02 de febrero de 2023

Editorial

Peligro en el Tribunal Constitucional

Las vocales Segoviano y Balaguer han respaldado saltarse la ley para atender el objetivo de Sánchez de ceder al nacionalismo, con un discurso que exige una respuesta contundente

Dos magistradas del Tribunal Constitucional han coqueteado, en las últimas horas, con la peligrosa y falaz idea de que la ley no es suficiente para justificar el rechazo a las aspiraciones del independentismo catalán, en la misma línea política que Pedro Sánchez y su Gobierno vienen sosteniendo, de una manera frontal o indirecta, desde el comienzo de su legislatura.
María Luisa Segoviano, recién elegida por consenso por el Consejo General del Poder Judicial, se ha descolgado con unas sorprendentes declaraciones en las que, si bien no daba por aprobado el inexistente derecho a la autodeterminación, no lo consideraba anatema.
Y su colega y tocaya María Luisa Balaguer, vocal del órgano gracias a la promoción del PSOE andaluz, ha llegado a sostener que la ley no es suficiente para gestionar un problema político con límites legales y que, en consecuencia, es legítimo soslayarla para alcanzar un bien supuestamente mayor.
Se trata de dos posicionamientos irresponsables, indignos de quienes han sido designados para custodiar los valores constitucionales y en realidad parecen dedicarse a alterarlos con una falsa apariencia de legalidad, pero muy indiciarios de la política puesta en marcha desde la Moncloa.
Porque se atisba en el horizonte una especie de legitimación de cualquier maniobra que, al margen de los procedimientos inherentes a un Estado de derecho digno de tal nombre, legalice un atraco a la soberanía nacional adaptado artificialmente a las necesidades del presidente y los peajes que le impone su nefanda intervención nacionalista.
La Constitución es, ante todo, una norma que regula la convivencia entre distintos y perfila las reglas para defender aspiraciones de toda laya, incluso aquellas incompatibles con su letra y su generoso espíritu. Y también fija los procedimientos para pelear democráticamente por esos objetivos, respetando la manera de lograrlos para que nadie sienta mancillado sus derechos.
Si sus custodios se erigen en paladines de su destrucción, la democracia queda herida de muerte. Y eso es lo que han hecho Segoviano y Balaguer al sugerir que existe una manera de legalizar los ensueños nacionalistas al margen del camino que imponen la ley y el sentido común, portadores de derechos colectivos resumidos en el concepto de soberanía nacional.
Sus excesos, indignos de dos magistradas cuyo conocimiento de la ley de leyes aprobada en 1978 ha de darse por supuesto, confirman una deriva sonrojante iniciada por el indulto a delincuentes, sin razón alguna como demostró El Debate al publicar los expedientes secretos de la impunidad de Junqueras y compañía; continuada por la derogación de los delitos cometidos, para que nunca más tengan reproche penal; y coronada al parecer por la legalización de sus aspiraciones.
Que semejante secuencia la rubrique Sánchez es una lástima, pero no una sorpresa. Pero que la firmen de algún modo dos magistradas del Constitucional, cuyo mandato durará nueve largos años, es un escándalo frente al que no caben medias tintas.
Si grave es que una parte del Parlamento esté dispuesto a ceder lo que no está en su mano, mucho más lo es que el órgano de garantías parezca ya dispuesto a consolidarlo con un fraude de ley que merece ser señalado y denunciado desde el primer minuto. Solo así tendrá remedio o, al menos, la réplica que merece.
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