¿Cuándo y por qué nos extraviamos?
Se ha consolidado la existencia de una sociedad resignada ante el poder, acomodaticia y nada activa socialmente
En este artículo pretendo analizar cuándo, en el camino, se perdió nuestra sociedad y por qué causas, aunque no es fácil acometer esa reflexión, pues lo cierto es que, en ese camino, han sido muchas las circunstancias que han actuado como catalizador de nuestro extravío.
Pues extravío es lo que se ha producido en el tránsito de nuestra estructurada sociedad –ansiosa de la libertad que procuró la transición hacia el sistema constitucional democrático de 1978– hasta llegar a su descomposición, pérdida de objetivos de cohesión social, falta de respeto a los discrepantes y merma de nuestros derechos y libertades, provocados por las «tribus» de extrema izquierda que tienen secuestrado al PSOE por culpa del irrefrenable deseo de mantenerse en el poder propio del sanchismo.
Sin embargo es necesario reconocer circunstancias anteriores a la influencia política de los movimientos populistas de ultraizquierda en el proceso sobre el que reflexionamos.
El franquismo facilitó un muy alto desarrollo económico –que no ha vuelto a alcanzarse desde entonces– pero a costa de la represión de la libertad política –que no personal– que dio lugar a una sociedad de mayoritaria clase media conformista, acostumbrada a su carente influencia política y con un sentimiento sublimado de obediencia, actitud que se extendió a la clase trabajadora cuyo trato beneficioso por el franquismo, con educación gratuita y obligatoria, sanidad pública, horarios y vacaciones garantizados y más de 8 millones de viviendas sociales entregadas, la llevó a unirse a la pasividad social y obediencia al régimen casi de igual manera que la clase media.
Todo ello facilitó el pacífico proceso de transición y la aprobación de la Constitución democrática de 1978, que han dado lugar al período más largo de libertad y paz de nuestra historia.
Sin embargo, y a mi juicio, la Constitución de 1978 perpetuó la falta de participación activa de la «sociedad civil», articulando el protagonismo político a través de los partidos y sindicatos subvencionados, de tal modo que la participación política de los ciudadanos se limita a votar en las elecciones cada cierto tiempo.
En definitiva, y en la práctica, se ha consolidado la existencia de una sociedad resignada ante el poder, acomodaticia y nada activa socialmente, dominada por los partidos políticos más preocupados por los intereses electoralistas y de acomodo económico de las «tribus» que los conforman, que en solucionar los problemas reales de los ciudadanos, ejerciendo un monopolio de la actividad política que restringe, y aun deslegitima las acciones de la sociedad civil.

Además, el desafortunado régimen de las autonomías consagrado constitucionalmente, unido al sistema electoral D'Hondt y la conformación de las circunscripciones electorales por provincias, ha producido una importante distorsión en la representación parlamentaria del pueblo, que prima a los partidos localistas, separatistas e independentistas, que han condicionado la política nacional muy por encima de la población minoritaria que representan.
Llegados a este punto los movimientos populistas de ultraizquierda antisistema y de tendencia woke –los ofendiditos– se empeñaron en superar lo que ellos denominaron «bipartidismo», aunque nunca existió un auténtico bipartidismo, pues los Gobiernos que desde 1975 se han formado, lo han sido en la mayoría de los casos por pactos con fuerzas minoritarias, siendo excepcionales los gobiernos sustentados en mayorías absolutas; pero esos mismos partidos se han acomodado sin pudor al sistema del monopolio de la participación política a través de los partidos, desviando su foco de actuación desde los «indignados» a los «afiliados».
Este proceso de eliminación de la acción política de la sociedad civil y del inamovible poder de los partidos ha dado lugar a una ínfima calidad política de la ciudadanía, que se refleja certeramente en la manida expresión «tenemos lo que nos merecemos».
El remate definitivo de todo este proceso, que nos ha traído a la inasumible situación que soportamos, ha sido la formación de una coalición parlamentaria de Gobierno entre el PSOE y las fuerzas populistas de extrema izquierda –Podemos, Más País, Mareas y grupúsculos satélites del comunismo–, separatistas e independentistas –PNV, ERC, JPC, Compromís–, filoetarras –EHBildu– y localistas extremos –Coalición Canaria y Teruel Existe–.
Toda esta coalición ha buscado la transformación de nuestra sociedad en base a las teorías de Gramsci, Laclau o Mouffe, de conquista de todos los centros de poder sociales, con el fin de dominarlos y transformar, mediante su destrucción, la sociedad conformada sobre esquemas liberales democráticos.
Su esquema de actuación se fundamenta en la idea de que nada en la sociedad es lo que hasta hoy hemos creído –ni principios, ni sexo, ni religión ni familia, ni derechos individuales ni libertad– considerando que todas estas «realidades» no son tales, sino meras construcciones sociales que hay que «deconstruir», dando paso a su desaparición, creando un caos moral en que el relativismo sea el principio esencial, con el fin de crear una nueva sociedad que, como el comunismo, permita la creación de un hombre nuevo, con una moral nueva, unos intereses nuevos y unas necesidades nuevas, conectando con las pretensiones de la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial de Davos, promovido por Klaus Schwab, que anticipan que en el futuro, en ese nuevo mundo que pretenden, «no tendremos nada pero seremos felices».
Sin embargo las sociedades occidentales están empezando a reaccionar contra esa política ultraizquierdista apadrinada por los partidos socialdemócratas europeos, y así vemos cómo el proceso analizado está empezando a ser contestado en distintos países europeos en los que la derecha política está dando su batalla y conquistando nuevos gobiernos.
De hecho, en estos momentos, son países europeos en los que gobierna la derecha: Reino Unido, Países Bajos, Italia, Suecia, Finlandia, Polonia, Grecia, Hungría, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Letonia, y Lituania, siendo destacable que muchos de esos países sufrieron dictaduras comunistas hasta la caída del Telón de Acero y la desintegración de la Unión Soviética.
Nuestra esperanza es que, en las elecciones de diciembre, España se sume a la lista comentada.
- Jesús Fernández-Miranda y Lozana es abogado