ONG sacan tajada de la desgracia ajena.

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