El bien y los bienes en Venezuela
La cuestión es que la Administración Trump tampoco debe confundir el bien con los bienes. Porque el dinero del petróleo está muy bien, pero sólo si se destina al pueblo venezolano, sin perjuicio del resarcimiento que corresponda, en su caso, siempre que no sea algo confiscatorio
Una clave de comprensión de lo que está sucediendo en Venezuela pasa por distinguir entre el bien y el mal. Y pasa también por no ocultar deliberadamente la verdad, para no asfaltar ese «camino hacia el infierno», al que se refería Pérez-Maura recientemente… Otra clave a tener en cuenta exige prescindir de esa idea marxista, tan extendida, sobre el Derecho como 'superestructura' formal. Porque el Derecho o es lo justo y lo bueno, por tanto, o no es nada más que un conjunto de reglas (como «de derecho natural artificial» o como las «instrucciones de la lavadora»), sin otro fundamento que el del propio poder público, incluso, cuando este sea ilegítimo. Y una tercera clave es algo que repetía con frecuencia mi padre, que no hay que confundir el bien con los bienes (porque estos sólo tienen que ver con el bien, cuando se utilizan para hacer el bien).
El presidente del Gobierno de España se ha puesto muy estupendo para condenar la operación de los Estados Unidos de América –del pasado día 3 de enero–, consistente en «extraer» de Venezuela a su narco-dictador y torturador, Maduro, junto con su mujer. Y considera esa operación una injerencia de Trump, apelando expresamente a la soberanía y a la integridad territorial de Venezuela que, sin embargo, él mismo no respeta en España, donde las pisotea a diario. Porque ignora la primera, al incumplir por sistema la Constitución –que es expresión del poder soberano del pueblo español–, y porque mantiene acuerdos de tracto sucesivo para vender la segunda (la integridad territorial), a trozos, al ir borrando la presencia del Estado español en parte de sus territorios… Y todo ello a cambio de seguir okupando la Moncloa, para su beneficio personal y familiar, y no para el bien común de todos los españoles.
Por el contrario, más de la mitad de los españoles han compartido esa alegría inmensa, aunque contenida, de los venezolanos que viven en España –y en el resto del mundo (en torno a 8 millones de exiliados, como consecuencia del gobierno del chavismo)–, a través de sus representantes políticos, si nos atenemos a la representación real en las Cortes Generales de los dos principales partidos de la oposición, el PP y Vox (el primero y el tercero, respectivamente, en número de votos y escaños en el Congreso de los Diputados). Y hay que celebrar que estén de acuerdo en esto que es tan relevante. Además, por su parte, Feijóo –al igual que Macron, en Francia- ha querido rechazar públicamente que la transitoria gestión americana del país venezolano pase necesariamente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, esa que no podía entrar en Europa, pero trajo a Madrid –al aeropuerto de Barajas– un montón de maletas que supuestamente podrían contener lingotes de oro… o a saber qué. Y la misma que ahora, al parecer, dice que «exige» la liberación de Maduro…
Es un bien, en sí mismo, que se detenga y se juzgue a un dictador directamente implicado en el cartel de los Soles, organización internacional de tráfico de drogas, que provoca destrucción humana, muerte y desolación en los países a los que llegan esas drogas y, en particular, en USA. Tiene todo el sentido, por eso, que la operación en cuestión se haya planteado como una actuación del departamento americano de justicia, con el auxilio del departamento de defensa. Porque la devastación de la droga comporta delitos de lesa humanidad, como también la tortura sistemática por razones de disidencia política en el Helicoide de Caracas, de donde ha trascendido la muerte, incluso, de distintos disidentes… El Estado federal americano tiene derecho a defender a su propia sociedad americana de la lacra de la droga y, además, el Derecho internacional no es ajeno a la legítima defensa y se basa, principalmente, en «la salvaguarda de los derechos humanos y civiles de cada persona y de todas» y en los muy relevantes principios generales del Derecho, como el de la buena fe en las relaciones entre estados soberanos, o el principio de alterum non laedere (no herir a otro).
Por otra parte, es revelador comprobar qué países están claramente en contra de esa «extracción», magistralmente exitosa: China, Rusia, Corea del Norte y Serbia. En cuanto a los países de la región americana, también Brasil, Méjico, Colombia, Uruguay y Chile (este sólo en funciones), que asimismo se han manifestado en contra. Con todos ellos se ha posicionado el presidente del Gobierno de España, pero frente a los países de la propia Unión Europea, en particular, el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania que, sin embargo, han celebrado que haya caído un narco-dictador y torturador, que ha empobrecido a una nación.
La cuestión es que la Administración Trump tampoco debe confundir el bien con los bienes. Porque el dinero del petróleo está muy bien, pero sólo si se destina al pueblo venezolano, sin perjuicio del resarcimiento que corresponda, en su caso, siempre que no sea algo confiscatorio. Y al mismo tiempo, los americanos harían muy bien en demostrar su compromiso con el bien y la verdad, empezando por desmantelar el Helicoide de Caracas, liberando a los presos y torturados del chavismo. La foto de Maduro detenido no es suficiente y a quien esta le parezca ya mucho e, incluso, mal, debería hacérselo mirar. Porque, dentro de un orden, hay veces que conviene subrayar la derrota del mal, para general conocimiento. Finalmente, tendrían que integrar en esa transición a la plataforma unitaria democrática, que obtuvo el 70 % de los votos en la persona de Edmundo González, en las últimas elecciones que robó el sucesor del gorila rojo. Porque, al menos, a los efectos del control de las cuentas públicas de la propuesta explotación del crudo, no se les puede ignorar ni a corto, ni a largo plazo. Y sería de justicia que María Corina Machado fuese después la presidenta de la nueva Venezuela.
- Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA