De aquellos polvos vienen estos lodos

Dice el conocido refrán español que de aquellos polvos vienen estos lodos, para expresar que «la mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos, e incluso de hechos aparentemente poco importantes».

En la presente legislatura son hechos indiscutibles: que tenemos un Gobierno de coalición del que forman parte los comunistas y antisistema; que las mayorías aritméticas con las que se aprueban las leyes están integradas por lo general por el partido Nacionalista Vasco, los secesionistas catalanes y los Bildu-etarras; que el Gobierno de la nación ha indultado a los sediciosos condenados por el Tribunal Supremo; que el Gobierno infringió la Constitución en dos ocasiones al decretar el estado de alarma durante la pandemia; que la luz y los combustibles han subido en porcentajes jamás alcanzados en nuestra historia; que miles y miles de personas relacionadas con el mundo rural se acaban de manifestar en Madrid; que hay un importante sector del transporte de mercancías que está en huelga; que la flota pesquera gallega está amarrada en puerto al no poder soportar los costes del combustible; etc.

Pues bien, tal y como dice el refrán reseñado nada de lo que antecede es casual, sino que es consecuencia del voto del pueblo español, en quien reside la soberanía popular. Es verdad que los resultados electorales no obligaban al partido mayoritario a constituir el actual Gobierno «Frankenstein». Pero también es verdad que dicha formación podía optar legítimamente por gobernar en coalición y lo hizo voluntaria y libremente.

Que el pueblo soberano es el que acaba decidiendo quienes serán los gobernantes resulta de la Constitución que establece que los ciudadanos participan periódicamente en la libre elección de sus representantes, mediante «sufragio universal, libre, igual, directo y secreto» (art. 68). Desde un punto de vista instrumental, el voto se deposita con el fin de que cada ciudadano elija en libertad al partido que mejor represente su voluntad en la gobernanza de la nación. Este rasgo, que diferencia nítidamente un sistema democrático de otro que no lo es, no puede entenderse, como dice Mercedes Cabrera, en la acepción formal o rituaria, sino que hay que llevarlo a la esencia del concepto libertad. Recuérdese, además, que la libertad es uno de los principios inspiradores del Estado social y democrático de derecho (art. 1.1) y que el propio art. 23.1 señala que el derecho de participación exige inexcusablemente la libertad en la elección.

De lo que antecede se desprende que el voto, tal y como está concebido en la Constitución, tiene un sentido positivo o de utilidad, o si se prefiere, de responsabilidad, en la medida en que se trata de que cada elector escoja la formación que, a su juicio, está mejor preparada para ejecutar el programa que más se ajusta a su manera de concebir la actuación política. Sin embargo, el hecho de que el sufragio sea libre y secreto permite al votante adoptar la postura que desee, incluida la más irresponsable.

Por otra parte, el secreto del voto hace posible la verdadera libertad de decisión, hasta la más descabellada, ya que no se sabe el sentido del voto ni el votante tiene que dar explicación alguna sobre éste. La citada Mercedes Cabrera recuerda que esta característica afecta también al principio de libertad, en la medida que permite eludir coacciones o intromisiones en el sufragio libremente emitido. Por ello, amén de garantizar el principio de libertad ideológica del art. 16.2, obliga –continúa esta autora– a la Administración electoral a facilitar los medios técnicos y materiales que garanticen este secreto (cabinas, urnas, etc.). Ahora bien, el secreto es un derecho y no una obligación, pues nada impide al ciudadano hacer público el sentido de su voto y, de hecho, esto ocurre con relativa frecuencia durante las campañas electorales e incluso el propio día de las elecciones.

Mas si la acción de un determinado Gobierno resultara desastrosa para los intereses de la generalidad (piénsese por ejemplo en una intervención de los llamados «hombres de negro»), habría ciudadanos que podrían preguntarse si es democrático que el pueblo persista en el error y la mayoría siga votando a la formación política que gobernó. Pues bien, por muy incoherente que parezca, los ciudadanos pueden seguir votando a la peor de las formaciones políticas aún siendo, por ejemplo, la que más ha incumplido sus promesas electorales.

Podría pensarse que es una disfunción de la democracia carecer de un sistema para corregir errores electorales manifiestos. Pero nada más alejado de la realidad. La libertad de voto es tan consustancial a la democracia que está por encima de cualquier circunstancia, incluida una especie de garantía de buen Gobierno. Y por eso es preferible un mal Gobierno, pero surgido de la libertad, que un Gobierno eficiente que se basara en la restricción de ésta.

• José Manuel Otero Lastres es catedrático de Derecho Mercantil