El orgullo de ser español: frente a los complejos y la estigmatización

España atraviesa una profunda crisis de identidad en la que, paradójicamente, el ejercicio del patriotismo ha sido desplazado del discurso político dominante promovido por la izquierda y los movimientos nacionalistas, que lo estigmatizan mediante el control del poder mediático, educativo y cultural. En este contexto, reivindicar el orgullo de ser español se ha convertido en un acto contracorriente, pero necesario para preservar la cohesión nacional, la soberanía y el legado histórico y cultural que nos pertenece como nación y como civilización.

En muchas democracias consolidadas, como Francia o Estados Unidos, el sentimiento nacional se articula como un elemento vertebrador de la sociedad, sin que ello implique supremacía ni exclusión. Sin embargo, en España, buena parte de la izquierda ideológica y los nacionalismos periféricos han promovido la idea de que manifestar el amor a la patria o enarbolar la bandera nacional equivale a una adscripción reaccionaria o autoritaria, o lo que es lo mismo, ser facha. Esta identificación reduccionista de la identidad nacional con una determinada ideología política ha dado lugar a un clima de censura simbólica y desprestigio nacional incomprensible.

A esta tendencia de la izquierda y los nacionalismos se suma la actitud pasiva y acomplejada del Partido Popular, que, por temor a ser tildado de facha o por mero cálculo electoral, ha renunciado a liderar una defensa firme de la identidad española. Este silencio, que muchos interpretan como cobardía política, ha dejado un vacío que únicamente ha sabido ocupar Vox, cuya narrativa, sin embargo, ha sido objeto de caricaturización sistemática. En consecuencia, hemos llegado a una situación en la que España es uno de los pocos países del mundo donde una parte significativa de la clase política y académica se avergüenza de su bandera, de su idioma común, de su historia y de su país.

Este desapego se vuelve aún más alarmante ante el auge de culturas ajenas que, lejos de integrarse en los valores constitucionales, promueven códigos seculares arcaicos religiosos abiertamente incompatibles con los derechos fundamentales, como la igualdad entre mujeres y hombres, los sistemas democráticos y las libertades.

Sin embargo, estamos viendo el renacer de cómo cada vez más jóvenes, conscientes de esta manipulación cultural, están recuperando con orgullo el sentido de pertenencia a su nación, reivindicando la historia, la bandera y los valores constitucionales como elementos de identidad colectiva que les unen, no que les dividen. Este resurgir de patriotismo cívico se refleja en movimientos sociales, en actos públicos y en el rechazo al discurso que asocia el amor a España con posiciones extremas. Sin embargo, sólo algunos partidos —y de forma más clara, Vox— han asumido con firmeza la defensa de este sentimiento legítimo, mientras otros, por cálculo o miedo, continúan guardando un silencio que refuerza el relato de quienes buscan deslegitimar el orgullo nacional.

Ante este vacío, resulta fundamental reivindicar que sentirse español no es un acto de confrontación, sino un ejercicio democrático y legítimo que fortalece la cohesión social y el respeto a nuestra Constitución.

Reivindicar el orgullo de ser español es, por tanto, defender el principio de igualdad ante la ley, la unidad del Estado como garante de los derechos sociales y civiles, y la lengua común como instrumento de integración. No se trata de imponer una visión monolítica de la nación, sino de reclamar el derecho a sentirse parte de una historia común sin ser acusado de fanatismo por ello. Ser español es reconocer una cultura rica y diversa, una lengua que nos une y una soberanía que no puede ser entregada a intereses fragmentarios ni a ideologías que promueven el resentimiento como motor político.

España necesita recuperar su autoestima. Necesita líderes que no teman expresar su amor por el país ni defender sus símbolos sin complejos. Porque sin orgullo nacional no hay cohesión, y sin cohesión no hay democracia que pueda sostenerse.

• Elena Ramallo Miñán es doctora en Derecho e investigadora en Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia