El Estado de bienestar contra el bienestar del Estado
Andalucía y Madrid representan una alternativa a la empobrecedora y confiscatoria política fiscal de un Gobierno incapaz de otra cosa que miseria
El Gobierno de Sánchez ha salido en tromba a intentar frenar, como sea, la política fiscal que Andalucía quiere aplicar, en la senda de Madrid, para reducir el extenuante esfuerzo económico que hace la sociedad en plena crisis y aplicarse en la Administración los ajustes que trabajadores, empresas y familias vienen haciendo prácticamente desde que hace quince años azotara otra recesión.
De entrada, resulta sorprendente que Sánchez se permita exigir explicaciones a Feijóo, Moreno o Ayuso por intentar atenuar los estragos económicos de la ciudadanía, en lugar de correr a darlas desde una evidencia incontestable: mientras todo el mundo ha reducido al menos un 11 por ciento su renta o ahorros, depreciados por la inflación, el Estado bate récord de recaudación con unos «beneficios caídos del cielo» que a finales de año pueden alcanzar los 32.000 millones de euros.
Y de salida, es directamente escandaloso que la respuesta a Moreno, Ayuso, Mañueco o cualquier presidente que apueste por la reducción del esfuerzo fiscal sea coquetear con la recentralización fiscal o incluso utilizar la ley para acabar con esa autonomía económica de las regiones populares.
Si algo necesita en España una visión común no es precisamente la cuestión fiscal madrileña o andaluza, sino la vasca o navarra: es allí donde, con coartadas históricas, se han consagrado privilegios propios de paraísos fiscales que también se intentan aplicar en Cataluña por las mismas razones de estricta dependencia parlamentaria.
Y puestos a recuperar competencias transferidas, la educación o la política penitenciaria son mucho más acuciantes. Que el mismo Gobierno que ayuda al PNV a liberar a etarras trasladados a sus cárceles o auxilia a ERC a abolir de facto la enseñanza en español en la escuela pública catalana elija, como objetivo prioritario, una especie de «155 fiscal» para Madrid y Andalucía, es inaceptable.
Como lo es también la excusa de que, gracias a esa recaudación voraz, se pueden sostener los servicios públicos esenciales: Madrid recauda más que nadie con menos presión fiscal, y además puede ser solidaria como ninguna con las regiones más desfavorecidas, como prueba su hegemónica aportación a los fondos de cohesión interterritorial, superior al 70 por ciento del total.
Andalucía ahora, como antes Madrid y después España si prospera el relevo en Moncloa, aplica simplemente un razonamiento de elemental sentido común: la sociedad no puede deteriorarse hasta el infinito ni el Estado engordar sin límites al mismo tiempo con un argumentario falso sobre el bienestar que, en realidad, esconde el sostenimiento de una industria política inútil y costosa.
Los presidentes de Andalucía y Madrid tienen razón, pues, y Sánchez falsea la realidad alertando sobre un peligro fiscal inexistente que tolera allá donde le interesa y solo aspira a perpetuar un régimen asistencial incompatible con la prosperidad.
No se trata de dejar sin recursos al Estado, sino de darle los necesarios para que cumpla su función sin dañar a la sociedad civil, la única que puede sembrar la prosperidad en un país moderno y con esperanza. La que Sánchez le ha quitado con la peor gestión que se recuerda desde 1978.
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