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13 de junio de 2024

En primera líneaJosé Antonio García-Albi

Lawfare: ha llegado el momento de recordar a...

En Cataluña los ejemplos de hechos contra la independencia de los jueces son excesivamente elevados para coexistir con el más pequeño de los principios democráticos; comenzando por los ataques a la casa de Llarena

Actualizada 01:30

Últimamente se usa mucho la palabreja lawfare. Su traducción literal sería guerra judicial, pero en la práctica es lo que dicen unos delincuentes cuando un juez quiere aplicar la ley sobre las actuaciones de los mismos. Es como cuando en el colegio se decía aquello de que la maestra me tiene rabia, pero a lo bestia. Nosotros, en España, no conocemos casos de guerra judicial contra nadie (salvo, si acaso, la de De Prada contra Rajoy). Pero conocemos muy bien lo que significa la guerra contra la justicia. Hoy que se calumnia a nuestros jueces y fiscales con acusaciones falsas de utilización ilegal de su función jurisdiccional, es el momento preciso para recordar de qué va la guerra contra la justicia en nuestro país y recordar y honrar a jueces y fiscales víctimas de dicha guerra.

ilustracion justicia mazo juez

Lu Tolstova

Recordar a Javier Ybarra y Bergé que cuando presidía el Tribunal Tutelar de Menores de Bilbao fue víctima de un cruel secuestro y asesinato a tiros por ETA. También al juez de paz de Lemona, Javier Jauregui Barnaola, acribillado por el comando Kioto en 1978.

Mientras Sánchez y sus socios buscan vanamente algún caso de guerra judicial, tenemos la obligación de recordar los efectos de la guerra de sus socios contra la justicia. Y contar que dos etarras que siguen sin responder, acabaron a tiros con la vida del Magistrado del Supremo José Francisco Mateu en la puerta de su casa, ocho años antes de que la banda también lo hiciera con la vida de su hijo, el teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu en Guipúzcoa. El magistrado Miguel Cruz Cuenca fue asesinado por el GRAPO antes de que ETA acabara a tiros con la vida de la fiscal Carmen Tagle y con el expresidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Entre medias, un cobarde alias Fitipaldi envió un paquete bomba a Fernando Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional, crueldad que le provocó la pérdida de ambas manos y la ceguera.

Por eso creo que cuando en el parlamento se hable de esa calumnia que llaman lawfare o cuando una diputada, haciendo de Robespierre preparando la guillotina, señale nominalmente a jueces, la oposición debiera responder, entre otros argumentos, con los nombres de las víctimas antes citadas. A las que, por supuesto, hay que añadir los del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, el de Luis Portero García fiscal jefe del T.S de Justicia de Andalucía y el del Juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón Corbi. Los tres asesinados a balazos.

También pueden indicar que el terrorista que tiene que votar a Sánchez, Txapote, tiene aún que responder por la presunta orden de atentar contra el fiscal Portero y de la autoría del atentado con coche bomba que costó la vida del Magistrado del T.S. José Francisco Querol Lombardero, la de su chofer, su escolta y la de un conductor de la EMT contra cuyo autobús impactó, debido a la explosión, el automóvil del magistrado. En esta ocasión, de un plumazo cuatro vidas y más de 60 heridos; el lawfare de Txapote. También hay jueces heridos como Jiménez –Alfaro o atentados fallidos como el de Goñi Larumbe.

Asimismo, vivimos otros tipos de ataques a la justicia. Por ejemplo, el pasado mes, PNV y Bildu juntitos convocaron una manifestación contra el Tribunal de Justicia del País Vasco. El partido que gobierna en la comunidad, junto con el partido de la ETA presionando a la justicia y manifestándose contra su independencia. Y en Cataluña los ejemplos de hechos contra la independencia de los jueces son excesivamente elevados para coexistir con el más pequeño de los principios democráticos; comenzando por los ataques a la casa de Llarena.

Nada me extraña del comportamiento del «Tirano Banderas» que preside el Gobierno, ni de sus socios de legislatura. Pero que el PSOE como colectivo de personas no haga nada por proteger la independencia judicial y defender la honorabilidad y probidad de los jueces es de, valga la expresión, juzgado de guardia. Se han puesto al mismo nivel de catadura moral que sus socios, entre los que se encuentran los autores de la guerra contra la justicia mencionada más arriba.

De modo que contra las acusaciones del invento ese del lawfare y contra el señalamiento de magistrados y fiscales hay que levantarse y citar, entre otros hechos, la lista de las víctimas asesinadas o heridas en esa cruenta guerra contra el estado de derecho. Honrar su memoria con sus nombres y con la explicación del modo en el que fueron atacados.

Y con respecto a las propuestas de crear comisiones para investigar y amedrentar a jueces y magistrados, sería muy de agradecer que los partidos de la oposición esgriman la lista de los 379 crímenes de ETA sin resolver. Y se proponga la creación de comisiones de investigación para averiguar si algún cargo público, de la instancia que sea, o si algún dirigente de algún partido, tienen conocimiento de datos que puedan arrojar luz a la Audiencia Nacional para ir resolviendo esos atentados. Así como si estuvieran incumpliendo el deber de colaborar con la justicia. Porque parece lógico pensar que en todo el colectivo EHBildu/Sortu, la alternativa KAS con otro nombre, seguro que hay presuntos conocedores, cómplices, encubridores o incluso presuntos autores de algunos de esos crímenes sin resolver.

  • José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario
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