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06 de mayo de 2024

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García MagánEuropa Press

La Iglesia aprueba una comisión de arbitraje para estudiar casos de abusos que hayan prescrito

El portavoz de la Conferencia Episcopal ha desvelado este jueves que la auditoría de Cremades y Calvo Sotelo ha tenido un coste de 1.225.000 euros

Tras dos días de reuniones, los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal han aprobado la creación de una comisión de arbitraje que estudiará los casos de abusos que no puedan tener via judicial, sea porque el victimario haya fallecido o porque el caso haya prescrito. Esta forma parte del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.
Según ha indicado el portavoz de los obispos, César García Magán, el objetivo de la iniciativa es «evitar que más casos vuelvan a repetirse y ofrecer a las víctimas una reparación integral». Se ha actualizado el plan, que ya fue aprobado en la pasada asamblea permanente del mes de noviembre de 2023, con las recomendaciones tanto del informe del Defensor del Pueblo y de la auditoría elaborada por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo -según han desvelado hoy, este último ha tenido un coste de 1.225.000 euros-.
En la rueda de prensa en la que han presentado los resultados de la Comisión Permanente, el portavoz de la CEE también ha leído en alto una nota que han aprobado por unanimidad en la que los obispos expresan su completa adhesión al Papa Francisco y su comunión con el Santo Padre. La misiva cita el Concilio Vaticano II y se refieren con ella a la polémica suscitada por la declaración Fiducia Supplicans, con la que el Vaticano ha aprobado las bendiciones a parejas en situación irregular, aunque no mencionan el documento directamente.
Los obispos han recordado este jueves que el próximo mes de marzo todos los cargos de la Conferencia Episcopal serán renovados, entre ellos la presidencia y la vicepresidencia. El único que se mantendrá será el secretario general, César García Magán, cuyo mandato es de cinco años. Otro de los temas del orden del día de la Permanente ha sido el estado de los seminarios tras la reunión de los obispos con el Papa Francisco en Roma. En este sentido, han aprobado un trabajo para actualizar la formación de los sacerdotes y la creación de una comisión formada por ocho rectores de seminarios españoles para trabajar sobre este tema.
En su primera reunión del año, los obispos han expuesto también sus trabajos sobre migraciones y el sínodo de los obispos. Han conocido el estado actual de las cuentas de Ábside Media (Trece y Cope) y han ratificado tres nombramientos. Así, el sacerdote Carlos Antonio Cerezuela ha sido elegido Juez Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y José María Calderón, director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España para un segundo quinquenio. Por último, la Permanente ha autorizado el nombramiento del sacerdote Francisco Varo como asesor de la subcomisión para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso.
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