Política exterior española: un consenso necesario
El fin no sería otro sino garantizar que las medidas de mayor calado cuentan con el consenso y respaldo de la oposición, y que ésta a su vez se comprometa a no desbaratar las actuaciones ya iniciadas cuando llegue al Gobierno
Han pasado ya suficientes días desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiese avalar el plan marroquí de integración del Sáhara y parece adecuado intentar una reflexión que vaya más allá de las circunstancias aisladas de este fuerte giro de la política exterior española en relación con la excolonia y nuestro vecino del sur.
El cambio de posición de España en este conflicto del Sáhara no es sino resultado de una serie continuada de errores en nuestra actuación exterior. La consiguiente pérdida de peso específico de España en el escenario internacional ha permitido que un vecino con un potencial político, económico y hasta militar netamente inferior al español se haya encontrado en posición de fuerza en el tenso pulso que ha mantenido con nosotros a lo largo del último año.
No es este el momento de analizar en concreto los hechos que han provocado esa debilidad de nuestra posición internacional. Más bien creo que es conveniente analizar sus causas, pues ésta es exclusivamente una: desde el comienzo de nuestra democracia, la política exterior española es absolutamente dependiente respecto a los sucesivos cambios de Gobierno. Y si la alternancia política en una democracia es algo normal y hasta bueno, la alteración de las relaciones internacionales de un país a resultas de sus oscilaciones electorales resulta funesta y casi suicida, como se empieza a advertir en nuestro caso.
Para que se comprenda bien el problema y se pueda rectificar para el futuro hay que entender que la política exterior de un país es una política de Estado y que, en consecuencia, no debe verse perturbada por los vaivenes políticos internos. Ese hecho, primordial para la buena llevanza de las relaciones internacionales, exige que la acción exterior se fundamente sobre dos sólidas bases, una externa y otra interna. La externa es la más obvia: se ha de actuar con lealtad, inteligencia y perseverancia para trazar unas relaciones exteriores sólidas que minimicen los riesgos y permitan explotar las ventajas del propio país. Pero la interna, aunque menos visible, no es menos importante, al menos en una democracia: la actuación exterior ha de contar con el necesario consenso interior para que, de un modo u otro, no se vea perturbada por los cambios en la aritmética electoral. En caso contrario, por bien dirigida y orientada que pueda estar la política exterior de un determinado Gobierno, los bandazos que provocará su salida serán tan graves que arruinarán la confianza y credibilidad que el país pueda suscitar entre sus posibles aliados. Esto, ni más ni menos, es lo que le viene sucediendo a España.
Como ya he dicho, no pretendo analizar aquí los hechos donde se ha plasmado esa grave inconsistencia de nuestra política exterior, pues son materia más bien de la crónica política y no quiero incidir en ellos. Cualquier lector podrá poner sus ejemplos. Juzgo en cambio absolutamente necesario que los que siguen siendo partidos mayoritarios de la política española sean conscientes del problema y abandonen los reproches mutuos para consensuar a partir de ahora la cuestión. Una política exterior seria ha de ser ajena a los ciclos electorales, de forma que no sufra mutación con los sucesivos cambios de Gobierno.
Si lo hasta aquí expuesto es aceptado, lo lógico sería que esos consensos se articulasen en un pacto de Estado, del mismo tipo a que se ha llegado o se pretende llegar en otras materias. Dicho pacto no tendría que tener contenidos sustantivos: al fin y al cabo, los ejes de nuestra política exterior son obvios y compartidos, y más allá de ciertos matices −algunos casi calificables de folclóricos−, no existen graves diferencias que impidan una actuación concertada. Se trataría de articular unas reglas de juego que permitan dotar de unidad a nuestra actuación internacional, alejándola de la disputa política. El fin no sería otro sino garantizar que las medidas de mayor calado cuentan con el consenso y respaldo de la oposición, y que ésta a su vez se comprometa a no desbaratar las actuaciones ya iniciadas cuando llegue al Gobierno −una circunstancia, por cierto, normal en democracia, que no sé por qué los políticos españoles tienden a no asumir−.
Este espíritu de consenso o de pacto, contrariamente a lo que podría pensarse, no exigiría de una «tecnocratización» de nuestra política exterior. España cuenta con un excelente cuerpo diplomático, que conoce bien su labor y puede realizarla con extrema eficacia. Pero ello requiere de un respaldo político, es decir, de un ministro de Relaciones Exteriores de suficiente madurez y peso en su propio Gobierno y, quizá, en su propio partido, que sea capaz de mantener su materia alejada de injerencias políticas internas. Si todo ello se hace con constancia, las supuestas debilidades de España se convertirán en unos años −pues los frutos de todo esto exigirán de tiempo y paciencia− en fortalezas. Y no se olvide que la política exterior acaba revirtiendo en el prestigio de una nación y la prosperidad de sus ciudadanos.
Bruno Rodríguez-Rosado es catedrático de Derecho civil en la Universidad de Málaga
