El defensor del Gobierno que olvidó al pueblo

Ángel Gabilondo fue ministro de Educación en un gobierno socialista, candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz socialista en la Asamblea madrileña. En noviembre de 2021, pocos meses después de encabezar aquella candidatura, fue elegido Defensor del Pueblo mediante un acuerdo entre PSOE y PP. Su nombramiento fue legal, pero éticamente reprobable.

La Ley Orgánica 3/1981 no impedía su elección. Sin embargo, la independencia de una institución de garantía no consiste únicamente en no recibir órdenes: exige ofrecer una apariencia indiscutible de neutralidad. Quien acaba de representar a un partido difícilmente transmite la distancia necesaria para fiscalizar a un gobierno dirigido por ese mismo partido. El PSOE lo propuso y el PP aportó sus votos. Ambos son responsables de convertir una magistratura constitucional de máximo prestigio y credibilidad en otro destino del reparto partidista.

El artículo 54 de la Constitución atribuye al defensor la protección de los derechos del Título I y la supervisión de la Administración. Puede investigar de oficio, exigir expedientes e informes, realizar inspecciones, formular recomendaciones, denunciar la falta de colaboración, presentar informes extraordinarios ante las Cortes e interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. No gobierna ni dicta sentencias, pero posee instrumentos suficientes para investigar, documentar y elevar el coste político de la arbitrariedad.

En 2025 tramitó 38.762 expedientes y formuló 2.059 resoluciones. Puede gestionarse mucho y controlarse poco. El valor del defensor no se mide por el papel producido, sino por los poderes a los que se atreve a fiscalizar.

La llamada Ley de Nietos ofrece un ejemplo revelador. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, abrió una vía extraordinaria de acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles. La memoria democrática es, en realidad, una construcción ideológica del poder que pretende imponer una interpretación oficial y sesgada del pasado. Y la nacionalidad no es un certificado sentimental que pueda regalarse: crea un vínculo jurídico-político pleno e incorpora, cuando concurren los requisitos, nuevos miembros al cuerpo electoral del que emana la soberanía nacional.

El defensor ha intervenido para facilitar citas y resolver incidencias consulares. Pero ¿dónde está la investigación integral sobre solicitudes y concesiones por países, controles documentales, fraude, diferencias entre consulados, alcance de las instrucciones administrativas y efectos sobre el censo? Facilitar expedientes sin fiscalizar el conjunto no es control constitucional: es acompañamiento administrativo.

También guarda silencio sobre la Prioridad Nacional. Defenderla no significa negar la dignidad humana de nadie. Significa reconocer que el Estado mantiene un deber reforzado hacia sus ciudadanos, quienes sostienen con sus impuestos los servicios públicos. Cuando escasean la vivienda, las prestaciones o la atención sanitaria, resulta legítimo aplicar criterios objetivos de ciudadanía, residencia legal, cotización, arraigo y reciprocidad. Igualdad no significa tratar como idénticas situaciones jurídicas diferentes ni relegar a los españoles en su propio país.

Ceuta demuestra con mayor crudeza esta desviación institucional. Tras la entrada irregular de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio de 2026, el defensor actuó para conocer la situación humanitaria de los migrantes, especialmente de los menores. Era necesario. Los menores deben ser identificados y protegidos, pero su interés superior exige estudiar individualmente la reunificación con sus familias y el retorno asistido a su país. Protegerlos no significa convertir una tutela provisional en permanencia automática, sobre todo cuando su país los reclama.

Pero, lo inadmisible es que no mostrase igual energía para defender a los ceutíes, a los españoles.

Los habitantes de Ceuta también tienen derecho a la seguridad, la libre circulación, el descanso y la continuidad de la sanidad, la educación y el comercio. ¿Qué falló en la frontera? ¿Qué responsabilidad corresponde al Gobierno? ¿Qué impacto soportaron los servicios públicos? ¿Por qué no se presentó un informe extraordinario a las Cortes? Una crisis de soberanía y seguridad no puede reducirse a un problema de acogida.

El Defensor del Pueblo no fue creado para proteger al gobierno de las críticas. España no necesita un cargo de retiro, sumiso políticamente. Necesita un contrapoder independiente, incómodo para cualquier Ejecutivo y dispuesto a defender, sin complejos, los derechos y los intereses legítimos del pueblo español.