José Gabriel Vera

Al hilo de las inmatriculaciones: Regularizar vs devolver

La conclusión de ese estudio, que está disponible en la web de la Conferencia Episcopal, es que, efectivamente, la mayor parte del listado está bien realizado y recoge los bienes inmatriculados por la Iglesia según lo solicitado por el Congreso

Hace una semana tuvo lugar un encuentro sin precedentes. Un presidente de Gobierno de España visitaba la Conferencia Episcopal Española por primera vez en la historia. Le acompañaba el ministro de la Presidencia. En la sede de Añastro lo recibía el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona, el secretario general y los dos vicesecretarios. El encuentro tenía lugar como final de los trabajos sobre las inmatriculaciones de la Iglesia que había realizado la Comisión mixta entre la Iglesia y el Gobierno.

Los antecedentes de estos trabajos datan de febrero de 2021, cuando la entonces vicepresidenta Carmen Calvo entregaba en el Congreso el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia, entre 1998 y 2015 por certificación. En aquel acto, la vicepresidenta del Gobierno señaló dos cosas importantes: en primer lugar, que todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia eran ajustadas a derecho y conforme a la legislación vigente. En segundo lugar, invitaba a todas las instituciones a revisar el listado de las inmatriculaciones por si encontraban errores que afectaran a la titularidad señalada en el listado. La Iglesia acogió la invitación de la ministra Calvo y durante meses ha mirado los casi 35.000 registros del listado para comprobar si había errores.

A la vuelta de estos trabajos de comprobación, la Conferencia Episcopal llevó a la comisión mixta el estudio y sus conclusiones. Una vez comprobados los registros, se aceptaron y se elaboró la nota conjunta explicando lo que se había hecho. La entrega de los resultados al presidente Pedro Sánchez fue una parte significativa de este encuentro. En todo este proceso el Gobierno no señaló ningún caso concreto de reclamación por parte del Estado sobre el listado hecho público.

Algunos medios, posiblemente con una cifra filtrada, hablan de 965. Ellos tendrán que explicar de dónde les sale la cifra (del informe de la Conferencia, no)

La conclusión de ese estudio, que está disponible en la web de la Conferencia Episcopal, es que, efectivamente, la mayor parte del listado está bien realizado y recoge los bienes inmatriculados por la Iglesia según lo solicitado por el Congreso. Así ocurre en 32.401 de los 34.976 bienes que incluye el listado. El listado tiene por tanto 2.575 incidencias. De ellas, más de 1.500 tienen que ver con cuestiones formales y no se refieren a la titularidad: algunos bienes, más de setecientos, no fueron inmatriculados en el período al que se refiere el listado (1998-2015); otros, prácticamente otros setecientos, fueron inmatriculados por la Iglesia pero no por certificación, que es la cuestión sometida a debate (y a listado); por último, hay 111 bienes que están duplicados en el listado. Son errores formales que no afectan a la titularidad, pero que no tendrían que estar en el listado,según la intención del Gobierno.

Otros errores sí se refieren a la titularidad. Y es en torno a estos bienes donde se ha generado alguna polémica, seguramente no intencionada. Algunos medios, posiblemente con una cifra filtrada, hablan de 965. Ellos tendrán que explicar de dónde les sale la cifra (del informe de la Conferencia, no). Estas incidencias relativas a la titularidad tienen diversas causas. En un bloque significativo, algo más de 600, la descripción del listado no permite identificarlos con seguridad, por lo que la Iglesia no ha podido señalar si estaban bien registrados o no, ni si son suyos o no: necesitan una mayor aclaración por parte del registro.

Otro grupo importante, de más de 270 bienes, ya no pertenecen a la Iglesia, pues han sido donados, expropiados o vendidos para que la Iglesia continúe su misión. Un par de ejemplos pueden servir para entenderlo. En 1635, Graziana de Arsalas y Azpilicueta, natural de Erratzu, en Navarra, testaba a favor de la parroquia del lugar 29 fincas en la localidad de Eslava. En 2004, la Iglesia inmatriculó esas fincas por certificado, aportando también el testamento de la señora. En 2007 la parroquia de Erratzu afrontaba obras en la casa parroquial y para hacer frente al pago, vendió esas fincas por 24.000 euros. La Iglesia vendió esos bienes por necesidad de la parroquia. Otro ejemplo: aparecen en el listado cinco bienes de la parroquia de Argusino (iglesia, cementerio, huerto, casa parroquial y finca). Pero no consta que esos bienes fueron expropiados al construirse el pantano de Almendra, en 1967, y están inundados, como toda la localidad. Son bienes que ya no le pertenecen a la Iglesia, que algunos insisten en que habrá que devolver, pero será imposible… a no ser que vacíen el pantano.

En realidad, la nota publicada por la comisión mixta, que realmente conoce los trabajos, dejaba las cosas bastante claras. Esa nota no habla de «devolución de los bienes», sino de «regularización» de las incidencias detectadas por la Iglesia en el listado facilitado por el Gobierno o en los registros de la propiedad. Ese trabajo será realizado por las diócesis con los ayuntamientos y con los registros de la propiedad.