Jumilla, el islam y los valores europeos

El Gobierno ha sugerido que iniciará una investigación para ver si constituye un «delito de odio» la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, el que sus instalaciones deportivas se utilicen solamente para ese uso deportivo o para las actividades municipales, excluyendo, entre otros, los actos religiosos. La medida del Gobierno municipal del PP ha sido interpretada por el Ejecutivo de Sánchez y su entorno mediático como una limitación de los derechos de culto y libertad religiosa de los musulmanes, que habían celebrado en esos recintos algunas de sus fiestas.

Sorprende la rapidez con que el Gobierno reacciona, sin pedagogía alguna, a decisiones que pueden y deben ser discutidas -pero son legítimas en un Estado de derecho si se argumentan correctamente- y la lentitud exasperante, cuando no la indiferencia, ante otras incluso judicializadas o legalmente proscritas, sean la persecución del español en Cataluña o la exaltación de terroristas en el País Vasco o Navarra.

Y todavía escama más la ligereza despectiva con que se acepta la persecución de la religión católica, indispensable para entender Europa e inherente a la cultura, los valores y la identidad de los españoles; y la celeridad con que se defiende otras confesiones sin duda más lejanas y controvertidas.

En España, desde trincheras sectarias, se denigra habitualmente la utilización del espacio público con las maravillosas procesiones de la Semana Santa; se persigue la libertad de elección educativa con la asignatura de Religión o la enseñanza concertada si aparece la Iglesia o se transforman los repudiados casos de pederastia en una causa general contra los sacerdotes, despreciando las evidencias irrefutables de que no representan al conjunto de la institución y que esta ha luchado como nadie para combatir esa vergüenza y pagar por ella.

Entrando en el fondo del asunto, España es un país oficialmente aconfesional que protege la libertad de culto, lo que avala por igual la celebración de cuantos ritos tengan por propios las distintas confesiones. Pero también es un Estado de derecho avanzado, sustentado en la igualdad, la Ilustración, las leyes y las costumbres más avanzadas que sin duda ha alumbrado la humanidad, con su doble origen judeocristiano y grecolatino.

En ese sentido, la libertad religiosa nunca puede conculcar o subordinar los valores y normas definitorias de la democracia liberal occidental, cuya defensa no admite excepciones ni coartadas de ningún tipo: se puede ser musulmán y practicar libremente ese credo, sin duda, pero solo hasta donde hacerlo no rebase las líneas rojas institucionales, jurídicas y culturales que tenemos y hemos de defender sin ningún complejo.

Y es bochornoso que esa máxima se aplique con quien no la necesita en realidad, con constantes advertencias políticas al español corriente por su género o ideología, como si fueran pecados originales que les predisponen al exceso; pero se diluya con quienes no asumen de manera rutinaria la igualdad entre hombres y mujeres; la separación entre el Estado y la fe o incluso la diversidad sexual.

Aceptar el concepto de democracia occidental no puede ser negociable. Y aplicarlo sin excepciones, tampoco. No es solo una cuestión identitaria, como sostienen quienes transforman un asunto central del futuro europeo en una burda polémica racista con inmensa frivolidad: es también, y ante todo, una defensa de la libertad real, la igualdad sin fisuras y el derecho más sofisticado.

Se puede ser musulmán y celebrarlo, por supuesto, pero nunca a costa de dejar de ser demócrata, pacífico y respetuoso con el código moral, legal, cultural y humano que nos define, del que debemos sentirnos orgullosos.